Con el telón de fondo del debate, en el Congreso chileno, de un proyecto que limita el ingreso de población migrante a Chile y aumenta los requisitos de acceso, Fernando Campos, profesor de Sociología Territorial del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile e integrante de la Cátedra de Racismo y Migraciones Contemporáneas, junto con Iván Ojeda, coordinador del Laboratorio de Sociología Territorial, plantea la existencia de un “sistema habitacional racista” en Chile. Los autores describen el funcionamiento del sistema habitacional chileno y su capacidad para recibir y alojar a la población migrante, y constatan las grandes desigualdades que separan a esta población del resto de los chilenos.


Durante las últimas semanas se ha estado discutiendo en Chile la nueva Ley de Migraciones y Extranjería. A pesar de que el debate legislativo, en términos procedimentales, ocurre en el Congreso Nacional, en el espacio público diversas organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y el mundo académico han expuesto argumentos que difieren bastante de la posición del gobierno.

El gobierno chileno y los parlamentarios oficialistas han apostado por un proyecto que “ordene” la migración ilegal y limite el ingreso de población migrante, aumentando los requerimientos de acceso y complejizando burocracias para la regularización. Bajo estos argumentos, el migrante pareciera un “otro”, que es aceptado en la sociedad chilena sólo si cumple con los requerimientos de un “buen migrante” (Sebastiani, 2018). Este buen migrante sería aquel que impulsa el crecimiento económico, se mantiene al margen de las demandas sociales y, en lo posible, colabora con la idea de blanqueamiento y europeización tan buscada por la llamada “raza chilena” (Waldman, 2004).

En oposición a aquellas argumentaciones, organizaciones migrantes han sostenido que urge avanzar en el reconocimiento del derecho humano a la migración desde un enfoque de seguridad y no de criminalización de las familias migrantes. En la misma línea, más de 100 organizaciones, con personas representantes de 14 nacionalidades extranjeras –todas ellas– firmaron una carta donde exponen su preocupación respecto del proyecto de ley, pues este avanza hacia una securitización y criminalización de la migración. Así, la mencionada ley significa un profundo retroceso que deja a Chile bajo los estándares regionales en América del Sur.

A pesar de la constante resistencia del gobierno de Chile a firmar el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, promovido por la Organización de las Naciones Unidas y suscrito por 164 países, es importante recordar que el Estado chileno ha contraído obligaciones internacionales en materia de derechos humanos (Domínguez, 2016). Algunas de estas obligaciones se encuentran contenidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (1966) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) (Rivera, 2015). En todos estos documentos se reconoce el derecho humano al libre tránsito y por tanto, si es un derecho humano el poder salir de un país, también es un derecho el poder ingresar a otro (Centro de Derechos Humanos UDP, s.f.). Si queremos avanzar en un diálogo constructivo, en el marco de la nueva ley de migraciones, no se pueden perder de vista las condiciones de vida y el reconocimiento de derechos sociales de la población migrante residente en Chile.

Migrantes haitianos, previo a ingresar al estadio Víctor Jara, en Santiago de Chile, para iniciar el trámite de regulación migratoria. (archivo, abril de 2018)

Migrantes haitianos, previo a ingresar al estadio Víctor Jara, en Santiago de Chile, para iniciar el trámite de regulación migratoria. (archivo, abril de 2018)

Foto: Martín Bernetti, AFP

En el contexto de la discusión sobre los derechos sociales, el presente texto busca describir el funcionamiento del sistema habitacional chileno y su capacidad para recibir/alojar a la población migrante. Sostenemos que las grandes desigualdades que se reflejan en materia de vivienda son evidencia suficiente para hablar de un sistema habitacional racista.

Para sostener esta perspectiva expondremos tres temas: i) las condiciones habitacionales actuales de la población migrante y su diferencia respecto de las condiciones de la población en general; ii) el nivel de acceso a la política de subsidios entregada por el Estado en materia de vivienda, y iii) la discriminación que se observa en el mercado habitacional. Con la intención de contextualizar esta reflexión, primero expondremos algunos datos que permitan comprender la magnitud actual de la migración en Chile para, posteriormente, analizar información tanto cuantitativa como cualitativa referida al sistema habitacional. Finalmente, se exponen ciertas reflexiones sobre la relevancia de considerar al sistema habitacional chileno como racista.

