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INIA La Estanzuela (archivo, diciembre de 2019).

Foto: Mariana Greif

La investigación agropecuaria corre riesgo de ser la próxima víctima del coronavirus

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El anuncio dado por el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos Uriarte, de que el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) aportará 40 millones de dólares al Fondo Coronavirus podría afectar al Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria de este organismo, y así comprometer gravemente la investigación sobre agro en el país.

La llegada de la pandemia de covid-19 a Uruguay ha dejado en evidencia lo necesario que es contar con científicos y científicas bien formados, con instituciones académicas dedicadas a la investigación y a la formación de investigadores, y con institutos y centros con recursos humanos y materiales capaces de contestar preguntas, proponer soluciones y dar respuesta a la sociedad. Gracias a la Universidad de la República y su Facultad de Ciencias y su Facultad de Medicina, al Institut Pasteur de Montevideo, al Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE) y al Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), el país desarrolló kits de diagnóstico de covid-19 en un tiempo breve. Pero no fueron los únicos logros. Si a estas instituciones sumamos esfuerzos de las facultades de Química, Ingeniería, Arquitectura y Psicología, podemos afirmar que el sistema científico-académico del país también ha aportado soluciones para ventiladores, tapabocas, hisopados, modelados epidemiológicos, esterilizadores de mascarillas, ensayos clínicos de vacunas, guías y apoyo para hacer frente al distanciamiento social, secuenciación genómica de las cepas circulantes en el país, desarrollo de test serológicos y otras tantas iniciativas que están en curso o por concretarse.

A los desarrollos, soluciones y aportes materiales y de conocimiento, hay que sumar las horas de trabajo aportadas por investigadores e investigadoras que se pusieron a disposición y hoy hacen testeos en distintos hospitales y laboratorios. Científicos y científicas, estudiantes y docentes, que además de su pienso aportaron y siguen aportando su experiencia y su capacidad de trabajo. Si a las 21.00 se aplaude al personal de la salud, y merecido tienen el aplauso, también habría que aplaudir a nuestros investigadores e investigadoras que, sin preguntar qué había a cambio, dieron y dan lo mejor de sí para ayudarnos a salir de la mejor manera de esta pandemia.

Hoy es más claro que nunca que la investigación científica, así como las capacidades de su aplicación tecnológica, son necesarias para responder a los problemas del país. Tal es así, que el Poder Ejecutivo nombró a un Grupo Asesor Científico Honorario, integrado por Rafael Radi, Henry Cohen y Fernando Paganini, para que aporte la mejor evidencia científica para tomar las decisiones que nos lleven hacia “la nueva normalidad”. Es que las pandemias se combaten con medidas sanitarias y con medicina, pero también con investigación, ciencia y la mejor evidencia posible. Pero aun así todo eso no alcanza: combatir una pandemia también implica movilizar recursos. Y para ello el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou, entre otras resoluciones, creó el Fondo Coronavirus.

Con recursos que siempre son limitados, con una economía afectada y una crisis global, la decisión de con qué financiar el Fondo Coronavirus no es sencilla. Sin embargo, de concretarse algunas ideas planteadas, ello podría significar, paradójicamente, un golpe casi letal a la investigación agropecuaria en un país que tiene en el agro una de sus principales actividades económicas.

El aporte del INIA al Fondo Coronavirus

El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), presente con estaciones experimentales en Canelones, Colonia, Salto Grande, Tacuarembó y Treinta y Tres, fue creado en 1989 para “generar y adaptar conocimientos y tecnologías para contribuir al desarrollo sostenible del sector agropecuario y del país, teniendo en cuenta las políticas de Estado, la inclusión social y las demandas de los mercados y de los consumidores”.

El 14 de abril, tras reunirse con el presidente Luis Lacalle, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos Uriarte, informó que el Fondo Coronavirus recibiría 40 millones de dólares del INIA y 20 millones del Instituto Nacional de Carnes. Esos 60 millones de dólares forman parte de un paquete de 100 millones que el sector agropecuario aportaría al combate de la pandemia. Más allá de la cuestión de si estos aportes son del sector agropecuario o una reasignación de dineros del Estado (ver el artículo de Fernando Esponda), aquí trataremos de dónde saldrían esos 40 millones de dólares que aportaría el INIA.

Según han indicado varias fuentes, una parte de ese dinero que aportaría el INIA no sería una transferencia real de recursos disponibles, sino una “condonación o diferimiento de la deuda que el Estado tiene con el INIA, y que suma 30 millones de dólares”. Tampoco es objeto de esta nota tratar si es acertado o no considerar tal medida un aporte a un fondo: lo que nos interesa es de dónde saldría el resto del dinero anunciado: todo apunta a que provendría del Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria (FPTA) del INIA, y que hoy tiene, libres de compromiso, unos 5,6 millones de dólares.

¿Qué es el FPTA?

Según explica el propio sitio del INIA, se trata de un fondo creado por ley para “financiar proyectos especiales de investigación tecnológica relativos al sector agropecuario del Uruguay, no previstos en los planes del Instituto”.

