Desde fines del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, la explotación de piedra y arena constituyó un elemento relevante en la vida económica y social del departamento de Colonia.
Con Argentina como mercado seguro y como lugar de origen de los capitales inversores, estas empresas debieron dialogar con el poder estatal, que podía exonerarlas de impuestos, bajarles la carga tributaria sobre las exportaciones y, además, encauzar, controlar y dirigir a los contingentes obreros vinculados a estas empresas.
Capitalistas, obreros y el aparato estatal, local y nacional, además de los partidos políticos, mantendrían relaciones tanto pacíficas como tensas en relación con la extracción de arena y piedra.
Las autoridades estatales, desde una prédica batllista, se presentarán como árbitros en el intercambio entre el capital y los obreros. Pero los intereses fiscales del Estado harán que su rol mediador se vea comprometido, priorizando el afán recaudatorio por encima de cualquier otro reclamo.
La explotación de piedra y arena comenzó en el departamento de Colonia en torno a la década de 1870 y se concentró en sitios como Cerros de Carmelo, Martín Chico, Conchillas, Real de San Carlos, Colonia, Riachuelo, Juan Lacaze y Boca del Rosario. La “época dorada” para estas empresas concluyó en los años 50 del siglo pasado, cuando el gobierno peronista de Argentina suspendió las importaciones.
Entre 1905 y 1943 se registraron diversas huelgas, con enfrentamientos entre los obreros y la Policía, muertos y heridos. Los trabajadores de las canteras de Minuano fueron especialmente combativos y fundaron a principios del siglo XX una sociedad (Unión General de Picapedreros y Graniteros del Minuano).
Antonio Ferro e Hijos SA
Los estudios de Raúl Jacob sobre empresas extranjeras nos permiten conocer varios detalles sobre estos capitalistas argentinos. La empresa Antonio Ferro e Hijos SA se estableció en el departamento de Colonia entre 1888 y 1889; comenzó explotando arenales en Martín Chico, cerca de Conchillas. Allí, junto a las empresas CH Walker Limitada y Félix Fressone, enfrentó una huelga de 1914, que dejó el saldo de un muerto.
En 1920 se instaló en Riachuelo, en las cercanías de Colonia del Sacramento. En los primeros años de la década de 1930 ocurrieron intensas movilizaciones obreras en las canteras, dirigidas, entre otros, por el maestro y escritor Jesualdo Sosa, encargado de la escuela rural de Riachuelo.
En su libro Vida de un maestro, Sosa refiere a las tensiones entre la empresa y el Estado, y a cómo estas afectan a los obreros. “La empresa quiere que el Estado la exonere de los impuestos que gravan la arena y la piedra. De ese modo puede ‘aguantar’ los impuestos argentinos, que son tres veces mayores que los nuestros. La empresa, por no dejar de ganar lo acostumbrado y para presionar más al Estado, se ha cruzado de brazos. Ha amarrado los barcos, ha abandonado las vagonetas y los muelles y las cabriadas y todo. Los obreros están en la indigencia”.
El 19 de mayo, unos 400 desocupados realizaron una caravana hacia Colonia. Recuerda Sosa: “Dos cuadras tupidas de obreros marcharon cuatro leguas y me esperaron en el Puente de la Caballada, y de allí seguimos juntos. Se caminaba en un abrumador silencio y éramos una ‘mancha sucia’, como dijo un concejal, sobre el blanco del hormigón. Llegamos a la sede del Concejo [de Administración, encargado del Poder Ejecutivo departamental, según la Constitución de 1918] y les solicité una audiencia para explicarles algunos asuntos. Después de un debate entre los cinco miembros decidieron acceder”. Aparte de un miserable subsidio, poco se obtuvo. La empresa se retiró entonces de Riachuelo debido a los impuestos a la importación de arena y piedra arbitrados por Argentina. Acerca de la acción de Sosa en Riachuelo puede verse el libro que editó Elizabeth Ponce de León en 2019: Milagro en la escuela. Educación, creación y trabajo en Jesualdo Sosa.
