La pensión ubicada en la calle Agraciada está a punto de ser desocupada por orden judicial. El viernes un juez decidió darles un mes más de plazo a los inquilinos, en su mayoría inmigrantes, para que puedan encontrar otro lugar en el que vivir. No sólo fueron estafados por una de las inquilinas, sino que ocupaban un espacio irregular. Ahora muchas de las familias están sin trabajo y esperan encontrar un sitio nuevo en menos de 30 días.
En el marco de la pandemia de covid-19, la Intendencia de Montevideo (IM) desarrolló un plan para amparar a quienes están alquilando una habitación pero ya no tienen ingresos. No se trata de solucionar la situación de los litigios civiles, sino de proteger a la población más vulnerable.
Silvana Pissano, directora de Desarrollo Urbano de la IM, contó a la diaria cuál es el plan de la comuna capitalina para evitar estos desalojos. Dijo que se apunta a atender a quienes vivían en pensiones o casas de inquilinato y, debido a la emergencia sanitaria, no pueden sostener el alquiler de las habitaciones. “Sabemos que mucha gente vive en el marco de la economía informal –vendedores ambulantes, cuidacoches, trabajadoras sexuales– y, en el marco de esa economía informal, necesita estar en el centro de la ciudad”, agregó.
Pissano dijo que a partir del 13 de marzo, cuando se declaró la emergencia sanitaria, la IM “entendió rápidamente que muchas de estas personas iban a estar en riesgo”, por lo que decidió redireccionar las partidas ante la negativa del gobierno nacional a darles una renta básica a estas personas, que “se mueven en la economía informal”. Aclaró que las normativas que rigen para un desalojo como el de la pensión de la calle Agraciada –un proceso que ahora lleva seis meses– son distintas a las que rigen para el desalojo de quienes, por falta de pago, son echadas de una pensión. Una de las características de estos casos es la celeridad: el arrendador, ante la falta de pago, puede ir a una comisaría y sacar a la persona en tres días.
El plan de la IM es atender con dinero porque “corresponde a los gobiernos el compromiso de materializar políticas que preserven los derechos de las personas”. Por este motivo se redireccionaron seis millones de pesos para entregar a estas personas un subsidio de 6.000 pesos por persona durante dos meses. “Estamos tratando de prevenir la situación de calle”, dijo Pissano.
Entre los beneficiarios no sólo hay uruguayos, sino también inmigrantes, personas identificadas por medio de un censo del Servicio de Convivencia de la IM. “Se relevaron 237 pensiones y hubo 3.700 personas censadas, de las cuales aproximadamente un tercio son inmigrantes; incluso 365 personas tienen más de 65 años. Se trata de una población que necesita quedarse ya no en su casa, sino en su habitación, por temas de salud”, dijo la directora.
Jorge, Robert y Marlene, inmigrantes en una pensión de la Aguada.
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La jerarca explicó que se trata de contemplar a la gente con ingresos formales e informales: “En la ecuación para saber a quién le corresponde el subsidio sin duda está la conformación familiar, el componente de pérdida de ingresos”. Sobre el universo de beneficiarios, dijo que incluye a personas trans, afrodescendientes y mujeres solas con hijos. “Hay que tener en cuenta una cantidad de desigualdades, por el grado de vulnerabilidad”, expresó.
En el censo se contemplaron tanto las pensiones habilitadas como las que no lo están. “El primer paso para estos establecimientos es la inscripción tanto en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente como en la IM. No todas las que están registradas están habilitadas. Ese es un paso posterior, que depende de Desarrollo Urbano de la IM, y tiene que ver con las condiciones de habitabilidad e higiene”, dijo Pissano. Las pensiones clandestinas, “en la medida en que tenemos cierta información, también las visitamos”, comentó.
Pissano resaltó que el plan está dirigido a las personas “más allá de que estén en un lugar regularizado o no”. “Pensamos que la lupa que estamos poniendo en esta situación puede servir para que las pensiones que no están inscritas ni regularizadas tengan un asesoramiento técnico y posteriormente accedan a un apoyo para que puedan transformar las condiciones de habitabilidad”, expresó.
Para las pensiones, la IM planea otorgar préstamos blandos y asesoramiento técnico para su regularización. Pissano destacó que la semana pasada la Junta Departamental de Montevideo aprobó una normativa en este sentido: antes se debían tener diez habitaciones como mínimo, ahora sólo hacen falta tres para tener un establecimiento.
El otro objetivo del plan es asesorar, por medio del Departamento de Desarrollo Urbano, el Departamento de Desarrollo Social y la Facultad de Derecho, a quienes tienen dificultades habitacionales. “Estamos abriendo una clínica de litigio, porque mucha gente ha sido violentada o presionada”, dijo la jerarca.
Otro de los resultados del censo fue que menos de 30% de las personas tiene niños o niñas a cargo. “También para los más pequeños está el subsidio. Hay que recordar que muchos de los emprendimientos de pensiones son familiares. No estamos hablando de cadenas hoteleras con capitales detrás, por lo que necesitan ciertos ingresos para sustentar sus gastos, como el consumo de energía eléctrica”, añadió Pissano.