La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aprobó el martes pasado una resolución que llama a los estados de Latinoamérica a revisar las políticas penitenciarias para garantizar los derechos de los familiares de las personas privadas de libertad. Cualquiera que haya tenido que ir a visitar a una persona que cumple pena en el sistema carcelario uruguayo sabe que los familiares deben pasar tiempos de espera excesivos, muchas veces a la intemperie, y sufrir malos tratos en las revisaciones. Todo eso, además de tener que encargarse de proveer a la persona privada de libertad de todo aquello que el Estado no suministra. Estamos hablando de cosas muy básicas como el papel higiénico o productos de limpieza para higienizar las celdas.
Pero el informe de la CIDH también menciona consecuencias en los familiares que tienen que ver con la “ruptura de lazos de protección”, que llevan a que “las personas bajo el cuidado de aquellas detenidas queden expuestas a situaciones de pobreza, marginalidad y abandono”. Se señala que una privación de libertad afecta a cinco personas del entorno del detenido, que en su mayoría son niñas, niños, adolescentes y mujeres. En diálogo con la diaria, el comisionado y relator para Personas Privadas de Libertad de la CIDH, Stuardo Ralón, ahonda en el tema y explica los detalles de la resolución dirigida a los estados.
En otro orden, preocupa particularmente a la oposición que representantes de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos (Senaclaft), en su comparecencia ante la Comisión de Lavado de Activos de Diputados, hayan informado que pedirán créditos presupuestales “muy moderados”, en el marco del Presupuesto Quinquenal, cuando hay cierto consenso en que es un organismo que hay que fortalecer para enfrentar las nuevas modalidades delictivas.
Y hablando de modalidades delictivas, ayer fue detenido el exalcalde de Noblía, Favio Freire, quien hasta el martes se desempeñó como director de la Policía Municipal de la Intendencia de Cerro Largo, y fue imputada Elvira del Río, exdirectora de Turismo de la intendencia y empresaria de una academia de choferes. Ambos están vinculados al otorgamiento irregular de licencias de conducir. En la localidad, que tiene 2.300 habitantes, se otorgaron 5.000 libretas en los últimos tres años.
Como es habitual, publicamos una nueva encuesta de la Usina, esta vez sobre la propuesta del PIT-CNT de gravar al 1% más rico para combatir la pobreza infantil y el intercambio que ha generado. El 74% de los encuestados dijo estar de acuerdo con la postura del presidente Yamandú Orsi de no innovar en materia impositiva, pero sobre el impuesto propuesto por la central sindical, 51% de los encuestados estuvo de acuerdo y 39% dijo estar en desacuerdo. “Entre quienes votaron a la coalición republicana en noviembre, 20% se mostró a favor, 71% en contra y 9% no sabe o prefirió no contestar. Por su parte, 77% de las personas que votaron al Frente Amplio indicaron estar de acuerdo, 13% no lo está y 10% no sabe o prefirió no contestar”.
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Hasta el lunes.