Salieron a las calles para protestar por el alza del pasaje del tren subterráneo, que afectaba el bolsillo de sus madres, padres y abuelos. Saltando torniquetes y tirando abajo rejas fueron los primeros en decir “basta” ante los abusos de los últimos 30 años de democracia. El gobierno de Sebastián Piñera respondió con una brutal represión policial, y millones de familias salieron a las calles para protestar en contra de la violencia ejercida contra niños, niñas y adolescentes, dando origen a una histórica ola de protestas en Chile. La periodista chilena Macarena Segovia cuenta el papel de los y las estudiantes en las movilizaciones a través de la voz de quienes fueron protagonistas, y profundiza en la visión adultocéntrica que caracteriza a la sociedad chilena.
La consigna “Evadir, no pagar, otra forma de luchar” retumbaba en las principales estaciones del tren subterráneo de Santiago de Chile. Cientos de jóvenes se agolpaban en decenas de estaciones al unísono. La presión de una ola humana de uniformes y mochilas plagada de rebeldía hacía fuerza para tirar abajo las rejas que impedían el paso al tren subterráneo.
El 6 de octubre de 2019 se aplicó el alza del pasaje del tren subterráneo a 830 pesos chilenos, más de un dólar por viaje en horario pico. Ante las críticas, el entonces ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, recomendó a los trabajadores “madrugar” para evitar ocupar el transporte en el horario más costoso, lo que generó indignación en la población, ya que en Santiago de Chile los trabajadores ocupan hasta cuatro horas al día en el traslado hacia su trabajo.
A pesar de que el incremento en el pasaje no afectaba la tarifa de los estudiantes, los jóvenes salieron a protestar por sus familias, que gastan cerca de 15% de sus ingresos en el transporte urbano. Las manifestaciones duraron una semana. A media tarde y en la noche, cientos de estudiantes se reunían a evadir el pago del pasaje. “Cabros, esto no prendió”, les advirtió el ex director de Metro Clemente Pérez en una entrevista en la televisión chilena. Lo que no sabía el ejecutivo es que esas protestas serían la mecha que encendería la revuelta de octubre.
“Ver a nuestros papás, mamás, abuelos y abuelas afectados por el alza de los pasajes, los más altos de Sudamérica, con un salario indigno, fue la gota que rebalsó el vaso en Chile, ‘el oasis en Latinoamérica’, como decía el presidente Piñera. Fue la rabia en contra del sistema y la injusticia que afectan a nuestros padres, madres y abuelos lo que nos movilizó”, recuerda Marcos Fauré, vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios de Chile (ACES).
El viernes 18 de octubre, las estaciones de metro amanecieron custodiadas por las Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile (FFEE), el ala militarizada de la policía chilena. Armados con lumas y escudos, carros lanzaaguas y bombas lacrimógenas, las FFEE se enfrentaron a los jóvenes evasores. En horas de la tarde, la mayoría de las estaciones del centro de Santiago fueron cerradas, la protesta se radicalizó, con barricadas y enfrentamientos con la policía, y comenzaron a circular imágenes de jóvenes heridos por los perdigones disparados por Carabineros.
A las 19.00 el –entonces– ministro del Interior, Andrés Chadwick, primo del presidente Sebastián Piñera, invocó la Ley de Seguridad del Estado contra los manifestantes responsables de daños al mobiliario, cerraron toda la red de Metro, la gente quedó varada en las calles. Debieron caminar horas para llegar a sus casas y varios se sumaron a las protestas mientras seguían los ataques de Carabineros. Horas más tarde, Piñera declaró estado de excepción y sacó al Ejército a la calle, como respuesta a las movilizaciones que se habían extendido a lo largo de todo el país, un hecho inédito tras el retorno a la democracia. Así se inició la movilización más grande en Chile, bajo el lema “no son 30 pesos, son 30 años”.
