Investigación del Iecon: “Consensos y disensos de los economistas en Uruguay”

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Las investigadoras Verónica Amarante, Marisa Bucheli y Cecilia Lara analizaron el grado de consenso entre los economistas uruguayos sobre una multiplicidad de temas.¹ Concluyeron que la tendencia al consenso fuerte y sustancial es menor que en otros países, y que los mayores niveles de acuerdo se detectan en preguntas relativas a discriminación y temas ambientales. También identificaron acuerdos en torno a la necesidad de promover una mayor equidad de ingresos y en la importancia del rol del Estado para alcanzarla, pero divergencias sobre cuáles son las mejores herramientas redistributivas.

El artículo del Instituto de Economía (Iecon) analiza el nivel de consenso que existe entre los economistas uruguayos en torno a diversas áreas temáticas. Como destacan las autoras, las investigaciones de este tipo cobran relevancia al menos por dos motivos. Primero, porque un grado elevado de disensos podría percibirse como una debilidad en lo que respecta al carácter científico de la disciplina, un aspecto que, como indica el estudio, sigue siendo objeto de amplio debate. Segundo, por el protagonismo que actualmente tienen los economistas en materia de diseño e implementación de políticas públicas.

Algunos antecedentes

Pese a su importancia, Uruguay no tiene antecedentes en el estudio de esta temática, salvo por una investigación que analiza las diferencias de género en las opiniones sobre temas vinculados con la libre competencia –y que concluye que las mujeres son más proclives a apoyar la intervención del gobierno–.² Por este motivo, las referencias utilizadas para contrastar los resultados corresponden a estudios internacionales, en particular de Estados Unidos y México. A este respecto, el primer antecedente se encuentra en la investigación de Kearl et al. (1979), que aborda el grado de consenso entre los economistas estadounidenses.

A partir de esta investigación, el conocimiento acumulado indica que entre estos economistas existe mayor acuerdo en torno a las cuestiones microeconómicas que a los aspectos macroeconómicos, mayor acuerdo en proposiciones positivas que normativas, y un apoyo generalizado al libre comercio en contraposición a las restricciones comerciales. En el caso europeo, las autoras refieren al trabajo de Frey et al. (1984), que releva las opiniones en Francia, Austria, Alemania Federal y Estados Unidos. Las diferencias que se desprenden del análisis comparativo son importantes y podrían devenir de la heterogeneidad cultural e histórica, así como de las diferencias en las condiciones económicas y políticas entre cada país. “Los estadounidenses, alemanes y suizos tienden a favorecer el mercado y la competencia, mientras que los austríacos y franceses tienden a favorecer las intervenciones gubernamentales”.

De forma más general, de la revisión bibliografía presentada se desprenden varios factores que podrían explicar la divergencia de opiniones entre los profesionales de la economía. Entre ellas, las autoras destacan diferencias generacionales –cada grupo etario enfrenta distintos sets de evidencia acumulada según el período que corresponda–, diferencias de género –los varones se inclinan más por las soluciones de mercado y son menos aversos hacia los niveles de desigualdad y discriminación– y diferencias vinculadas a los valores, las escuelas de pensamiento y la ideología política.

Datos y aspectos metodológicos

Los datos de estudio surgen de una encuesta realizada en línea entre el 1o de febrero y el 30 de abril de 2021 a los egresados de las carreras de Economía entre 1980 y 2020 (EEGU). Del universo considerado, que asciende a 898 personas, 87% egresó después del 2000, 23% corresponde al sector privado –Universidad Católica del Uruguay, Universidad de Montevideo y Universidad ORT– y 48% son mujeres.

El cuestionario recoge 39 opiniones estructuradas en torno a seis áreas temáticas: i) Supuestos y estatus como ciencia; ii) Soluciones de mercado e intervención del gobierno en mercados; iii) Desigualdad y redistribución; iv) Discriminación; v) Políticas educativas; y vi) Medio ambiente. Además de las opiniones, el estudio indaga sobre múltiples características personales de los encuestados, entre ellas el sexo, la edad, el país de residencia, los estudios de posgrado, el vínculo con la academia, los rasgos de los padres y la autoidentificación dentro del arco ideológico.