Comprendiendo la magnitud de la migración en Chile

El Observatorio de Políticas Migratorias (OPM) menciona que en América Latina se han intensificado tres procesos en relación con la migración. Primero, el endurecimiento de las políticas fronterizas de países receptores, como Chile, Ecuador, Brasil, Argentina y Perú, que se traduce en la imposición de requerimientos inalcanzables para el ingreso a estos países. Segundo, la profundización en las crisis políticas, económicas y sociales de los países de procedencia, como son Venezuela, Haití, Colombia, El Salvador, Nicaragua o Guatemala. Tercero, en varios países de la región, la población migrante es sometida, crecientemente, a condiciones de inseguridad (OPM, 2016). Cuando hablamos de inseguridad no nos referimos solamente a la victimización, sino a una situación de inestabilidad estructural en la cual muchas familias no logran condiciones de vida óptimas.

El gráfico 1 muestra, para el caso chileno, la cantidad de población migrante residente en el país y su evolución temporal.

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Los datos del Censo (INE, 2017) arrojaron que en 2017 residían en Chile 746.465 personas nacidas en el extranjero, lo que representa 4,35% de la población total. Ahora bien, durante el período comprendido entre 2010 y 2017 arribaron al país 471.285 personas, lo que representa 66,7% del total de las personas inmigrantes residentes en Chile a esa fecha (ver gráfico 1). En otras palabras, dos tercios del total de la población migrante que habitaba en Chile en 2017 llegó al país entre 2010 y 2017.

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Según las estimaciones para 2018 y 2019 –en tanto no existen datos censales–, las cifras propuestas sugieren que la tendencia a un aumento de la población migrante continúa. Se calculó que la población migrante alcanzaría en 2018 a 1.251.255 personas y en 2019 a 1.492.522 personas (DEM e INE, 2019; DEM e INE, 2020). Ahora bien, aun cuando esta situación evidencia un claro aumento del flujo migratorio durante los últimos años, posicionando a Chile como un país receptor a nivel regional, lo cierto es que la tasa de crecimiento ha tendido a estabilizarse.

Condiciones habitacionales de la población migrante en Chile

Una de las metodologías utilizadas para medir las condiciones habitacionales en América Latina es el cálculo del déficit habitacional (DH). Este indicador contribuye a estimar el requerimiento de unidades de vivienda adicionales que se necesitan, ya sea por reposición (viviendas irrecuperables), por situación de allegamiento, o bien por niveles altos de hacinamiento –con independencia económica– (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2007). A continuación, en la tabla 1 se exponen los cálculos de DH cuantitativo a nivel nacional para la población migrante.

En Chile, al año 2017, la población migrante representaba sólo 4,35% de la población total (INE, 2018); sin embargo, el 12,83% del DH cuantitativo nacional refiere a hogares con jefatura de hogar migrante. Junto con esto, llama la atención que más de 50% del DH cuantitativo de las familias migrantes es por allegamiento externo. Esto significa que una porción importante de las familias migrantes comparte vivienda con otras familias, sin tener un espacio propio donde habitar. Otros estudios muestran que cerca de 30% de las familias que habitan en viviendas irrecuperables, con condición de allegamiento y, además, con niveles importantes de hacinamiento, son familias migrantes (Cátedra de Racismo y Migraciones Contemporáneas Universidad de Chile, 2019). En resumen, ser una familia migrante determina una probabilidad casi cuatro veces mayor de vivir en condiciones habitacionales deficientes, y casi diez veces mayor de vivir en condiciones precarias, si se lo compara con el resto de la población.

En esta línea, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu, 2019) realizó un catastro nacional de campamentos (asentamientos) en 2019,1 que arrojó que tres de cada diez familias que viven en campamentos poseen un jefe de hogar migrante. Por otro lado, en términos de calidad de las viviendas, señaló que 71,6% de los hogares migrantes viviendo en campamentos no poseen servicios básicos. Recientemente, el Servicio Jesuita Migrante (SJM et al., 2020) añade que en la región de Arica y Parinacota 37% de la gente viviendo en campamentos son extranjeros; en la región de Tarapacá, 55%; en la región de Atacama, 38,7%; en Magallanes, 35,1%; y finalmente, en la región metropolitana, 18,8%.

