El gobierno de Luis Lacalle Pou decidió pedir al Parlamento que extienda por otros 30 días el límite al derecho de reunión en el marco del aumento de casos de coronavirus.
Esta medida se aprobó en el Parlamento el 19 de diciembre y tenía una vigencia de 60 días, prorrogables por una única vez por otros 30. Esa extensión se decidió en febrero y, para solicitarla nuevamente, el gobierno deberá enviar un nuevo proyecto de ley.
De acuerdo al decreto reglamentario publicado en diciembre, los ministerios de Salud Pública, Defensa Nacional e Interior, así como los gobiernos departamentales, son responsables de supervisar y fiscalizar la generación de aglomeraciones que impliquen un riesgo en la actual emergencia sanitaria.
Se considera una aglomeración “la concentración, la permanencia o la circulación de personas, en espacios públicos o privados de uso público, en las que no se respeten las medidas de distanciamiento social sanitario, ni se utilicen los elementos de protección personal adecuados”.