A partir de la emergencia sanitaria que sufre el país y los casos de covid-19 registrados en residenciales, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) emitió un comunicado dirigido al Estado uruguayo con recomendaciones para el debido cuidado y respeto de los derechos de las personas adultas internadas en casas de salud.
En el comunicado la institución recuerda las sugerencias realizadas al Estado desde 2014 en adelante. La última resolución fue dictada el 13 de marzo de este año, justamente cuando fueron anunciados los primeros casos de covid-19 en el país. En el texto la INDDHH vuelve a recomendar al Estado que “fortalezca el sistema de controles, inspecciones y habilitaciones para que en los establecimientos se garanticen los derechos de las personas adultas internadas”. También recuerda que el Estado uruguayo debe “dar debido cumplimiento” a las obligaciones que asumió al ratificar la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
Asimismo, la INDDHH ratifica que es obligación del Estado “garantizar el respeto de los derechos humanos de todas las personas sujetas a su jurisdicción”. En ese sentido, reitera que el Estado debe adoptar todas las medidas a su alcance “para evitar las vulneraciones de derechos de las personas en estos hogares, residenciales o casas de salud”, ejerciendo “un comportamiento diligente, que consiste en la supervisión activa y de oficio de la labor de estos centros de internación con residentes adultos mayores”.
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El documento agrega que las resoluciones esgrimidas han sido dirigidas fundamentalmente al Ministerio de Salud Pública y al Ministerio de Desarrollo Social, que son los organismos competentes para habilitar estos establecimientos y que han recibido diferentes niveles de respuesta. Sin embargo, dice: “No se puede afirmar que se hayan adoptado, a la fecha, medidas permanentes y eficaces para atender a los lineamientos generales de estas recomendaciones”.