Cuando en febrero de 2018 el estudiante Nikolas Cruz mató a 14 compañeros y tres funcionarios de la escuela secundaria Stoneman Douglas de Parkland, en el estado de Florida, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso armar a los maestros para que puedan disparar a sus alumnos y así evitar ataques como ese. Tres años después y tras el juicio político sin consecuencias contra Trump, el presidente Joe Biden reclamó al Congreso una reforma integral sobre la posesión de armas de fuego. Según el mandatario demócrata, la nueva normativa debe exigir que se verifiquen los antecedentes de las personas que quieran comprar un arma, prohibir los rifles de asalto y eliminar “la inmunidad para los fabricantes de armas que, a sabiendas, colocan armas de guerra en nuestras calles”.
Aunque ya se vislumbra un enfrentamiento con los lobbistas de la influyente Asociación Nacional del Rifle, y se necesitará que al menos diez congresistas republicanos se pongan de su lado, la postura de Biden parece ser clara en la necesidad de restringir la adquisición de armas de fuego. El presidente estadounidense considera que una reforma de la tenencia de armas es “de sentido común” y las medidas restrictivas se deben tomar “ahora”, cuando un amplio sector de la población se manifiesta a favor. Según una encuesta realizada por la empresa Gallup en octubre de 2020, 57% de los estadounidenses quieren que las regulaciones sobre armas de fuego sean más duras.
Durante la campaña electoral, Biden explicó en su página web que el plan para terminar con la “epidemia de violencia con armas de fuego” respetando la famosa Segunda Enmienda consta de varios puntos. Uno de los aspectos clave es la derogación de una ley que se aprobó en 2005, durante el gobierno de George W Bush, que protege a los fabricantes de armas de tener algún tipo de responsabilidad civil sobre lo que ocurra con sus productos.
Otro aspecto que Biden pretende incluir en la reforma es prohibir la fabricación, importación y utilización de rifles de asalto y sus correspondientes municiones, además de la regulación de la posesión de las ya existentes, incluyéndolas en la Ley Nacional de Armas de Fuego. Esto implica que quienes las posean se registren y se sometan a una verificación de antecedentes, al tiempo que el gobierno estadounidense comprará las armas de guerra que están en manos de la población civil.
Pocos días antes de completar su primer mes como presidente, Biden comienza a abocarse a sus propuestas de la campaña electoral. Junto al reclamo por un mayor control en la venta de armas, el mandatario le dio un nuevo impulso a la implementación de un plan para reactivar la economía estadounidense, en declive como consecuencia de la pandemia de covid-19, que hasta el momento se ha cobrado la vida de 300.000 personas en Estados Unidos.
El 20 de enero, el día que tomó posesión de su cargo, Biden anunció su Plan de Rescate de Estados Unidos, que constaba de dos objetivos: combatir la pandemia de coronavirus y reactivar la economía con un paquete de medidas de estímulo presupuestado en casi 1,9 billones de dólares.
Las medidas presentadas por el mandatario al Congreso implican elevar el salario mínimo a 15 dólares por hora, enviar cheques de 1.400 dólares por persona a los hogares con salarios más sumergidos, un aporte de 400 dólares semanales para las personas en seguro de desempleo y un estímulo de 350.000 millones para los estados. El borrador de la propuesta fue aprobado en las dos cámaras del Congreso, aunque sólo la votaron los representantes demócratas, ya que los republicanos consideran que cualquier plan con un tope superior a 600.000 millones de dólares endeudará más al país y hará crecer el déficit.
Según información proporcionada por la Casa Blanca, hay 18 millones de personas que en Estados Unidos dependen de un subsidio por desempleo para subsistir.