Toda esta información da cuenta de las precarias condiciones habitacionales de la población migrante en Chile. Afirmamos esto en tanto la población migrante se encuentra sobrerrepresentada en cada uno de los indicadores que describen condiciones habitacionales deficientes. Ante esta situación, es pertinente abrir la discusión sobre las alternativas para acceder a mejores condiciones habitacionales, las que tradicionalmente se relacionan con la capacidad de acceso a la vivienda, la posibilidad de postulación y obtención de subsidios y el aseguramiento de condiciones justas en el mercado.

Acceso a subsidios estatales

Respecto del rol del Estado en esta problemática, es importante señalar que, actualmente, no existen planes o programas de apoyo nuevos a las familias migrantes y, por lo tanto, ellas se deben integrar a la “política habitacional nacional” (Razmilic, 2019). En este sentido, la única adecuación reglamentaria es de 2015, donde se eliminó la obligatoriedad de residir cinco años para poder postular a los subsidios habitacionales.

En Chile existen dos modalidades de subsidio, un subsidio para la compra de vivienda definitiva –que es el de más larga data y el más importante– y un subsidio habitacional de arriendo –relativamente nuevo–. A continuación, se exponen tablas informativas de las cantidades de adjudicación de aquellos subsidios entre 2015 y 2019.

A pesar de que la población migrante constituye aproximadamente 13% del DH cuantitativo nacional, no posee la misma proporción de apoyo estatal. Del 100% de subsidios definitivos, sólo 2,2% ha sido adjudicado a familias migrantes, mientras que en los subsidios de arriendo se ha entregado 7,4% del total. Ahora bien, para comprender mejor esta situación, creemos relevante ejemplificarla con cantidades absolutas. Según la tabla 1, existen 50.174 familias con jefatura de hogar, migrante que forman parte del DH cuantitativo y la política subsidiaria ha alcanzado a menos de 5.200 familias. Entonces, cabe preguntarse: ¿qué pasa con las otras 45.000 familias?

Estudios señalan que, en la medida en que ha aumentado la población migrante en Chile, también ha existido un aumento en las postulaciones a los diferentes programas (Razmilic, 2019). Esto significa que la población migrante sí postula a apoyos estatales; sin embargo, al no existir programas sociales específicos, deben ingresar a una política de vivienda que no logra absorber el aumento de demanda. Demanda que hoy no sólo busca la llamada “solución habitacional”, sino también viviendas arquitectónicamente bien diseñadas y socialmente integradas.

Discriminación en el mercado habitacional

El tercer punto que queremos tocar es la discriminación en el mercado habitacional. En torno a esta temática no existe gran cantidad de información; sin embargo, recuperamos algunos datos recopilados por la encuesta realizada por SJM y Ekhos (2019). El estudio entrega datos interesantes respecto de la interacción entre población migrante y chilenos, desde la perspectiva de los propios migrantes. El 40,6% de los encuestados ha tenido malas experiencias con chilenos, como tensiones, peleas o conflictos. El 27,3% se ha sentido discriminado por algún motivo. Y de estas personas, 29,6% se ha sentido discriminado por ser migrante, 20,9% por su nacionalidad y 14,5% por su color de piel.

Sin embargo, esta información no entrega luces sobre procesos cotidianos de discriminación contra la población migrante. El gráfico 3 entrega información sobre la percepción de discriminación en diferentes ámbitos de la vida social.

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Sin desmerecer las otras dimensiones, sobre el final de este texto nos enfocaremos en el 46,6% de los encuestados que menciona haber percibido discriminación en el acceso a servicios. Al respecto, los propios investigadores mencionan que “la mayor percepción de discriminación se observa en el acceso a la vivienda, donde 66,8% señala que ha tenido dificultades de acceso por ser extranjero” (CENEM, 2018, p.15). Esta información es concordante con la arrojada por SJM et al. (2020), donde 24% de los migrantes señala ocupar una vivienda con modalidad de arriendo sin contrato –mercado informal– versus sólo 5% para el caso de la población no migrante.

Esta información reafirma la hipótesis extendida de que la población migrante accede a algún tipo de mercado informal para la provisión de vivienda. Es más, existen quienes plantean que incluso las viviendas autofabricadas en campamentos estarían siendo mediadas por algún tipo de pago para la entrega de pequeños terrenos. En otras palabras, un mercado irregular para organizar una situación irregular.