El FPTA se financia con el 10% de los recursos del INIA, que provienen de una alícuota del Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (Imeba) y contrapartidas del Estado, además de “aportes voluntarios que efectúen los productores u otras instituciones, y con los fondos provenientes de financiamiento externo con tal fin” El sitio del INIA también señala que el FPTA “es un instrumento para financiar la ejecución de proyectos de investigación en forma conjunta entre INIA y otras organizaciones nacionales o internacionales, y una herramienta para coordinar las políticas tecnológicas nacionales para el agro”.

Uno podría pensar que tal vez la agenda de investigación de este fondo del INIA podría estar poco conectada con las necesidades del país. Pero no es así. Los proyectos a ser financiados por el fondo pueden surgir de propuestas presentadas tanto por “los productores agropecuarios, beneficiarios finales de la investigación, o por sus instituciones”, como “por instituciones nacionales o internacionales ejecutoras de la investigación” o por “cualquier otro organismo con capacidad para ejecutar la investigación propuesta”.

Una vez que se presentan los proyectos, “la Junta Directiva del INIA decide la aplicación de recursos del FPTA para financiar proyectos, de acuerdo a su potencial contribución al desarrollo del sector agropecuario nacional y del acervo científico y tecnológico relativo a la investigación agropecuaria”. La Junta Directiva del INIA está integrada por dos representantes del Poder Ejecutivo, los cargos de presidente y vicepresidente, por dos representantes de los productores designados a propuesta de la Asociación Rural del Uruguay y la Federación Rural, y dos representantes a propuesta de las Cooperativas Agrarias Federadas, de la Comisión Nacional de Fomento Rural y de la Federación Uruguaya de Centros Regionales de Experimentación Agrícola.

El futuro de la investigación agropecuaria en juego

“En el FPTA hay fondos comprometidos que, si no los tomamos en cuenta, dejan ‘disponibles’ unos 5,6 millones de dólares” dice José Paruelo, gerente de Investigación que ocupa de forma interina la Dirección Nacional del INIA. También agrega que esos 5,6 millones tampoco están libres de compromiso: “Hay proyectos que se están elaborando pero que todavía no tienen el compromiso formal”, adelanta, y pone un ejemplo: “Hasta 30% del dinero del FPTA va a la Agencia Nacional de Investigación e Innovación [ANII] para financiar proyectos que se presentan al Fondo Sectorial Innovagro”. Si el dinero del FPTA se pasa al Fondo Coronavirus, “se incluye el dinero que va al próximo llamado Innovagro. El fondo será difícil de reponer ya que la situación financiera del INIA impide que se siga generando el fondo FPTA”, advierte con pesar Paruelo.

“Al no disponer de los fondos del FPTA hay un riesgo de generar un parate, no sólo en el INIA, sino en el resto de la investigación en ciencias agropecuarias del país”. José Paruelo, gerente de Investigación del INIA.

Y es que no se trata de afectar el funcionamiento del INIA, sino de toda un área de investigación vital para el país. “Con la plata del FPTA no es que se financian investigaciones del INIA, se financian las investigaciones de y con terceros, de la Facultad de Agronomía, de la Facultad de Veterinaria, de la Facultad de Ciencias, del IIBCE, posgrados de investigadores, fondos sectoriales de la ANII, muchas actividades de transferencia o proyectos del Instituto Plan Agropecuario que traducen y transfieren tecnología en contacto más directo con los productores”, enumera el gerente de Investigación. “Al no disponer de los fondos del FPTA hay un riesgo de generar un parate, no sólo en el INIA, sino en el resto de la investigación en ciencias agropecuarias del país”, sostiene.

El tema no pasa sólo por poner un parate a la investigación. “En el contexto de hoy, si bien no tenemos que poner en términos antagónicos la salud con la economía, ahora viene una disputa por mercados y por accesos, en el que la nueva normalidad va a implicar redefinir productos, mercados, calidades, la manera en que conservamos los productos para que lleguen en condiciones en un transporte que va a funcionar de una manera diferente”, dice Paruelo, que se pregunta de dónde va a salir eso. “Va a salir de la investigación que se haga en el INIA, en la Facultad de Agronomía, en la Facultad de Ciencias. La nueva normalidad implica enfrentar nuevos problemas. Y en estos días quedó claro que para enfrentar problemas nuevos necesitamos ciencia. Y la ciencia cuesta plata”.

“Los fondos FPTA e Innovagro son como inyectores en ese motor de la economía que es el agro”. Miguel Sierra, gerente de Innovación y Comunicación del INIA.

Investigación y ciencia para prender los motores

“Ahora que se dice que el agro puede ser uno de los motores de la salida de esta crisis provocada por la pandemia, habría que tener claro que los fondos FPTA e Innovagro son como inyectores o pistones en ese motor”, señala Miguel Sierra, gerente de Innovación y Comunicación del INIA. “Son fondos que contribuyen a que la red de ciencia y tecnología de Uruguay, en el sentido amplio, se ponga al servicio para reactivar la economía” agrega.

