Argentina dio a conocer ayer su cifra diaria más alta de nuevos contagios de coronavirus, 258, la mayoría de ellos, 165, en la ciudad de Buenos Aires. El principal foco de la pandemia está en el Gran Buenos Aires, que incluye la ciudad y la zona metropolitana que la rodea (también conocida como “conurbano bonaerense”). En esta zona, que concentra 67% de los casos, hay más densidad de población, comercios y lugares de trabajo, y, por lo tanto, más posibilidades de contagio. Es por eso que el Gran Buenos Aires fue excluido de la moderación de las restricciones a la circulación de personas que empieza a regir hoy. En esta nueva fase de la cuarentena los municipios que cumplan con determinados requisitos sanitarios deberán presentar sus planes a los gobiernos provinciales, que, a su vez, los elevarán al Ejecutivo nacional.
Queda excluido el Gran Buenos Aires, cuya situación es seguida con lupa por el gobierno de la provincia, en manos de Axel Kicillof, y el de la ciudad, cuyo titular es Horacio Rodríguez Larreta. Pese a ser parte de coaliciones políticas que se oponen entre sí, ambos han coordinado entre sí y con Fernández las medidas y los pasos a dar para supervisar la evolución de la pandemia. En las últimas dos semanas se sumaron dos factores: empezaron a confirmarse, de a decenas, los casos en las villas miseria (que ayer eran 519) y en la ciudad el respeto a la cuarentena se redujo considerablemente –según algunas estimaciones, la movilidad aumentó de 10% a 40%–. El fin de semana, en sendas conferencias, Larreta y Kicillof anunciaron la reapertura gradual –y muy lenta– de algunos sectores considerados no esenciales y el aumento de los controles para que no circule quien no esté autorizado a hacerlo.
Cuidados y privacidad
Una de las herramientas presentadas el viernes para esta salida de la cuarentena en la mayor parte del país es la aplicación Cuidar. De descarga obligatoria para quienes retomen sus actividades, la aplicación plantea preguntas para hacer un seguimiento del estado de salud de quienes circulen.
La polémica está en el uso de esos datos: la coalición opositora Juntos por el Cambio exigió ayer al gobierno que explique quién tendrá acceso a la información recopilada. Más tarde, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, aclaró que las personas podrán habilitar voluntariamente la geolocalización –como se hace, por ejemplo, con Google– y que los datos de los usuarios serán brindados únicamente a los servicios de salud cuando haya síntomas de covid-19.
Los test rápidos
Ayer, varios medios de comunicación argentinos aseguraron en sus títulos que los test serológicos que el gobierno está aplicando en algunos barrios del Gran Buenos Aires no son eficaces. La Nación informó en su edición impresa que eran “defectuosos” y a lo largo del día varias páginas de noticias replicaron esa información o agregaron nuevos datos. En todos los casos se tomó como fuente de esa ineficacia un informe del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que, sin embargo, salió a rechazar las calificaciones de ese tipo.
La cartera reiteró ayer algo que ya había explicado hacía dos semanas, cuando recibió la donación de China de estos test: no son pruebas de diagnóstico, sino que detectan dos anticuerpos que el cuerpo genera cuando contrae coronavirus y, como otros exámenes, su resultado es más confiable para uno de ellos que para el otro, lo que se tuvo en cuenta al aplicar el test en los barrios de Retiro, Constitución y Once. El titular de la cartera, Roberto Salvarezza, subrayó en Twitter que esos testeos cumplieron con su objetivo: reunir información para estudios epidemiológicos, y no confirmar casos de coronavirus.
“Nadie quiere caer en default”
El viernes los principales tenedores de la deuda pública argentina emitida bajo ley extranjera respondieron de forma negativa a la oferta presentada por el gobierno, que incluía una quita de 5% del capital y de 62% de los intereses. “En realidad, lo que estamos ofreciendo es que ganen menos, no que pierdan”, dijo este sábado Alberto Fernández en una entrevista, en defensa de la propuesta.
Representantes de ambas partes confirmaron que hoy se retomarán las negociaciones para llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes antes del 22 de mayo. Ese día Argentina debería pagar bonos globales por unos 500 millones de dólares; si no lo hace, caerá en default.