Para recoger esto último, las investigadoras les pidieron a los encuestados que se ubicaran en una escala que del 1 al 10, siendo 1 la extrema izquierda y 10 la extrema derecha. A partir de esto, los economistas fueron agrupados en tres grupos: izquierda (valores 1, 2 y 3), centro (4 y 5) y derecha (6 o más). Respectivamente, la incidencia de cada grupo es 45%, 32% y 23%. Para contrastar esta distribución, el artículo se apoya en los resultados del Latinobarómetro en 2020 (ver cuadro 1). “Si se realiza una agrupación análoga a la nuestra, incluyendo el valor 0 en la izquierda, se obtiene que el grupo de universitarios es más de izquierda que la población en general. A su vez, la izquierda tiene aún más incidencia en la muestra de la EEGU”, señala el documento.

En lo que refiere a la identificación ideológica del hogar, se solicitó que los encuestados respondieran con qué partido se asociaban sus padres por separado, para luego, a partir de las combinaciones resultantes, clasificar al hogar según su inclinación en tres grupos: hacia la izquierda, hacia la derecha e indefinido. De esta categorización se desprende que aproximadamente 44% de los economistas encuestados proviene de hogares posicionados hacia la izquierda, 33% de hogares posicionados hacia la derecha y 22% de hogares que no se identifican fuertemente en términos partidarios. De esta manera, surge que la asociación entre la identificación ideológica del hogar y la posición ideológica individual es muy alta.

En ese sentido, 70% de los economistas que proviene de un hogar ubicado hacia la izquierda, se ubica también en el grupo de izquierda. Por su parte, entre los que provienen de un hogar ubicado hacia la derecha, cerca de la mitad pertenece al grupo de derecha. Por último, aquellos que vienen de hogares “cuya matriz ideológica no ha podido clasificarse como de izquierda o de derecha”, se ubican principalmente en el centro del espectro ideológico (46%) o a la izquierda (35%). Más aún, la probabilidad de transitar de un hogar caracterizado como de derecha hacia una posición individual de izquierda es mayor que la de la trayectoria inversa (20% vs 5%, respectivamente).

¿Cómo se evalúa el consenso?

Para medir el grado de consenso la estrategia utilizada se recuesta sobre tres indicadores y categoriza el grado de consenso como fuerte, cuando los tres apuntan en esa dirección, sustancial, si son dos los indicadores de consenso, y modesto en el caso de que sea uno solo. Si ninguno de los tres refleja consenso, es nulo (disenso). A su vez, las investigadoras recurren a un indicador adicional que les permite ordenar las 39 afirmaciones en una única escala, de forma de contar con una aproximación al consenso relativo entre economistas.

Consensos y disensos: un panorama general

Once de las 39 afirmaciones fueron clasificadas como de consenso fuerte, siendo los bloques de discriminación y medio ambiente los que más contribuyeron al resultado. En particular, el primero es el que acumula las mayores coincidencias entre los encuestados. En el consenso sustancial el estudio recogió siete afirmaciones, mientras que 20 quedaron agrupadas como de consenso modesto, siendo esta la categoría más frecuente. El consenso nulo solamente se correspondió con una de las 39 afirmaciones, correspondiente al área temática de intervención del gobierno. De esta manera, la participación de cada categoría en el total fue la siguiente: consenso fuerte en 28% de las opiniones, sustancial en 18%, modesto en 51% y nulo en 3%. A efectos de contar con un anclaje de referencia, el último estudio realizado para Estados Unidos arrojó una distribución de 33%, 30%, 35% y 2%, respectivamente (2020), y para México fue de 24%, 34%, 34% y 7% (2019). “El consenso nulo es bajo en todos los casos, mientras que la suma de fuerte y sustancial es 63% en Estados Unidos y 58% en el caso mexicano”. Para el caso uruguayo, esa agrupación asciende a 46%, lo que evidencia un grado menor de consenso en relación a las referencias consideradas.

