En una sesión de la Junta Departamental de Colonia que se desarrolló el jueves 27, el director de Planificación Territorial de la Intendencia de Colonia, Miguel Asqueta, expuso “sobre la colocación de alambrados en las costas y las dificultades que cuenta esa dirección especialmente en las chacras marítimas”, de acuerdo con la convocatoria que había impulsado el edil del Frente Amplio (FA), Carlos Fernández.
El detonante de esa convocatoria fue la colocación de un alambrado en un camino que surge en un predio privado y que conduce a la playa de Boca de Rosario, que fue denunciado por vecinos de esa zona.
Tras esa comparecencia, la junta coloniense, con los votos de la bancada del Partido Nacional, aprobó una resolución que expresa que ese cuerpo continuará “tratando con atención y preocupación la situación de la franja costera en el departamento”, y que se encomendará a la comisión de Ambiente “el seguimiento y monitoreo de la situación de la franja costera en coordinación con la Dirección de Planificación y Ambiente”.
Además, se encomendó a esa comisión que “efectúe un informe trimestral sobre la evolución del tema”, así como solicitar a la Dirección de Planificación y Ambiente “un relevamiento de los caminos públicos con accesos a la costa en todos los que van a la ribera del Río de la Plata”.
Sin suerte, la bancada del FA había propuesto conformar una comisión interinstitucional para abordar esas problemáticas.
Reclamos a la comuna
Tras esa reunión, la bancada del FA se reunió con el abogado y edil montevideano Juan Ceretta para abordar “la problemática y analizar distintas líneas de acción”, según expresaron los ediles de la coalición de izquierda en un comunicado fechado el sábado 29.
En esa nota, los ediles frenteamplistas cuestionaron el accionar de la comuna coloniense en la preservación de la faja costera. “Reafirmamos nuestro compromiso con la democratización del acceso a las costas para toda la ciudadanía, y por ello nos oponemos a los avances privatizadores y a la falta de acción y control que la Intendencia ha evidenciado en este tiempo, pese a las múltiples herramientas que poseen los gobiernos departamentales”, se subrayó.
“La protección que la legislación nacional” prevé “sobre nuestras costas debe comprenderse desde tres dimensiones: la defensa de lo público y el interés general por sobre lo privado y el interés particular; la defensa del ambiente como patrimonio de todos; y el cumplimiento de las disposiciones dadas por la ley y los planes locales de ordenamiento territorial”, pero “es claro que la Intendencia no lo concibe desde esta perspectiva, cayendo recurrentemente en el incumplimiento de la ley por carecer de una visión integral del problema”, aseguraron los ediles frenteamplistas.
La bancada del FA lamentó “lo expresado” por Asqueta, quien reconoció que “en muchas zonas de nuestro departamento la ley no se está cumpliendo”. “Nos preocupa la omisión en la que cae recurrentemente la Intendencia frente a distintos proyectos de desarrollo en curso, de gran magnitud y relevancia para la sociedad coloniense, que implica en muchos casos una cesión de soberanía a los intereses privados de una élite, frente a los intereses de las grandes mayorías de la población”, expresa la nota de marras.
Finalmente, la coalición de izquierda señaló que “se necesitan mayores estudios científicos de impacto ambiental, social y normativo de los diferentes proyectos de desarrollo en curso en nuestro departamento”, por lo que “convocaremos la participación activa de la Universidad de la República en los temas de agenda pública”, a través de “la conformación de un Laboratorio de Investigación -como parte de la política de extensión universitaria- que de manera integral analice las problemáticas presentes en nuestro departamento con el fin de brindar un diagnóstico territorializado de los diferentes proyectos y conflictos en curso”.