“La ciencia y la tecnología aportan al motor del agro, permiten aumentar rendimientos, agregar valor agregado y hacen viable una producción más sostenible. Y hay que dejar claro que la agenda de trabajo de los FPTA se define con el sector productivo”, señala Sierra, que dice que no sólo el sector productivo “está representado en la gobernanza de INIA”, sino que, “como en 2015, que se hicieron los FPTA con foco en la transferencia de tecnologías, los temas se seleccionaron en los consejos regionales de las cinco estaciones experimentales y se eligieron diez proyectos en temas que el sector productivo priorizó; por tanto, es una agenda muy alineada con necesidades concretas”.

La discusión que enfrenta a la ciencia básica o guiada por curiosidad con la ciencia aplicada es errónea: sin una es imposible hacer la otra. Pero en este caso, en los FPTA, ni siquiera puede esgrimirse ese argumento falaz: la investigación que se hace con ese fondo está destinada a temas vinculados con la producción agropecuaria. “Muchas veces se dice que la investigación apunta para un lado distinto al que quiere el sector productivo, pero justamente estas agendas de FPTA e Innovagro tienen una impronta fuerte en la que las gremiales inciden en los temas del llamado sobre los que luego se presentan los proyectos”, explica Sierra.

“Nosotros hablamos de investigación orientada”, dice, y se explaya: “En algunas ocasiones la investigación ya es aplicada directamente, y en otras, como en la investigación sobre las cepas de leptospiras, se recurre a una fase anterior, a la investigación básica, para identificar qué cepas tenemos en nuestro país. Pero una vez que sabemos qué cepas tenemos, el paso siguiente es generar vacunas, y eso permite soluciones aplicadas. Por eso decimos que la investigación del INIA siempre va a estar orientada hacia los problemas, y que si es básica o aplicada depende del estadio de desarrollo de la investigación en relación con ese problema. Si precisamos entender algo, la investigación va a ser más básica, pero en ningún caso en el INIA el disparador es la ciencia guiada por la curiosidad, sino la solución de un problema”.

Estamos a tiempo

Los fondos que se piensa trasladar del INIA al Fondo Coronavirus no implican la financiación de investigación de unos pocos meses, sino que abarcan la investigación agropecuaria en un plazo importante. “Para hacerse una idea, la plata comprometida es el equivalente a la suma de dos años de los fondos María Viñas y Clemente Estable de la ANII”, dice Paruelo. Y los fondos María Viñas y Clemente Estable son de los más importantes para impulsar la investigación científica de nuestro país. Todo eso es lo que está en juego.

“Hay algo que también está claro y no hay discusión, y es que esto no se puede hacer sin una ley, ya que el FPTA fue creado por ley”, señala Paruelo. “Estoy al tanto de que ha habido movidas para generar los instrumentos legales para poder hacer esa transferencia de fondos, pero es un camino que involucra muchas voluntades, no solamente dentro del Poder Ejecutivo, sino también dentro del Poder Legislativo, donde tendrá que votarse”.

Estamos ante una pandemia provocada por una zoonosis, una enfermedad que pasó de los animales a los seres humanos. Como ya decíamos en la nota con Germán Boto, hay estudios que muestran que el nuevo coronavirus tiene afinidad con receptores de proteínas de varios mamíferos, y entre ellos, en particular con los de las vacas. No parece razonable, en este contexto en el que la ciencia local ha demostrado su valor, dejar sin recursos a la investigación agropecuaria. Si mañana el nuevo coronavirus afecta a nuestros vacunos, posibilidad que no hay que descartar dada la evidencia actual, sin lugar a dudas quienes podrán investigar el tema en Uruguay, gracias al dinero del FPTA, serán el INIA, la Facultad de Veterinaria, la Facultad de Ciencias e institutos como el Pasteur y el Clemente Estable.

“En nuestro país se han hecho avances en el área de la salud animal. Por ejemplo, en el estudio de la leptospirosis que afecta al ganado, que permitió caracterizar las cepas que circulan en nuestro país. Los fondos FPTA fueron claves para armar los consorcios, para juntar al Institut Pasteur y a la Facultad de Veterinaria con la Dilave [Dirección General de Laboratorios Veterinarios] del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca”, dice Paruelo. Y si habrá sido valiosa esa investigación: al conocer qué cepas había en Uruguay, en un trabajo en conjunto con un laboratorio, se pudo avanzar en vacunas que atacaran a las leptospiras que circulan en el país y que no estaban presentes en vacunas desarrolladas en el extranjero.

Lacalle Pou llegó a la presidencia con una campaña que hacía énfasis y repetía como un mantra la frase “es ahora”. El país está en medio de una crisis y la comunidad científica ha respondido con altura. Ya no hace falta explicar lo necesario que es tener investigación nacional fuerte, investigadores e investigadoras pensando los problemas y buscando soluciones para nuestra realidad, y, lo más importante, una sociedad demandando ese pensamiento y esas soluciones. A la ciencia hay que darle recursos. Quitarle fondos de investigación al INIA, en un país agropecuario que quedó de rodillas por una zoonosis, no parece la estrategia adecuada. Hay que apostar por la ciencia y el desarrollo científico y tecnológico. Es ahora.

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