Consenso y disenso por área temática

Supuestos y estatus como ciencia

En esta primera dimensión se relevó el nivel de convergencia en torno a tres principios de la economía neoclásica y cuatro afirmaciones relacionadas con el carácter científico de la economía. Sobre lo primero, los resultados no reflejan consenso entre los encuestados. Los supuestos puestos a consideración refieren a la eficiencia de las soluciones de mercado en la asignación de los recursos, a la conducta racional maximizadora de utilidad de los individuos y a la eficacia de los incentivos económicos para guiar el accionar de las personas. En los tres casos el consenso fue modesto. El consenso modesto también primó al analizar las cuatro afirmaciones restantes, aunque con una excepción: 88% de los encuestados señala que la nacionalidad o inclinación política afecta las conclusiones de los economistas, por lo que el consenso se clasifica como fuerte. De hecho, es la tercera afirmación de mayor consenso dentro del ordenamiento relativo de las 39.

Soluciones de mercado e intervención del gobierno

En este pilar fueron 11 las preguntas presentadas a los encuestados, de las que se detectó consenso fuerte o sustancial en cuatro, consenso moderado en seis y disenso en una. Entre las afirmaciones que suponen consenso fuerte, los economistas se muestran en desacuerdo con la idea de que las leyes de protección al consumidor reducen la eficiencia económica y de acuerdo con que el gobierno debería intervenir para reducir el poder de monopolio de empresas privadas. “Es decir, que los encuestados se manifiestan a favor de la intervención gubernamental en los mercados para proteger, en última instancia, al consumidor”.

Entre las opiniones con consenso sustancial, destaca el desacuerdo con la afirmación de que la mejor manera de promover el crecimiento es que el gobierno no desarrolle actividades productivas (71%). Por otra parte, las preguntas vinculadas a la inserción internacional “generan consenso modesto en términos absolutos y neutralidad, o incluso disenso, en términos relativos”. En particular, las opiniones sobre los efectos beneficiosos de los tratados de libre comercio para las economías pequeñas están divididas (56% está de acuerdo).

Las visiones sobre el mercado laboral tampoco acumulan consensos importantes, “estando en las posiciones cuatro y seis de mayor disenso”. Concretamente, se encontró divergencia sobre la conveniencia de limitar significativamente el poder de los sindicatos (58% en desacuerdo) y sobre flexibilizar los despidos (55% en desacuerdo).

Por último, dentro de este bloque también se incluyó una pregunta sobre la reforma previsional, un tema de creciente presencia en el debate público. Concretamente, el consenso resultó nulo en torno a la siguiente afirmación: si se busca postergar la edad de jubilación es mejor modificar las tasas de reemplazo que aumentar la edad mínima de jubilación (33% en desacuerdo). Según las autoras del estudio, esta pregunta “arroja resultados confusos”, dado que el consenso es nulo con base en los tres indicadores, pero no queda mal posicionada en términos relativos.

Desigualdad y redistribución

Fueron seis las preguntas que se plantearon en esta área temática, dos de las cuales despertaron consenso fuerte: la distribución del ingreso debería ser más equitativa (79% de acuerdo) y la redistribución del ingreso es una de las tareas que debe llevar adelante el gobierno (83% de acuerdo). En las restantes afirmaciones el consenso es modesto –y dos de ellas presentan disenso relativo–. “Los mayores porcentajes de acuerdo corresponden a no aumentar los impuestos a los más ricos porque ya están pagando tasas muy altas (65%) y a que los impuestos directos deberían ser el pilar de los sistemas tributarios (58%). Menos acuerdo hay en apoyar el impuesto a la herencia por razones filosóficas (49%)”.

Ante estos resultados, las autoras subrayan que, pese a existir acuerdo en torno a la necesidad de lograr una mayor equidad en los ingresos, no se visualiza convergencia sobre cuál es la mejor herramienta redistributiva. “Esto es, existe una dificultad en que los economistas se pongan de acuerdo en las medidas a seguir para lograr una distribución más equitativa”.

Discriminación

Esta es el área temática con mayor convergencia de opiniones dentro de la muestra, dado que las siete afirmaciones que nuclea acumulan consensos fuertes o sustanciales. En particular, 96% de los egresados está de acuerdo con implementar políticas que garanticen la disponibilidad y acceso a servicios de cuidados para los niños. En efecto, esta es la proposición con más consenso en el ordenamiento relativo. Según las investigadoras, “resulta de particular interés el acuerdo que concita la política pública de servicios de cuidado de niños, aunque no se ha indagado en el tipo específico de política que podría generar mayor apoyo”.

