–Su eventual ministra de Economía Azucena Arbeleche dijo en octubre de 2018 a El País: “Ajuste fiscal es mejorar el resultado fiscal y eso es necesario”.
–Claro, desde el punto de vista de la definición del ajuste fiscal. Este lunes (por mañana) vamos a comunicar la decisión que la hemos discutido con el FMI, con economistas independientes, con académicos... Se puede ahorrar en el entorno de los US$ 900 millones por año. Y me atrevo a decirte que es un número conservador porque no quisimos comprometer de más. La propuesta detalla de dónde se saca, para qué se va a usar. En principio para equilibrar las cuentas. No seguir generando el aumento del déficit. Frenarlo, cambiar el sentido y poder bajarlo.
Lacalle Pou al diario El País el 7 de abril de 2019.
Después de 16 meses, y ya finalizando el quinto mes de gobierno, vemos que una fuente oficial dijo a Búsqueda (edición del 23 de julio) que “está resultando difícil” encontrar “dónde cortar” y que “mueva la aguja” del gasto global, una situación que tiene preocupados a los jerarcas del Ministerio de Economía y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).
Obviamente esta afirmación se da de bruces con lo prometido a los cuatro vientos en la campaña electoral, y reafirma lo que dijimos desde el Frente Amplio (FA) una y mil veces en esa oportunidad: es imposible recortar 900 millones de dólares del presupuesto nacional sin mutilar servicios públicos esenciales.
Uruguay debe mejorar su situación fiscal pero no hay una varita mágica, y darse cuenta ahora de ello suena a improvisación.
Uruguay debe encarar reformas estructurales, como la de la seguridad social, que sí tiene impacto fiscal relevante en el mediano y largo plazo, y otras que mejoren la competitividad del país, como lo relativo a la gobernanza de las empresas públicas.
Pero la mejora de las cuentas públicas debe realizarse sin comprometer las posibilidades de crecimiento y desarrollo social de nuestra economía, y para ello es fundamental establecer un rumbo claro y definir prioridades en función de eso.
Hoy el gobierno ha hecho un recorte al barrer de 15% de gastos e inversiones, a lo cual se suma no ajustar los presupuestos por inflación, lo cual en los hechos lleva a un recorte cercano a 25%.
Como sostuvimos, un recorte al barrer afecta servicios básicos, como la educación, como es el caso de la Universidad de la República, y áreas estratégicas, como la promoción de la innovación y el emprendedurismo; en estos días se cerraron las ventanillas para estos programas en la Agencia Nacional de Investigación e Innovación hasta nuevo aviso, por poner simplemente dos ejemplos.
Y obviamente un recorte de la magnitud que se plantea el gobierno requiere un relato en que se identifique un culpable, y ese culpable es la “herencia maldita” de los gobiernos del FA.
El problema es que esa construcción de relato enfrenta tres contradicciones insalvables: en primer lugar, esto es absolutamente contrario a lo que el mismo gobierno les dice a los inversores extranjeros, ante los cuales destaca las fortalezas financieras, la solidez institucional y la estabilidad social del país.
En segundo lugar, si las gestiones del FA hubiesen sido un desastre y hubiera habido despilfarro, sería relativamente sencillo disminuir el gasto. Claramente no es así.
Tercero, sería muy difícil explicar el éxito en el combate a la pandemia y la calma social con la cual se ha atravesado las graves consecuencias de esta si no hubiese bases institucionales sólidas y servicios de calidad, como el sistema de salud y la plataforma digital con los que cuenta el país, además de la buena política sanitaria desplegada por el gobierno.
Pero el problema fundamental es que la búsqueda de un “culpable” que justifique un recorte indiscriminado donde no se definen prioridades impide justamente poner las energías en definir un rumbo y priorizar en función de eso.
Porque un recorte generalizado, además de afectar áreas esenciales, denota que el gobierno no definió aún sus prioridades, lo cual implica la falta de un rumbo claro.
Y sin dudas la búsqueda de “culpables” de “herencias malditas” que no son tales no contribuye al clima de unión que precisa Uruguay para atravesar una de las crisis económicas a escala global más intensas de los últimos 100 años.
Menos construcción de relato y más definición de rumbo sería muy positivo para Uruguay, y sin dudas permitiría una discusión más sana y alejada de grietas que los uruguayos no queremos.