Los pequeños estados insulares en desarrollo (PEID) están en la primera línea del cambio climático, amenazados por los crecientes niveles del mar, los fenómenos meteorológicos extremos y el calentamiento y la acidificación de los océanos, a pesar de ser los que menos contribuyen a las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Esto plantea ahora un riesgo existencial para nuestras formas de vida, nuestros medios de subsistencia y el propio suelo bajo nuestros pies.
Dada nuestra dependencia desproporcionada de los océanos, los PEID estamos en una posición única para preservar este recurso frágil pero esencial. Estos países albergan el 40% de los arrecifes de coral del mundo, que dan cobijo a una cuarta parte de toda la vida marina y sustentan directamente los medios de subsistencia de 500 millones de personas. Pero, aunque nuestros ecosistemas desempeñan un papel crucial en la mitigación del cambio climático y la adaptación a este, los PEID se enfrentan a bucles de retroalimentación negativa derivados de una serie de desafíos económicos y ambientales interconectados.
En las Maldivas, que comprenden casi 1.200 islas y contienen el 3% de los arrecifes de coral del planeta, la pesca y el turismo representan hasta el 36% del PIB, mientras que alrededor del 98% de las exportaciones proceden del océano. Dado que la economía depende de la salud de los arrecifes de coral y de la vida marina, el aumento de la decoloración de los corales y la disminución de las poblaciones de peces suponen un problema económico. Asimismo, el cambio climático ha provocado la escasez de agua dulce, obligando a Maldivas a depender del agua embotellada y aumentando así el flujo de residuos plásticos en el océano.
Algo parecido ocurre en las Bahamas, que cuentan con 700 islas y la tercera barrera de coral más grande del mundo. El turismo es aún más importante para la economía bahameña, ya que representa alrededor del 50% del PIB y da empleo a casi el 70% de la población activa. Pero, a pesar del papel económico esencial del turismo, tiene sus propios retos. Por ejemplo, los cruceros vierten plásticos, combustible y otros desechos al océano, degradando los propios activos que atraen a los turistas.
En muchos PEID, el océano es también una vía importante de comunicación. Para una población diseminada en atolones o en un archipiélago, la circulación de personas y bienes esenciales –como alimentos, suministros médicos, agua potable y combustible– depende de los barcos correo y las barcazas que transitan entre las islas, y que son especialmente vulnerables a las condiciones climáticas adversas. Los fenómenos meteorológicos cada vez más frecuentes y graves –consecuencia del cambio climático– podrían dejar a las comunidades con suministros insuficientes y sin saber cuándo llegará el próximo envío.
Además de alterar las cadenas de suministro, los desastres climáticos pueden destruir la infraestructura. El año pasado, San Vicente y las Granadinas sufrió daños económicos estimados en 230 millones de dólares, equivalentes al 22% de su PIB, a causa del huracán Beryl, mientras que el huracán Dorian arrasó con más del 25% del PIB de las Bahamas en 2019. Dominica sufrió un destino aún peor en 2017, cuando el huracán María dañó o destruyó el 95% de su parque de viviendas y causó pérdidas económicas que ascendieron al 226% de su PIB. Estos sucesos catastróficos alteran todos los aspectos de la vida en nuestras islas, y los elevados costos de reconstrucción dan lugar a otro bucle de retroalimentación negativa: las mayores pérdidas económicas derivadas de la infraestructura vulnerable reducen nuestra capacidad para invertir en resiliencia.
En Maldivas, el 35% de la financiación para la adaptación climática procede del presupuesto nacional, mientras que el 34% proviene de préstamos que en algún momento habrá que devolver. Estos desembolsos desvían recursos de otras necesidades acuciantes, como mejorar la educación y los servicios sanitarios y fortalecer la gobernanza democrática. Asimismo, la presión financiera derivada de las alteraciones climáticas hace que la minería exploratoria en aguas profundas y otras empresas arriesgadas resulten más tentadoras como solución a corto plazo para aumentar los ingresos, a pesar de los daños a largo plazo para el medioambiente marino.
La clave para romper estos bucles de retroalimentación es una mayor financiación. El problema es que muchos PEID están endeudados o corren el riesgo de estarlo, lo que hace que los nuevos préstamos resulten prohibitivos. Los países que han dejado de ser “países menos desarrollados” también tienen dificultades para conseguir inversiones suficientes, puesto que ya no pueden acceder a diversos mecanismos de subvención y financiación en condiciones favorables. Los PEID corren así el riesgo de entrar en una espiral de deuda.
Una solución prometedora es aumentar el uso de bonos verdes y azules, que proporcionan una financiación más asequible para la adaptación climática y la conservación de la biodiversidad, lo que permite a los PEID proteger los ecosistemas críticos y aumentar la resiliencia económica. En las Bahamas, por ejemplo, se espera que el proyecto Nature Bonds, recientemente anunciado –una colaboración intersectorial entre bancos, ONG y el gobierno de las Bahamas–, genere unos 124 millones de dólares para la conservación marina en los próximos 15 años, sin aumentar la carga de la deuda del país. Programas como Blue Bond Accelerator de la Alianza de Acción para la Resiliencia contra los Riesgos Oceánicos, una nueva entidad sin fines de lucro que apoya a gobiernos, emisores privados e inversores en la estructuración de estos instrumentos, también ayudarán a desbloquear capital a largo plazo para los PEID.
Igual de convincentes son los créditos de biodiversidad y carbono, que reconocen el papel esencial que desempeñan los PEID en la mitigación del cambio climático. Los arrecifes de coral, los manglares y las praderas marinas de estas islas son importantes reservorios de biodiversidad y carbono, que absorben grandes cantidades de CO2 y proporcionan beneficios económicos valiosos. La incorporación de estas contribuciones a los mercados de cumplimiento y de créditos voluntarios desarrollaría nuevas vías de financiación para los PEID, garantizando que se vean recompensados económicamente por sus esfuerzos de conservación.
Con estas herramientas, los PEID pueden aprovechar nuestros ecosistemas y recursos naturales únicos para lograr un futuro más resistente y sostenible. Efectivamente, estos países están en primera línea en la lucha contra el cambio climático. Pero los PEID también albergan algunos de los activos naturales más valiosos del mundo. Preservar estos recursos valiosos requiere estrategias económicas sostenibles, soluciones financieras innovadoras y, quizá lo más importante, un apoyo internacional coordinado.
Maya Delaney, exembajadora de acción climática juvenil de las Bahamas, dirige el proyecto Octopus Desk en la Alianza de Acción para la Resiliencia contra los Riesgos Oceánicos. Aminath Shauna, exministra de Medio Ambiente, Cambio Climático y Tecnología de Maldivas, es miembro de la junta directiva de la Alianza de Acción para la Resiliencia contra los Riesgos Oceánicos. Copyright: Project Syndicate, 2025.