En la misma línea, 85% de los encuestados está en desacuerdo con que los hombres y las mujeres tienen las mismas oportunidades de empleo, cifra que se mantiene ante la afirmación de que los afrodescendientes tienen las mismas oportunidades de trabajo que el resto de la población. El consenso también es fuerte en torno al papel que debe jugar el gobierno para promover la equidad de género en los espacios de toma de decisión política (79% de acuerdo). A partir de lo anterior, se destaca que en el apoyo a los servicios de cuidados para niños “pueden operar otras motivaciones vinculadas a la atención a la infancia en sí misma y no solamente a los potenciales efectos positivos para la inserción laboral femenina”.

En el resto de las afirmaciones, el consenso es sustancial: para las mujeres, tener un buen trabajo a tiempo completo se dificulta por la carga desproporcionada de trabajo doméstico y de cuidados (77% de acuerdo), implementar programas de acción afirmativa para aumentar el balance de género en los altos cargos de empresas privadas (72%) e implementar programas de acción afirmativa para aumentar la presencia de afrodescendientes en el sector privado (75%).

Políticas educativas

Ninguna de las cuatro preguntas comprendidas en este plano despierta consenso fuerte entre los economistas. El 65% se manifestó en contra de cobrar los estudios universitarios públicos, lo que genera un consenso sustancial. El consenso es menor y las divergencias son más grandes cuando se cuestiona el establecimiento de cupos de ingreso a las universidades públicas, el aumento del cobro a los egresados de la Universidad de la República –Fondo de Solidaridad– y el establecimiento de sistemas de vouchers –permitir que las familias elijan escuelas públicas o privadas en un sistema educativo con financiamiento público–. En estos temas el acuerdo entre los egresados es menor y es mayor la tasa de no respuesta, concluye el estudio.

Medio ambiente

Más de 10% de los encuestados decidió no responder a la mayoría de las preguntas que se desprenden de esta temática, lo que podría sugerir, según las autoras, una falta de conocimiento relativa al resto de las áreas comprendidas en el estudio. “El consenso fuerte aparece en el acuerdo en que el gobierno deber ser más activo en controlar las emisiones de gases de efecto invernadero (84%) y en el desacuerdo en priorizar el empleo incluso a expensas del medio ambiente (67%)”.

Tipología de los economistas uruguayos

A partir de un análisis de correspondencia múltiple y con la metodología de clusters, la investigación distingue dos grupos diferenciados de economistas en función de sus opiniones sobre temas económicos.

Por un lado, quienes pertenecen al Grupo 1 están en desacuerdo con no aumentar impuestos a los ricos y con flexibilizar los despidos. También están muy de acuerdo en que la distribución del ingreso debería ser más equitativa y que el gobierno debería promover una mayor equidad de género en los espacios de decisión política. Por el otro, los que pertenecen al Grupo 2 “tienden a opinar lo opuesto, aunque sus posiciones no son tan extremas”.

Del análisis comparativo de ambos se desprende que “la homogeneidad de opiniones es notoriamente mayor en el Grupo 1, mientras que el Grupo 2 se caracteriza por opiniones más dispersas”. Por ejemplo, dentro del primer grupo hay 19 proposiciones con un porcentaje de acuerdo o desacuerdo superior a 66%, mientras que en el segundo esa cifra es apenas 7 (ver cuadro 2).

El estudio también concluye que la probabilidad de pertenecer al Grupo 1 es significativamente mayor para las mujeres y que tiende a ser mayor para el grupo de 30-39 años en relación con los más jóvenes. A su vez, los economistas cuyo máximo nivel educativo es la maestría tienen una menor probabilidad de pertenecer al Grupo 1 que quienes sólo tienen el grado o han realizado un doctorado. Y esta probabilidad es más alta cuando hay vínculos con la academia, sean presentes o pasados. Por otro lado, las variables que reflejan la ideología –individual y del hogar– resultan altamente significativas para predecir la pertenencia al Grupo 1. Los economistas “cuyas opiniones sobre temas económicos condujeron a ubicarlos en el Grupo 1, están concentrados entre quienes se posicionan a la izquierda en el espectro ideológico, y también tienden a provenir de hogares de posicionamiento ideológico hacia la izquierda”.