Seguramente, los requerimientos exigidos por arrendadores y corredores de propiedad requieren una adaptación para permitir el acceso de la población migrante y de otras poblaciones vulnerables en Chile. Actualmente, no basta con garantizar la capacidad de pago por la vivienda; como en muchos otros países, se exigen avales nacionales, historiales bancarios y otros requerimientos que son bastante difíciles de obtener para las familias migrantes. En este sentido, dinámicas de discriminación operan en los procesos de acceso a la vivienda, situación que desemboca en la consolidación de opciones informales para solucionar el problema de la vivienda.

Reflexiones finales

Cuando a la población migrante [SJM y Ekhos (2019)] se la consulta sobre qué aspectos les han aportado a “sentirse incluidos” o formar “parte del país”, 88,4% menciona “tener un lugar donde vivir”. Esto da cuenta de la doble importancia en torno a la vivienda y al sistema habitacional. Por un lado, la necesidad de mejorar las capacidades de acceso y mejorar las condiciones de vida de la población migrante; por otro, la necesidad de reforzar el sentimiento de pertenencia y vinculación social de las familias migrantes con la sociedad que vive en Chile. Pues es necesario ver cuán dramáticas pueden ser las experiencias de quienes, tras mucho buscar una vivienda, sólo acceden a un lugar precario donde, adicionalmente, se sienten abusados por sus arrendadores.

En este drama vive una gran mayoría de las familias migrantes en Chile. Algunos podrían leer esto como una “desafortunada coincidencia”. Sin embargo, cuando muchas discriminaciones “coinciden”, entonces cabe preguntarnos por su “casualidad” o bien por su “causalidad”. Cuando observamos que la población migrante es más propensa que el resto de la población a vivir en condiciones habitacionales deprimidas; que aún, a pesar de esto, reciben menos apoyo del Estado y que sus alternativas se encuentran, mayoritariamente, en el mercado informal, resulta lógico proponer una forma sistemática de exclusión. Esto es lo que queremos comprender como racismo habitacional.

El racismo habitacional ocurre cuando la evidencia de la precariedad habitacional de la población migrante deja de ser evidencia suficiente para la intervención estatal. Ahora bien, cuando la falta de intervención del Estado se produce por mecanismos que dificultan el acceso de la población migrante a los servicios sociales y por el abandono de su capacidad regulatoria a nivel del mercado, lo que tenemos es una forma de acción integrada con efectos evidentes en la exclusión de un grupo social, sea esto un resultado deseado o no. Lo mismo ocurre cuando observamos la interpretación que hace la población migrante de su propia situación. Por un lado, hay un Estado que limita el acceso a programas habitacionales aun cuando se está en una clara situación de necesidad; por el otro, existe un mercado habitacional, formal e informal, que ejerce discriminación evidente.

Creemos necesario proponer como clave interpretativa la existencia de un sistema habitacional racista en Chile, en el cual se ejercen, además, formas de clasismo y sexismo que hacen cada vez más difícil para migrantes, para pobres y para mujeres acceder a una buena vivienda en Chile. Esta interpretación del fenómeno es ventajosa pues permite un instantáneo llamado de alerta sobre lo que sucede en Chile. El racismo es deleznable en cualquier momento, pero es más preocupante cuando lo observamos asociado a todas las dificultades sociales, económicas y culturales involucradas en los procesos migratorios.

La vivienda es una fuente importante de integración social y un sinónimo de dignidad, pero la desigualdad de las condiciones de acceso a ella y sus problemas de calidad no están recibiendo la atención necesaria.

Fernando Campos Medina es profesor de Sociología Territorial del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Integra la Cátedra de Racismo y Migraciones Contemporáneas y ocupa la Vicerrectoría de Investigación y Comunicaciones de la Universidad de Chile.

Iván Ojeda Pereira es estudiante de Sociología de la Universidad de Chile. Es coordinador del Laboratorio de Sociología Territorial.

Referencias


  1. Para el Catastro Nacional de Campamentos (2019) se consideró como campamento “aquellos asentamientos precarios de ocho o más hogares que habitan en posesión irregular un terreno con carencia de al menos uno de los tres servicios básicos (electricidad, agua potable y sistema de alcantarillado) y cuyas viviendas conforman una unidad socioterritorial definida” (MINVU, 2019, p. 7).