Este mes, los líderes del G7 se reunirán en Alemania para discutir una letanía de crisis globales superpuestas, entre ellas la guerra en Ucrania, la inseguridad alimentaria, la inflación, las cadenas de suministro globales atascadas, la respuesta a la pandemia y el cambio climático. Estos desafíos tienen un denominador común: todos están afectando con más crudeza a los países de bajos y medianos ingresos que ya enfrentan una crisis de deuda en aumento.
Cuando la covid-19 llegó hace dos años y medio, casi 60% de los países más pobres ya estaban inmersos en una crisis de deuda o corrían un alto riesgo de experimentarla. Desde entonces, la pandemia ha llevado el endeudamiento total de este grupo a un pico de 50 años, haciendo que más de dos docenas de países corrieran un alto riesgo de default en 2022 (de hecho, Sri Lanka se convirtió en la primera víctima el mes pasado).
La mayoría de estos países todavía luchan por recuperarse de la pandemia y ahora un tsunami de shocks negativos amenaza aún más sus perspectivas. Además del incremento de los precios de materias primas como la energía, el trigo y los fertilizantes, las alzas de las tasas de interés en Estados Unidos y otras economías importantes están haciendo subir los costos de endeudamiento a nivel global.
Asimismo, como muchos de los países de más bajos ingresos ni siquiera tienen calificaciones crediticias, siguen dependiendo absolutamente de una financiación del desarrollo para compensar la escasez de ingresos y satisfacer las necesidades básicas. El Banco Mundial proyecta que casi 100 millones más de personas tal vez caigan en una pobreza extrema en 2022.
Los miembros del G7 –Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea– están en una posición privilegiada para ayudar a los países de bajos ingresos a gestionar condiciones macroeconómicas en deterioro. Además de China, son la mayor fuente de financiación del desarrollo a nivel global. También están entre los principales accionistas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, y son actores de poder en foros clave como el Club de París de acreedores soberanos y el G20, donde hoy en día se formula la mayor parte de los acuerdos de alivio de deuda y renegociación de deuda.
A pesar del enorme poder de este grupo reducido y acaudalado, no ha utilizado plenamente las herramientas a su disposición para ayudar a los países más pobres. La primera herramienta son los derechos especiales de giro (DEG) del FMI, una moneda fiduciaria internacional que el FMI puede emitir a instancias de los países del G7 para ayudar a los países más pobres a gestionar sus deudas crecientes y los efectos de la inflación.
Sabemos que esta herramienta funciona porque la asignación de DEG por 650.000 millones de dólares del FMI en agosto de 2021 ayudó a numerosos países de bajos y medianos ingresos a evitar crisis fiscales e incumplimientos de pago manteniendo, al mismo tiempo, los servicios públicos esenciales. Ahora, es necesaria una nueva asignación para ayudar a evitar una catástrofe humanitaria y económica a medida que las crisis de hambre y las presiones inflacionarias se intensifiquen en los próximos meses. Los países del G7 también deberían instar a Estados Unidos a “reciclar” su propia asignación de DEG no utilizada para respaldar a los países necesitados. El resto de los miembros del G7 ya lo ha hecho mediante compromisos con el Fondo de Resiliencia y Sustentabilidad del FMI.
El Banco Mundial proyecta que casi 100 millones más de personas tal vez caigan en una pobreza extrema en 2022.
La segunda herramienta es el alivio de deuda condicionado. En la cumbre de este mes, los líderes del G7 deberían instar a los países del G20 a ampliar de inmediato la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda hasta fines de 2023. También necesitan apuntalar el fallido Marco Común del G20, que es el foro “de referencia” actual para la reestructuración de deuda soberana. Aquí, es importante encontrar maneras de comprometerse constructivamente con China y con los acreedores privados. De lo contrario, se debería abandonar el mecanismo para que se pueda desarrollar un marco más funcional y verdaderamente multilateral para la reestructuración de la deuda.
En cualquier caso, el G7 debería explorar la idea de intercambios de deuda por salud o deuda por clima, mediante los cuales se condone la deuda soberana a cambio del compromiso por parte de un país de usar fondos liberados para invertir en sistemas de salud, energía limpia y demás. El Fondo Global ya ha utilizado este mecanismo (en una menor escala) para movilizar financiamiento para la lucha contra el VIH, la tuberculosis y la malaria. Ahora, debería aplicarse la misma estrategia de manera más amplia con el fin de fortalecer los sistemas de salud y la preparación y respuesta ante una pandemia (PPR por su sigla en inglés).
Dado que se estima que la brecha de financiación anual para PPR ronda los 10.500 millones de dólares, y que el fondo intermediario financiero para PPR del G20 ha recaudado menos de 1.000 millones de dólares a la fecha, claramente necesitamos encontrar maneras más efectivas de ayudar a los países de bajos y medianos ingresos a financiar inversiones en sus sistemas de salud. Un alivio de la deuda selectivo es un primer paso esencial.
La tercera herramienta es el régimen de préstamos del FMI –pero sólo si se lo puede reformar–. Desde el inicio de la pandemia, el FMI ha otorgado más de 150 préstamos a países, ostensiblemente para ayudar a los países de bajos y medianos ingresos a crear espacio fiscal con el cual gestionar una crisis de salud pública y económica. Pero la mayoría de estos acuerdos contienen cláusulas contraproducentes que exigen que los gobiernos receptores recorten los gastos en salarios públicos o reduzcan sus ratios de deuda-PIB. El propio departamento de investigación del FMI ha determinado que estas condiciones tienden a socavar la capacidad del Estado, a poner en peligro los servicios esenciales y a aumentar la desigualdad en el mediano a largo plazo.
Los líderes del G7 deberían usar su influencia sustancial en el FMI para presionar por un nuevo modelo operativo, de modo que el dinero que presta para respaldar la inversión pública en servicios esenciales no termine afectando la capacidad de esos países de brindar esos servicios.
Si el G7 quiere que los países de bajos y medianos ingresos inviertan más en “salud para todos”, descarbonización y otros Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, necesita hacer todo lo que esté en su poder para ayudar a crear las condiciones externas correctas. Al respaldar una nueva asignación de DEG, ofrecer un alivio de deuda condicionado y al poner fin a la obsesión del FMI con la austeridad, los líderes del G7 pueden ayudar a brindarles a los países más pobres una posibilidad de dar pelea.
Mariana Mazzucato, directora fundadora del Instituto para la Innovación y el Propósito Público de la UCL, es presidenta del Consejo sobre la Economía de la Salud para Todos de la Organización Mundial de la Salud. Alan Donnelly, ex miembro del Parlamento Europeo, es fundador y coordinador de la Alianza para la Salud y el Desarrollo del G20. Copyright: Project Syndicate, 2022. www.project-syndicate.org