En 1928 Ferro comenzó una explotación en Boca del Rosario. El emprendimiento concentró canteras, molino para piedras, talleres, muelles, ferrocarril de trocha angosta, usina y viviendas para los obreros. En la década de 1930 contaba con alrededor de 20 locomotoras para transportar el material y una flota de 40 barcos.
En 1946, señaló Eladio Lamas desde las páginas del suplemento de El Día, existían en Boca del Rosario dos escuelas, la urbana de primer grado 96 y la rural 102, que atendían “la enseñanza primaria y de manualidades, contribuyendo la empresa a su sostenimiento con ropas y alimentos para los escolares, y con útiles y mobiliario para las aulas”.
En relación a los servicios públicos, Lamas expresó: “La Usina generadora de energía eléctrica para la industria local se extiende a las viviendas y servicios públicos; y un tanque elevado, con capacidad para 17.000 litros de agua conectado a una extensa red de cañerías, surte de ella a la población”. En 1948, incluso, se construyó un edificio para cine y una confitería.
Sobre las condiciones de trabajo había opinado El País en marzo de 1943, un poco antes de que se declarara la huelga: “Los salarios que se pagan son extremadamente bajos; a los obreros se les obliga a firmar por adelantado el desalojo de las viviendas en que se les aloja; el régimen que se vive dentro de los terrenos de la empresa, es de una rigurosidad increíble”.
En 1940, el capital de la empresa se calculó en 1.734.902 pesos. En cuanto a los obreros empleados, las cifras difieren entre los 400 y los 1.000. En 1946 la empresa cambió su nombre por Indaré y entró en crisis en la década de 1950, cuando el gobierno de Juan Domingo Perón restringió el comercio de arena con Argentina.
En 1943, cuando se desató la huelga en Boca del Rosario, estas manifestaciones no fueron tomadas como una novedad por la empresa. Los Ferro, como pudo verse, habían resistido una larga historia de movimientos obreros.
Huelga en Boca del Rosario
¿Cuáles fueron las causas de la huelga de junio de 1943? La empresa Ferro separó a algunos obreros de sus puestos y los desalojó de las viviendas que alquilaban, pertenecientes a la compañía. Como era costumbre, diversos medios de prensa cubrieron el episodio. Sin embargo, fue El Ideal, de los Cutinella, periódico colorado y batllista publicado en Colonia del Sacramento, uno de los más interesados en el conflicto, según puede verse en sus páginas.
En las explotaciones trabajaban alrededor de 400 obreros. La empresa, ante el Ministro de Obras Públicas, se comprometió a tomar hasta 330 obreros. Pero para los obreros que eran líderes del movimiento peligraba su reintegro.
A fines de junio el diputado colorado de extracción batllista Cutinella se interesa por la suerte de los obreros. Al comenzar julio los trabajadores inician la huelga, solidarizándose con los obreros expulsados de la empresa. En Colonia del Sacramento se forma un comité de apoyo a los obreros, cuya sede era el local del periódico El Ideal, propiedad de los Cutinella.
En la Cámara de Diputados, el representante socialista Cardozo manifestó que el Estado debía intervenir en el conflicto, limitando los derechos de la empresa sobre el pueblo de la Boca del Rosario. Conceptos similares había sostenido el diputado Cutinella, que luego los explayó desde las páginas de El Ideal.
Ante la resolución de la empresa Ferro de declarar cesantes a 275 obreros e iniciar nuevos desalojos, el jefe de Policía, falto de personal, solicitó el auxilio del Batallón de Infantería 4 para mantener el orden.
El 9 de julio cada vez más obreros se plegaban a la huelga declarada por el sindicato. El presidente de la República mantuvo una entrevista con Ferro, sin que este cambiara sus puntos de vista, opuestos a las reivindicaciones obreras. En ese momento sólo concurrían al trabajo 119 personas.
