La Cámara de Diputados y el Senado trataron este jueves el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo](https://ladiaria.com.uy/economia/articulo/2021/3/medidas-del-gobierno-para-micro-y-pequenas-empresas-50-de-aporte-patronal-por-seis-meses-y-facilidades-para-pagar-deudas/) que otorga beneficios impositivos a las micro y pequeñas empresas por un plazo de seis meses, habilita la aportación gradual de monotributistas y otorga facilidades de pago de deudas con el Banco de Previsión Social (BPS) y la Dirección General Impositiva (DGI).
Si bien el proyecto fue votado por unanimidad, la oposición afirmó que las medidas contenidas allí eran insuficientes y no acompañó algunas disposiciones.
Durante la discusión en el Senado, el frenteamplista Mario Bergara planteó que el Frente Amplio (FA) comparte la orientación general del proyecto, aunque entiende que las medidas son insuficientes. “En 2020 al menos 10.000 micro y pequeñas empresas han debido cerrar sus puertas. Muchas de las que aún están abiertas ya llevan sobre su espalda un año de bancar la situación con su reserva y su espalda financiera, y esas cosas también se van erosionando”, apuntó.
La oposición sugirió varios cambios a los artículos de la iniciativa y adelantó que no votaría el artículo 9, que determina que el Poder Ejecutivo podrá establecer el porcentaje máximo de abatimiento del Impuesto al Patrimonio, que puede tener un tope de hasta 50%, y podrá “disminuir dicho porcentaje en forma general o disponer excepciones considerando la naturaleza de la actividad, el monto de ingresos, u otros índices de naturaleza objetiva”.
“Es mejor dejar la regla general y no que el Poder Ejecutivo tenga la discrecionalidad de definir cuál es el monto de abatimiento que se le asigna a cada sector, a cada empresa, en cada circunstancia. Y además otra cosa que agrava el asunto es que esto no está planteado con el límite de la emergencia sanitaria, o sea que esa posibilidad de abatimiento sobreviviría una vez que se supere la pandemia”, dijo Bergara.
A su turno, el senador nacionalista Sebastián da Silva le explicó al senador frenteamplista que había hecho “las consultas” pertinentes y que el artículo se dirige a los sectores más “apagados”, en concreto, a los hoteles, porque “el Impuesto al Patrimonio no lo paga todo el mundo, sino el que tiene cierto patrimonio”. “Si uno cierra los ojos y ve cuáles son aquellas que tienen obligación de pagar el Impuesto al Patrimonio, grosso modo son los hoteles. Las otras empresas chicas no pagan y a mí no me parece mal; podemos discutir la discrecionalidad, pero la voluntad hacia dónde va es a este sector”, agregó.
Otro de los puntos sobre los que el FA planteó dudas fue lo referente a los artículos que facultan al Banco de Previsión Social a establecer un régimen de facilidades de pago para los deudores. En particular, la oposición cuestionó que se incluya que el plazo de las deudas comienza el 1° de mayo de 2018. “Nos gustaría saber cuál es la explicación de esto, porque son deudas generadas casi dos años antes de que se iniciara la pandemia en el país. Si se quiere poner 1° de enero de 2020 puede ser, pero realmente a ir dos años antes no le vemos una explicación”, dijo Bergara.
Da Silva retrucó que se escogió esa fecha porque es cuando “empezó a sonar la crisis económica”. Opinó que era un acierto haberlo incluido porque es una forma de reconocer el “arrastre” que vienen llevando “muchísimas empresas”. “Lo planteamos en su momento porque el descalabro no arranca sólo en la pandemia, y esta es una forma de poder empezar a encontrarle una solución”, apuntó.
También fue discutido el artículo 1, que determina la exoneración de 50% de los aportes patronales entre enero y julio de 2021, en rubros de industria y comercio, que incluyen a empresas unipersonales, socios de sociedades personales, cooperativas y otras entidades con menos de 19 empleados en relación de dependencia e ingresos de 10 millones de unidades indexadas (1,1 millones de dólares). El segundo artículo dispone el mismo porcentaje de exoneración para todas las empresas y sectores que no están comprendidos en el primer artículo.
El líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, dijo que era un deber del Parlamento “velar por el trabajo nacional” y consideró que es necesario generar condiciones para que las micro y pequeñas empresas tengan el “oxígeno suficiente” para sobrevivir. También acotó que varios puntos del proyecto deberían mantenerse una vez culminada la pandemia. En suma, Manini dijo que muchas de las medidas del Ministerio de Economía y Finanzas reflejan lo que CA ha propuesto, pero cree “que se quedan cortas”. “Creemos que hay que contemplar también a la mediana empresa nacional, que no está contemplada en este articulado, y creemos que hay que perdurar en el tiempo después de esta pandemia. Creemos que el estímulo al trabajo nacional no es un gasto, es una inversión”, concluyó.
En esa línea, CA acompañó el aditivo del FA de extender el plazo de las exoneraciones de los artículos 1 y 2 hasta diciembre, pero no fue aprobado porque a la oposición le faltaba un senador y el resultado de la votación fue de 15 votos en 30.
El senador Jorge Gandini dijo que el Poder Ejecutivo mandó al Legislativo una iniciativa que propone una exoneración, una facultad privativa del Poder Ejecutivo, con el detalle del porcentaje, los plazos y los destinatarios de los beneficios. “Modificar ese plazo implica una nueva ley”, apuntó. A su vez, agregó que en la exposición de motivos el Ejecutivo dejó en claro que se trata de un proceso muy dinámico y que posteriormente puede haber otra iniciativa que contemple lo que esta no incluyó. “Esto es paso a paso y caso a caso”, concluyó.