Con la finalidad de atenuar el impacto que la cuarentena obligatoria está teniendo en la mayor parte de los sectores sociales del país, en el marco del combate a la expansión del coronavirus, el gobierno argentino que preside Alberto Fernández dispuso este miércoles, por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia, la prohibición de los despidos y suspensiones laborales por 60 días
“Resulta indispensable garantizar la conservación de los puestos de trabajo por un plazo razonable, en aras de preservar la paz social, y que ello sólo será posible si se transita la emergencia con un diálogo social en todos los niveles y no con medidas unilaterales”, asevera en sus fundamentos la norma, en la que además están incluidas medidas para asistir a empresas y trabajadores golpeados por la cuarentena, de acuerdo a lo que informó Tiempo Argentino.
Un desencadenante de la disposición laboral del gobierno de Fernández fue la situación que se dio la semana pasada en la empresa Techint, un gigantesco conglomerado empresarial que abarca áreas tan vastas como la producción siderúrgica y metalúrgica, la industria petrolera, la minería y las telecomunicaciones. El viernes esta firma comunicó el despido de 1.450 trabajadores que se estaban desempeñando en emprendimientos vinculados con la ingeniería y la construcción en las provincias de Buenos Aires, Neuquén y Tucumán, argumentando que “estos servicios fueron paralizados dada la cuarentena establecida, ya que fueron declarados no esenciales”.
La decisión le generó una profunda irritación al mandatario argentino, debido a que la empresa es una de las de mayor facturación en el país. Fue así que el lunes, después de pedirle en declaraciones radiales al jefe ejecutivo del grupo, Paolo Rocca, que pusiera el hombro ante la situación que se está viviendo –“tanta plata has ganado a lo largo de tu vida, tenés una fortuna que te pone entre los más millonarios del mundo, hermano, ¡esta vez colaborá!”, dijo textualmente el mandatario–, el Ministerio de Trabajo tomó cartas en el asunto, dictó la conciliación y determinó la restitución de los trabajadores. La empresa acató la decisión del Ejecutivo, pero el clima quedó tenso, dando pie al nuevo decreto.
En el decreto firmado por Fernández y por el jefe del gabinete argentino, Santiago Cafiero, se pone el acento en que las decisiones de despidos de forma unilateral de las empresas no serían “más que una forma de agravar en mayor medida los problemas que el aislamiento social, preventivo y obligatorio procura remediar”.
El decreto establece en su cuarto artículo que “los despidos y las suspensiones que se dispongan en violación de lo dispuesto” en la norma “no producirán efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales”.
Pero además, dentro de la nueva legislación el Ejecutivo incorporó medidas para asistir a las empresas en general, y a las pequeñas y medianas en particular, mediante la creación de un fondo de casi 466 millones de dólares para otorgar garantías que faciliten el acceso al crédito a micro, pequeñas y medianas empresas para destinar a capital de trabajo y pago de salarios.
También dispuso la creación del programa de “Asistencia de emergencia al trabajo y la producción”, que establece una serie de medidas para las empresas afectadas por la cuarentena: la postergación o reducción de los aportes patronales; una asignación no remunerativa para trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia del sector privado, y una prestación económica por desempleo.