Las autoridades de Treinta y Tres informaron este lunes que cuatro de los 84 trabajadores brasileños que ingresaron para retomar los trabajos en la construcción de una cementera ubicada en el departamento dieron positivo en los análisis de covid-19 que se les hicieron.
Independientemente de estos resultados, está previsto que todos los trabajadores realicen una cuarentena obligatoria de 14 días, explicó a la diaria el director de Salud del departamento, José Quintín Olano.
Además de los 84 trabajadores brasileños, seis integrantes de Prefectura de la Armada también están en cuarentena, porque estuvieron en contacto directo con los infectados.
Sobre los trabajadores provenientes de Brasil, “la idea era que llegaran directo a la cuarentena, y nos pusimos en contacto con el jefe de Policía para que fiscalizara su cumplimiento”, sostuvo Olano. El jerarca aseguró que todos los trabajadores fueron testeados y en los próximos días se reiterarán las pruebas, para asegurarse de que ninguno se reintegre a la obra con la enfermedad.
Según Olano, estos brasileños también son “trabajadores uruguayos”, porque aportan al Banco de Previsión Social, tienen residencia legal en el país y hasta cédula de identidad. “Tenemos la trazabilidad de en qué vehículos y de qué parte de Brasil llegaron, con quién venían y dónde van a vivir”, expresó.
Hasta el momento el departamento no tenía ningún caso de covid-19. Los trabajadores ingresaron el jueves, luego de que se estableciera el retorno de las actividades en la construcción a partir del 13 de abril.
Los problemas de la obra: 250 trabajadores sin seguro de paro
El presidente del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA), Daniel Diverio, dijo a la diaria que estos brasileños en su mayoría son técnicos o ingenieros de obra, “los que organizan el trabajo”, y “por eso la cementera tenía dificultades para retomar las tareas, porque no tenía parte del personal que hace la conducción”, aseguró.
Diverio sostuvo que la obra empleaba a más de 600 trabajadores, pero cuando se presentaron con el retorno de la actividad, la empresa envió al seguro de paro a la gran mayoría hasta reorganizarse, aduciendo problemas para aplicar el protocolo. El sindicalista sostuvo que en ese grupo hay 250 empleados que no llegan a los 150 jornales necesarios para acceder al seguro. “Si alcanzamos un protocolo con el gobierno y las cámaras empresariales, no es de recibo que se diga que no se puede cumplir. Nosotros pensamos que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social [MTSS] no debería aceptar envíos con esa causal”, aseguró.
Según el sindicalista, se había llegado a otro acuerdo con el MTSS y con las cámaras empresariales para que los que no accedieran al seguro pudieran tener una prestación hasta el 5 de mayo, día en que se retomaría la obra. Se trataba de poco más de 23.000 pesos, y parte de la prestación iba a ser devuelta por los empleados. “El miércoles de la semana pasada fuimos a la asamblea y los trabajadores aceptaron, pero al otro día fuimos a firmar el acuerdo y nos encontramos con que no se podía sostener, porque las empresas contratantes –Cielo Azul y Tecnosyl– tenían problemas comerciales entre ellas. Ahora los compañeros sin seguro no tienen ningún tipo de prestación”.
Protocolo “incompleto”
El 13 de abril, un mes después de que el gobierno decretara la emergencia sanitaria, y tras un receso extendido acordado por los trabajadores y los empresarios, cerca de 45.000 trabajadores volvieron a las obras de construcción. Para poder dar este paso, se redactó un protocolo que daba una serie de lineamientos, entre los que se encontraba la adecuación de los lugares de trabajo y de las viviendas para conservar la distancia social, el uso de tapabocas y el acceso a productos de limpieza, entre otras cosas. El acuerdo creaba, además, un Fondo de Solidaridad Covid-19, cuyo fin era indemnizar a los trabajadores que integran grupos de riesgo (por edad o por razones de salud) y que no pudieran acceder al seguro de paro. La idea era que quienes fueran certificados por la cuarentena “por un máximo de 14 días” accedieran a una compensación de 16.377 pesos. Pero según denunció Diverio, el mecanismo no funcionó porque los médicos no firman las certificaciones.
“Los médicos, en general, no lo están haciendo, porque no hay nada que diga que ante una posibilidad de contagio tienen que ir [al seguro]”, dijo. El integrante del SUNCA comentó que el MTSS trabajó en un decreto similar para contemplar a los trabajadores mayores de 65 años pero este “se congeló”. El 26 de marzo, en el marco de la emergencia sanitaria, el Poder Ejecutivo extendió las medidas de protección social para trabajadores mayores de 65 años; la iniciativa tendía a que esta población pudiera dejar de trabajar y aislarse por un plazo de 30 días. “Eso sería un golazo, porque miles de nuestros compañeros podrían acceder a esa prestación y quedarse en sus casas sin correr riesgos”, comentó Diverio.
Se multiplican las solicitudes de desempleo en la construcción
Según el presidente del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA), Daniel Diverio, las solicitudes de seguro de paro en el sector se dispararon en abril. El sindicalista dijo a la diaria que hasta el 15 de este mes hubo 2.300 solicitudes, mientras que en los meses de enero, febrero y marzo la cifra llegó a 2.500.
El Equipo de la Representación de los Trabajadores del Banco de Previsión Social (BPS) informó a la diaria que entre febrero y marzo aumentó la cantidad de trabajadores de la construcción que efectivamente accedieron al seguro de paro: pasó de 7.083 a 8.325 (un incremento de 1.242, 17,5%). Ramón Ruiz, representante de los trabajadores ante el BPS, aclaró que se trata de cifras acumuladas y parciales; los 8.325 que accedieron no son únicamente de marzo, sino los acumulados a lo largo de este mes y los anteriores.