El 11 de julio se efectuaron diversos mítines, en los que hablaron el secretario del sindicato de Boca del Rosario, Edgardo Guigou, y el secretario del sindicato de Oficios Varios de Colonia, José Zinola. Allí se informa que los obreros que continúan trabajando en la empresa no pasan de 50.
En la Cámara de Diputados, al proyecto presentado por Cardozo para declarar pueblo a la población de Boca del Rosario se sumó otro del batllista Cutinella, para que sólo se expropien las plazas y las calles de la zona. También se sugirió que se impidiera el desalojo por tres meses de los obreros arrendatarios, debiéndose hacer cargo el Estado del pago de los alquileres. Por su parte, el diputado católico García Pintos recomendaba dejar las cosas como estaban.
A finales de julio los batllistas de Carmelo organizaron comisiones para recolectar fondos para enviar a los obreros en huelga de Boca del Rosario. Tras mantener una reunión con Enrique Ferro, el jefe de Policía dio por terminadas sus gestiones de arreglo, ante la negativa de la empresa de aceptar las bases propuestas.
En los primeros días de agosto la empresa Ferro aceptó la propuesta del Poder Ejecutivo de nombrar una comisión de arbitraje integrada por un delegado gubernamental, un delegado de la intendencia, un delegado de los obreros, un delegado de la Cámara de Comercio y un delegado de la empresa. La problemática, sin embargo, tardaría unos meses más en solucionarse.
El 9 de agosto el periódico El Ideal sostuvo en un artículo que la empresa Ferro es “un verdadero feudo”, que desconoce las leyes del país, ejerciendo una “explotación humillante con desprecio de la dignidad humana” sobre los obreros. La “Patronal Arenera”, “sospechosamente surgida para ayudar a Ferro frente a los obreros”, también respalda las protestas contra el municipio, dedicado a controlar el “fiel pago de los impuestos”.
Este choque entre la Intendencia de Colonia y la empresa se profundizaría luego, ya que la compañía le pretendió cobrar unos 20 pesos de alquiler por la casa que ocupa el inspector municipal. Hasta el momento, y según la costumbre, los empleados públicos no pagaban alquiler.
“¿Es una forma de persecución contra el ciudadano que realiza las funciones inspectivas, o es un gesto inamistoso para el Municipio de Colonia, como represalia de la inspección de exportación de arena?”, se preguntaron desde las páginas de El Ideal.
El 20 de agosto, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje seguía sin llegar a un arreglo con la empresa. Al mismo tiempo, el gremio de canillitas de Montevideo, para demostrar su solidaridad a los obreros de Boca del Rosario, decretó un paro de 24 horas.
Cuando terminó el mes la esposa del presidente Amézaga entregó 500 pesos en efectivo, además de ropa y alimentos, a la comisión de obreros en huelga. El conflicto adquiría, de esta manera, dimensiones nacionales.
Recién el 10 de octubre se arribó a una solución definitiva entre el Estado y la empresa Ferro. Por la cláusula primera del convenio se aseguraba que la empresa “no tiene observación que formular a los derechos que asisten a su personal para agremiarse en las entidades de su preferencia”; por la segunda, que la empresa tomaría “a su elección” a varios obreros cesantes, y el resto sería ocupado por el Poder Ejecutivo. El acuerdo fue aceptado por los delegados obreros Edgardo Guigou y Santos Chevalier.
El papel arbitral del Estado quedó claramente evidenciado durante el episodio. Los batllistas, que detentaban una posición hegemónica dentro del aparato estatal, debieron contrapesar la influencia del socialismo, para que los obreros no adoptaran posturas de mayor radicalismo. La vieja fórmula de concordia entre “el capital y el trabajo” se esgrimió una vez más, haciendo que el poder político maniobrara con mayor cautela, tratando de buscar un equilibrio entre la empresa y el sindicato. Equilibrio que, según los datos reseñados, se mostró casi imposible.
Así transcurrió la huelga de 1943 en Boca del Rosario, una de las últimas de las que se tiene constancia.