La doctrina del shock
El movimiento secundario chileno ha sido históricamente reconocido como una punta de lanza para la protesta social. “Como dice la Violeta Parra, son la levadura, quienes quiebran el orden y llaman a que los movimientos sean masivos”, destaca Marta Matamala, ex vocera de la Confederación de Estudiantes de Chile.
El movimiento secundario chileno ha sido históricamente reconocido como una punta de lanza para la protesta social. “Como dice la Violeta Parra, son la levadura, quienes quiebran el orden y llaman a que los movimientos sean masivos”, destaca Marta Matamala, exvocera de la Confederación de Estudiantes de Chile.
En octubre, ese fue el rol que cumplieron también. “Se sintieron representantes de las familias que no pueden llegar a fin de mes, que no les alcanza la plata para vivir. Con las protestas en el Metro hicieron un llamado a toda la familia a hacerse parte de la movilización, cuando se saltaban los torniquetes les decían a las personas que pasaran, que lo hacían por ellos. Ese fue un llamado a las masas a reaccionar, y te preguntas: ‘Si alguien se pasó el torniquete, ¿por qué yo no?’. El statu quo ya estaba roto, y eso lo hicieron los secundarios”, resalta la ex dirigente estudiantil.
Dentro del mundo político hay conciencia de esto. Es más, varios congresistas fueron miembros del movimiento estudiantil de 2011 que puso en problemas a Piñera en su primer mandato. Con este conocimiento a cuestas, en su segundo gobierno el presidente optó por afrontar a los estudiantes con políticas que han sido calificadas de restrictivas y represivas. Se instaló un discurso de criminalización de la protesta y el propio presidente trató a los alumnos movilizados de “delincuentes disfrazados de estudiantes”.
El Ministerio del Interior, que era dirigido por Andrés Chadwick, implementó el Control Preventivo de Identidad para menores de edad y la ex ministra de Educación Marcela Cubillos creó la Ley Aula Segura, que tenía como objetivo expulsar a los estudiantes que protagonizaran actos violentos en las escuelas. La medida era respaldada por el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, miembro de la coalición de gobierno. Tanto Cubillos como Alessandri también tildaron en diversas ocasiones a los estudiantes de delincuentes.
En respuesta a esta política, durante los primeros dos años del segundo gobierno de Piñera hubo una radicalización del movimiento secundario, surgieron grupos de ofensiva, llamados “overoles blancos”, que se enfrentaron con Carabineros en las afueras de los escuelas, utilizando hasta elementos inflamables. Por otra parte, la respuesta de las autoridades de gobierno fue incrementar la presencia de la fuerza policial militarizada, que en los días previos a los llamados a la evasión tenía sitiadas las principales escuelas de Santiago.
En el Instituto Nacional, uno de los principales liceos del país, los carabineros de FFEE revisaban mochilas y cédulas de identidad de los estudiantes antes de que ingresaran a clases. El informe anual de la Defensoría de la Niñez contabilizó que la policía ingresó en 29 ocasiones, entre marzo y octubre de 2019, a la escuela, muchas veces lanzando gases lacrimógenos dentro del establecimiento, mientras los estudiantes estaban en clases, con el fin de detener a los denominados overoles blancos, que se replegaban en el instituto. A los estudiantes detenidos, principalmente dirigentes estudiantiles, se les aplicaba la ley de Aula Segura.
Javier Pineda, abogado de la Corporación 4 de Agosto, ha representado a varios estudiantes en estos casos. Asevera que “la ley de Aula Segura le permitió al gobierno de Sebastián Piñera legalizar su discurso criminalizador de los estudiantes secundarios. Lo aberrante de esta ley es que, sin debido proceso, expulsan a estudiantes acusándolos de la comisión de delitos que ni siquiera han sido investigados por el Ministerio Público (Fiscalía) y los Tribunales de Justicia. El gobierno les niega la presunción de inocencia a niños, lo cual constituye una flagrante violación a los derechos humanos”. En varios de estos casos los tribunales han revocado las expulsiones.
La defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, relató ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la realidad de los estudiantes durante el último gobierno de Piñera. “En Chile hay grupos de niños, niñas y adolescentes que llevan sufriendo la represión policial y lógica estatal desde hace bastante tiempo. Los niños, niñas y adolescentes mapuche, en situación de calle y los estudiantes secundarios que han sido víctimas permanentes de iniciativas legislativas como expulsarlos del colegio en circunstancias que carecen de un debido proceso, como un proyecto de control preventivo de identidad desde los 16 años, sin ningún mérito investigativo. El uso desproporcionado de la fuerza policial y violencia policial grave ha vulnerado grave, generalizada y sistemáticamente el derecho a la vida, infringiendo principios rectores sobre los derechos humanos del niño”.
Los niños, niñas y adolescentes mapuche, en situación de calle y los estudiantes secundarios que han sido víctimas permanentes de iniciativas legislativas como expulsarlos del colegio en circunstancias que carecen de un debido proceso, como un proyecto de control preventivo de identidad desde los 16 años, sin ningún mérito investigativo.
Presos por protestar
La respuesta por parte del gobierno fue aún más dura en medio de la revuelta social. Durante el primer mes de protestas la Defensoría de la Niñez constató 327 casos relacionados a vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes durante la crisis social; 77% de ellos eran agresiones o abusos perpetrados por Carabineros. El 43% de los niños y niñas vulnerados estaban bajo la tutela del Estado, ya que dependían del Servicio Nacional de Menores.
Durante el estallido social, niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de detenciones ilegales, lesiones, desnudamiento e impacto de balas y perdigones. Una niña de nueve años recibió un disparo de bala de la policía, el cual también perforó el pulmón de su primo; ambos iban dentro de un auto camino a su casa y se toparon con una movilización, FFEE de Carabineros los siguió y disparó. Los bajaron a golpes del auto, junto a sus padres, quienes fueron agredidos con bastones, y sólo al percatarse del sangrado de los menores los trasladaron a un centro de salud.
Mijaíl Bonito, representante de Chile en la sesión de noviembre ante la CIDH, señaló que “hay protocolos muy estrictos con respecto al tratamiento que se da a los menores que son detenidos en cualquier circunstancia”. Recalcó que hasta mediados de noviembre de 2019 se registraban 1.627 niños detenidos, 87,8% por desórdenes. “Hemos tomado todas las medidas a disposición, no hay políticas públicas que afecten los derechos fundamentales de forma general”. Un informe del Instituto de Derechos Humanos de Chile reveló que hasta enero de 2020, que de las 3.476 personas heridas en el contexto de la revuelta social, 282 eran niños, niñas o adolescentes, además se presentaron 253 acciones judiciales en defensa de los menores.
Isidora Godoy, vocera de la ACES, asegura que el gobierno de Sebastián Piñera tuvo una respuesta represiva con los estudiantes de secundaria, “hubo más de 2.500 presos y presas políticas, decenas de niños y niñas que se movilizaron hoy están en el Sename [Servicio Nacional de Menores], por detenciones que muchas veces han sido arbitrarias e ilegales; esa es la respuesta del gobierno”.
Los índices de internación provisoria o detención preventiva en el Sename de niños, niñas y adolescentes en el contexto de la protesta llamó profundamente la atención de observadores de derechos humanos. En marzo de este año, la Defensoría Penal Pública de Chile informó que desde el 18 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2019 se contabilizaron 4.080 causas contra menores, por distintos delitos. En 186 de esos casos el tribunal determinó como medida precautoria la internación provisoria o “prisión preventiva” en un centro del Sename; 55 de esos casos eran atribuidos a delitos cometidos en contexto de protestas, detalló el jefe de la Unidad de Defensa Especializada, Pablo Aranda, al medio electrónico El Mostrador.
