En los últimos meses, la gestión financiera de la Intendencia de Montevideo ha sido objeto de cuestionamientos. La situación actual de tensión financiera se ha atribuido a un aumento del gasto público considerado desmedido, junto con una asignación de recursos calificada como ineficiente. Las evaluaciones sobre la política económica no son solamente expresión de hechos duros, sino una historia que se cuenta sobre los datos.
Lo que llama la atención en este caso es lo poco que esa narrativa parece sostenerse a la luz de los números concretos. Pese a que aún no se dispone de los datos definitivos de 2024, el análisis de las cifras, que llega hasta 2023, revela una realidad muy distinta, marcada por un contexto adverso en la relación con el gobierno nacional y por la necesidad de atender problemas sociales crecientes. Como suele ocurrir, lo que subyace a este debate puntual tiene que ver con una problemática antigua y perdurable: el rol del Estado en la economía y los efectos de su intervención. Vale la pena, entonces, adentrarse en esas aguas.
El manejo del gasto: en busca del exceso
Comencemos analizando la evolución del gasto. Para contar con una referencia, los datos de la administración anterior resultan de utilidad. El gráfico 1 muestra, en ese sentido, una tendencia de crecimiento durante todo el período (2015-2020). Desde entonces, los egresos se han mantenido por debajo de esos niveles, exhibiendo una caída significativa en 2022 y una leve recuperación en 2023. Es probable que en 2024 también se registre un aumento, aunque difícilmente lleve a alcanzar los niveles de la administración anterior o el ritmo de crecimiento observado en aquel período. No hubo, por lo tanto, un aumento del gasto, mucho menos “desmedido”.
Por su parte, el gráfico 2 muestra el resultado fiscal –diferencia entre ingresos y egresos–, una medida que se corresponde con el grado de responsabilidad fiscal de la gestión. Aunque hubo déficit en 2021 y 2023, sus magnitudes no sobrepasan las de la administración anterior y están alineadas con lo observado en el resto de las intendencias. Como porcentaje de los ingresos, en su peor año (2021), este indicador ascendió a -1,24%, mientras que en 2023 se ubicó en -1,11%. Comparado con las demás intendencias, este resultado es inferior al promedio nacional (-1,70%) y coincide con la mediana, lo que indica que está en la posición media respecto al resto. Está lejos, por ejemplo, del -14,35% correspondiente a la Intendencia de Rocha en 2023.
El ahogo del gobierno nacional
Las transferencias
El análisis del lado de los ingresos sí mostró un comportamiento diferente frente al período anterior y con relación al resto de las intendencias, aunque, como vimos, sin afectar el resultado fiscal.
Un componente importante de los ingresos de las intendencias proviene de las transferencias del gobierno nacional, que complementan los ingresos de origen departamental. Estas están compuestas por partidas de diferente monto y origen, de acuerdo con una normativa que, como se verá, fue claramente transformada para perjudicar a la Intendencia de Montevideo.
A este respecto, el gráfico 3 ilustra la caída en las transferencias nacionales entre la administración anterior (2016-2020) y el último trienio (2020-2023). Se estima que, en términos acumulados, entre 2021 y 2023 Montevideo perdió más de $ 1.600 millones, una cifra que equivale a casi seis veces el déficit de 2023 o al 7% de los ingresos totales de ese año. Además del recorte en los montos, el gobierno nacional también ha demorado pagos a los que está obligado. Esto se refuerza al constatar que las transferencias a intendencias no frenteamplistas no siguieron la misma tendencia, lo que confirma un sesgo político en la distribución de recursos.
No hay una justificación económica para estas decisiones. Vale recordar que durante los gobiernos del Frente Amplio se eliminó la discrecionalidad en estas transferencias, y el tema dejó de ser objeto de debate. Como la fruta no cae lejos del árbol, con el cambio de signo político, reaparecieron inequidades.
El financiamiento de largo plazo
Los préstamos de largo plazo son clave para realizar inversiones estructurales cuyos beneficios se extienden en el tiempo más allá del período de gestión puntual. Sin embargo, durante este período se bloqueó directamente el acceso a este tipo de financiamiento, que se instrumenta a través de fideicomisos.
Por un lado, se perjudicó a la intendencia a través del bloqueo de fideicomisos. Quedó por el camino, por ejemplo, el acceso a un fideicomiso como el del Fondo Capital, del que sí dispuso la administración frenteamplista anterior. La frustrada renovación de este fondo privó a Montevideo de aproximadamente 124 millones de dólares, equivalentes a un año de inversiones.
Otro importante canal de acceso a financiamiento que fue frustrado, producto de la oposición en la Junta Departamental, implicaba el acceso a recursos del Banco Interamericano de Desarrollo por 70 millones de dólares, nada menos que destinados a proyectos ambientales de saneamiento y recolección de residuos.
En esa línea, durante 2024 se sumaron nuevas medidas de perjuicio para la Intendencia de Montevideo, como la gestión para la declaración de inconstitucionalidad de la tasa de inflamables que pagaba Ancap, a pesar de que existía un acuerdo de reducción planificada del monto abonado. A esto se sumó también la reforma que desvincula el pago de multas de las patentes de vehículos. Estas decisiones afectan la recaudación, y la última, además, reduce la percepción de riesgo de infringir normas de tránsito.
Un gasto con perfil social
En el contexto de un gobierno nacional con signo contrario, el Frente Amplio se propuso para esta gestión capitalina “enfrentar desde la intendencia los embates del programa restaurador de privilegios” [Programa de gobierno departamental de Montevideo 2020-2025] impulsado por el gobierno nacional. La insuficiente respuesta del gobierno ante los efectos de la crisis derivada de la pandemia perfiló lo que sería un sello de la gestión, un perfil de distribución de ingresos que ensanchó las desigualdades del país.
El análisis del gasto de la intendencia por área da cuenta de la respuesta política ante los efectos del modelo económico desarrollado por las políticas nacionales. El gráfico 4 muestra la evolución del gasto del Departamento de Desarrollo Social, que tiene a su cargo las divisiones de políticas y salud. Allí se muestra una clara tendencia creciente a partir de esta administración. Es más, este fue el departamento de mayor crecimiento, tanto en monto como en porcentaje del total, con un crecimiento de un 60% si se compara con el promedio del pasado quinquenio (2016-2020).
Esto se tradujo en programas como el Plan ABC, que la intendencia implementó desde 2021. Por esta vía se desplegaron iniciativas en áreas tensionadas por la coyuntura social, como igualdad de género, salud, trabajo, alimentación y territorio. Se destinaron, en ese sentido, recursos significativos para la ampliación de las policlínicas, el apoyo a las ollas populares, entre otros programas; todas políticas públicas orientadas a atender las necesidades de las poblaciones más afectadas por el repliegue del gobierno nacional.
Balance y perspectivas
El ahogo financiero al que fue sometida la intendencia no sólo daña una administración específica, sino a toda la ciudadanía montevideana, que quedó de rehén de cálculos electorales mezquinos. Esta forma de gestionar del gobierno nacional profundizó las desigualdades y no obtuvo respaldo en las urnas para renovarse.
La gestión financiera de esta administración cumplió con un gran desafío: mantener el manejo responsable de las finanzas públicas en un contexto de restricciones, mientras se avanzaba en su principal objetivo político, el bienestar de todas las personas y la garantía de sus derechos, en particular, para los más desfavorecidos. Mucho de esto es lo que estará en juego para el futuro de Montevideo.