Nueva fórmula de ajuste de combustibles: los números y la volatilidad del mercado de petróleo

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El huracán Katrina que azotó el golfo de México en 2005, la invasión estadounidense a Irak al año siguiente, la crisis de los mercados financieros en 2008 que provocó una recesión de las potencias occidentales y la parálisis global que provocó en 2020 la pandemia de coronavirus son algunos de los episodios que están detrás de los vaivenes que ha tenido el precio internacional del petróleo en las últimas dos décadas.

El crudo Brent, extraído del mar del Norte, es la referencia de precios que toma Uruguay y gran parte del mundo. A mediados de 2008 y con motivo de los impactos en la industria petrolera de los dos primeros hechos ‒sumado a motivos económicos, como la creciente demanda de Asia‒, llegó a su valor máximo: 147 dólares el barril. Esa “burbuja de precios” se rompió potenciada por la recesión, y a finales del mismo año el precio era de 35 dólares.

Más de una década después y con motivo de un virus que paralizó el comercio y restringió la movilidad, ocurrió algo impensado: el barril de crudo tenía una cotización negativa y se pagaba a quien quisiera comprarlo porque podía almacenarse la producción.

Todo esto pasó con el precio del petróleo, que en nuestras cabezas es un barril negro, aunque en realidad es un contrato de venta a futuro, en función de los precios actuales, así como uno de los mercados más relevantes de la economía mundial. Los Estados ‒productores y compradores‒, las grandes empresas y los grupos financieros son parte del juego, de cuyo resultado dependen en alguna medida las industrias y naciones del mundo.

Uruguay por su escala es un actor minúsculo, y si bien siempre el valor del crudo impactó en los precios locales ‒la otra variable a atender es el dólar, moneda de compra‒, ahora esa evolución cobró mayor relevancia, porque la nueva fórmula de ajuste de las tarifas al público cada mes pasó a ser desde junio el precio de paridad de importación (PPI), un cálculo teórico que varía en línea con la cotización del barril.

Ese precio a nivel local es determinado por el gobierno de turno a través de la petrolera estatal Ancap. Esta es uno de esos actores que compra barriles de Brent, los trae a Uruguay y los recibe en la terminal marítima ubicada en José Ignacio, para luego en la refinería producir gasolinas, gasoil y otros derivados como el supergás.

Transparencia, discrecionalidad y sobreprecio

Desde que el gobierno aplicó el nuevo esquema de ajuste de precios, que derivó en tres subas en meses consecutivos, se instaló el debate a nivel político, surgieron críticas de gremiales y sindicatos, y se concretó un escenario de incertidumbre sobre el precio de los combustibles en el surtidor. Sin embargo, la diaria informó días atrás, con base en fuentes oficiales, que no se prevé realizar cambios ni dar marcha atrás con el método elegido.

Según un gráfico que difundió la consultora especializada en temas energéticos SEG Ingeniería, los pronósticos en torno al precio del petróleo no se han cumplido al menos este año. Es decir, la volatilidad es un hecho, y el valor promedio del Brent en junio fue 6% más del esperado al inicio del mes y 41% más que el previsto al iniciar el año, sumado a que cada mes se posterga más la posible estabilización del precio del barril.

Un año atrás, y cuando la fórmula del PPI había sido recientemente votada dentro de la ley de urgente consideración (LUC), el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, la defendió en una entrevista con el diario El País. Sostuvo que quedaría atrás “una regulación artificial” de las tarifas, porque se terminaría la incidencia política, que llevó a los consumidores a pagar “sobreprecios” en el último quinquenio, esto es, valores por encima de lo que correspondía según la cotización del crudo. “Es transparente y predecible” la nueva fórmula, expresó. Preguntado sobre si agrega volatilidad, respondió: “Sí. Pero esa variabilidad va a brindar más certezas que las que tenemos hoy. Cuánto va a valer el combustible el año que viene en Uruguay depende de lo que diga el gobierno; en cambio [con el nuevo esquema se] va a fijar un precio en función de parámetros internacionales”.

Una fuente del gobierno, vinculada a las decisiones sobre combustibles, dijo a la diaria que, si se observa la evolución del crudo en el último año, hay una “clara tendencia al alza”, ya que pasó de 42 a 78 dólares; pero si se divide eso en 12 períodos (los meses transcurridos, es decir posibles ajustes con el PPI), “hay momentos en los que hubo pequeñas bajas”. Agregó que tener “subas permanentes y constantes” en el barril “no es lo común”, y que hay confianza que “cuando haya un par de bajas” del petróleo que se reflejen en el surtidor, “el costo político [por la nueva fórmula] se revertirá”. Afirmó, además, que por esta evolución internacional “en todas partes del mundo los combustibles subieron”.

En la vereda opuesta al gobierno, las críticas al régimen de PPI vienen en distintas direcciones. Pese a haber votado los dos artículos de la LUC que habilitaron este esquema, para el Frente Amplio (FA) el gobierno distorsionó la herramienta.

Según supo la diaria, ante las consultas recibidas, dirigentes frenteamplistas hicieron circular un mensaje vía Whatsapp en el cual explican la postura sobre el PPI y los motivos de los cuestionamientos al gobierno. Allí se subraya que el Poder Ejecutivo “antes y ahora” sigue siendo quien define las tarifas, porque el PPI “no es vinculante”, y que las subas recientes muestran un cambio de política: los gobiernos del FA hicieron ajustes en enero de cada año salvo alguna excepción, y “nunca ocurrió” tres subas en meses consecutivos; a su vez en los últimos cinco años la nafta aumentó 14,35 pesos, contra 15,86 pesos en un año y medio de la coalición multicolor en el poder.

El FA considera los aumentos “responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo”, que se “ampara” en los artículos de la LUC, y llama a “cambiar esta realidad” cuando los artículos de la LUC sean sometidos a referéndum.

Desde los sectores productivos y empresariales, que tienen en el gasoil uno de sus principales costos, distintas voces cuestionaron los últimos incrementos y el PPI: “Un duro golpe para la economía real este aumentazo”, opinó el presidente de la gremial de arroceros, Alfredo Lago; “nos estresa estar esperando todos los meses aumentos de los combustibles”, expresó Mónica Silva, presidenta de la Federación Rural; “es un disparate”, dijo el presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado, José Pereyra. A su vez, el movimiento rural Un Solo Uruguay realizará una asamblea hoy ante el malestar por las subas.

Entre estos grupos de productores y empresarios es predominante la idea de la desmonopolización de Ancap, que volverá a escena con un nuevo proyecto de ley. Lo que entienden es que, sea vía el régimen anterior o el nuevo esquema, siguen los sobreprecios que pagan los consumidores y afectan la competitividad.

El técnico agropecuario José Luis Matonte, quien publica datos y opiniones en Twitter sobre los combustibles, puso esta idea en números: “¿El sistema actual es mejor que el anterior? El sobreprecio es el espacio entre el precio final y el PPI [que la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua ya calculaba, aunque con otra metodología, desde 2002]. Antes el precio estaba fijo durante un semestre o un año, y el sobreprecio era variable, ahora el precio es variable cada mes y el sobrecosto es fijo”. Esos sobrecostos el gobierno los estimó en tres pesos por litro y los incorporó al PPI en el último aumento, entonces de mantenerse esto en un año “el sobreprecio total será 158 millones de dólares”, una “cifra similar”, subrayó Matonte, a la que surge de comparar el PPI con el precio en surtidor en 2019, con el antiguo régimen de tarifas.

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