El 4 de noviembre de 2019, dos jóvenes líderes estudiantiles de la comuna de Buin fueron detenidos por Carabineros, acusados del delito de incendio a una puerta del edificio municipal, que resultó sin daños mayores. Pasaron 80 días en prisión preventiva en centros del Sename, hasta que retornaron a sus casas para esperar el resultado del juicio en su contra. “Fue un acto de seguridad de ellos mismos, sabían que teniendo a personas que tenían la capacidad de mover masa afuera corrían riesgo para ellos, teniéndolos presos se sentían más seguros. Me declaré inocente, porque el Estado no me está culpando por un incendio, me está culpando por pensar distinto”, señaló al medio Interferencia uno de los jóvenes.
Los ignorados
A pesar de que los y las secundarias fueron los primeros en protestar saltando torniquetes por un alza de pasajes que no les afectaba directamente, el mundo político los dejó fuera del proceso constituyente, el principal hito democrático en los últimos 30 años en Chile. A pesar de que se propuso que los jóvenes pudieran votar en el plebiscito sobre la nueva Constitución, desde los 14 años, edad en la que tienen responsabilidad penal, la iniciativa fue rechazada en el Congreso y no contó con el respaldo del gobierno de Piñera.
Para Marcos Fauré, vocero de la ACES, las autoridades sólo han tenido una “respuesta súper adultocéntrica y patriarcal, en el sentido de que se nos minimiza por ser menores de edad, como si no fuéramos capaces de tener opinión, organizarnos y hablar de política. Nosotros vivimos en carne propia las deficiencias del sistema, la pobreza que existe en el país”.
Paula Luengo, doctora en psicología e investigadora asociada al Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, resalta que en Chile hay una mirada adultocéntrica de los conflictos que es “transversal en la sociedad, estereotipada, y subestima a la adolescencia. Mi gran preocupación es que hay una agudización de la criminalización de la población estudiantil y va a tener consecuencias importantes. Cuando la única política es la criminalización y la represión de la violencia, y no se va al origen de la rabia, es nefasto, es lo que va a seguir reproduciendo el ciclo. Esto va a ser un modelo que va a permitir que algunos dolientes sigan expresando su descontento, creo que va a haber un recrudecimiento”.
En enero de 2020 las movilizaciones de estudiantes volvieron a las calles, por medio del boicot a la Prueba de Selección Universitaria, uno de los instrumentos más segregadores del sistema educativo chileno; su eliminación y sustitución por otro sistema de acceso a la educación superior estuvo diez años en los petitorios del movimiento estudiantil. Varias escuelas que funcionan como locales de rendición de la prueba aparecieron tomadas, grupos de estudiantes se manifestaron en las afueras de las escuelas. Carabineros dispuso de 4.000 efectivos para abordar las protestas, y varios estudiantes resultaron detenidos. La prueba de Historia y Geografía finalmente no se pudo tomar.
En marzo, antes de que la pandemia del coronavirus llegara a Chile, ya se habían empezado a registrar algunas protestas estudiantiles, pero a partir del 15 de marzo se suspendieron las clases presenciales. La pandemia y la teleeducación dejaron al descubierto la gran desigualdad que hay entre los estudiantes chilenos; por ejemplo, 40% de los estudiantes de escuelas públicas no tiene acceso a internet. Durante estos meses el movimiento secundario se ha volcado al trabajo en conjunto con otras organizaciones sociales para levantar ollas comunes y repartición de alimentos, en medio del desempleo y el hambre que ha traído consigo la pandemia del coronavirus a Chile.
Macarena Segovia es periodista de la Pontificia Universidad Católica de Chile, especializada en periodismo de investigación en la Universidad de Chile. Reportera del Área de Reportajes del diario electrónico El Mostrador. Especialista en periodismo político, educación y cobertura de movimientos sociales chilenos como el estudiantil y el feminista; corresponsal en el Congreso de Chile. Panelista en Radio La Clave y conductora del podcast La cuarta ola, del diario electrónico El Mostrador.