Sobre las divergencias entre figuras del gobierno y el ministro de Economía, Gabriel Oddone, consideró “razonable” que se busque preservar la imagen de Uruguay en el exterior.
Reducir la pobreza es una prioridad fundamental para Uruguay: no sólo es una cuestión de justicia social, sino que es un “desafío clave” para el desarrollo económico del país, dijo a la diaria el magíster en Economía y director de la consultora Etcétera Fernando Isabella.
Para el especialista, la pobreza y la desigualdad generan un costo económico “significativo”. “Muchos de los factores que limitan el crecimiento de la economía uruguaya están directamente relacionados con la exclusión de una parte importante de la población del acceso a niveles básicos de bienestar. Esto impide el desarrollo pleno de las capacidades de las personas, afecta la productividad y, en consecuencia, la competitividad del país. En ese sentido, reducir la pobreza no es sólo una meta social, “sino también una estrategia de crecimiento económico”, remarcó.
Consultado sobre qué evaluación hace de la anterior gestión de gobierno, Isabella destacó que “la pobreza aumentó”, al pasar de 8,5% a 10%. “Si bien creció en el contexto de la pandemia y luego se redujo levemente, no logró volver a los niveles previos a la covid. Esto marca una diferencia con la mayoría de los países de América Latina, donde la recuperación fue más rápida. Incluso comparándonos con la región, que a menudo se considera una referencia pobre, Uruguay se destaca negativamente en este aspecto. En términos absolutos, esto significa entre 40.000 y 45.000 personas más en situación de pobreza”, añadió.
En cuanto a las divergencias ocurridas en las últimas semanas entre distintas figuras del gobierno y el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, Isabella opinó que le parece “razonable, en el sentido de que el gobierno tiene la responsabilidad de conducir el Estado, y en particular para un país pequeño como Uruguay, la percepción externa es clave”.
“En este contexto, que el gobierno transmita un mensaje excesivamente negativo podría generar efectos adversos a mediano y largo plazo. Por eso, es comprensible que maneje con cautela su discurso sobre la situación económica”, remarcó.
¿Qué evaluación hace de la gestión anterior y cómo encuentra la situación actual en materia económica en Uruguay?
La economía que dejó el gobierno de Luis Lacalle Pou tiene luces y sombras, como cualquier gestión. Sin embargo, si hay que inclinar la balanza, las sombras parecen predominar. Durante su mandato, la economía mantuvo una tasa de crecimiento promedio muy baja, una tendencia que ya se arrastraba desde 2015. De esta manera, Uruguay cierra una década de bajo crecimiento tras el desempeño históricamente alto registrado entre 2004 y 2014.
El gobierno de Lacalle Pou no logró revertir esta situación: la economía creció apenas un 1% anual en promedio, una tasa baja para cualquier país, pero especialmente preocupante para Uruguay, que aún enfrenta grandes desafíos en materia social y productiva.
Además, la pobreza aumentó. En términos generales, pasó de 8,5% a 10%. Si bien creció en el contexto de la pandemia y luego se redujo levemente, no logró volver a los niveles previos a la covid. Esto marca una diferencia con la mayoría de los países de América Latina, donde la recuperación fue más rápida. Incluso comparándonos con la región, que a menudo se considera una referencia pobre, Uruguay se destaca negativamente en este aspecto. En términos absolutos, esto significa entre 40.000 y 45.000 personas más en situación de pobreza.
Particularmente preocupante es el aumento de la pobreza infantil, que en menores de seis años creció más de tres puntos porcentuales. Esto refleja una economía que, aunque crece poco, lo hace con un aumento de la desigualdad.
Ese es el rasgo más distintivo del gobierno de Lacalle Pou: después de un período de reducción de la desigualdad entre 2008 y 2013, seguido de una etapa de estabilidad, su administración se caracterizó por un incremento en la brecha social. El índice de Gini, que mide la desigualdad, aumentó más de un punto, un cambio significativo dado que este indicador es difícil de mover.
Esto también se refleja en la relación entre los ingresos del 10% más rico y el 10% más pobre de la población, que pasó de ser 11 veces mayor a casi 12 veces. En resumen, el país no sólo creció poco, sino que lo hizo de una manera que amplió las desigualdades. En ese sentido, hay elementos fuertes de sombras en el funcionamiento económico.
¿Cuál es la evaluación que hace en términos fiscales?
Este es otro aspecto negativo de la gestión de Lacalle Pou. Su gobierno asumió con un déficit fiscal del 4,3% del PIB, en un contexto de fuertes críticas a la administración anterior, con advertencias sobre “luces rojas” y una situación fiscal grave. Sin embargo, tras cinco años, el gobierno dejó el país con el mismo nivel de déficit, pero con un gasto público y una presión fiscal aún mayores con relación al PIB.
Este dato es muy fuerte: uno de los objetivos centrales de su administración en materia económica, la mejora de las cuentas fiscales, no se logró. De hecho, el gobierno fracasó en su intento de corregir el desequilibrio fiscal.
A esto se suma un aumento significativo del endeudamiento. La deuda pública creció casi diez puntos del PIB, lo que equivale a unos 8.000 millones de dólares más. Si bien es cierto que este incremento se dio en gran medida durante la pandemia, justamente por eso el manejo fiscal en los años posteriores debió haber sido más cauteloso. Sin embargo, esto no ocurrió. En definitiva, en materia fiscal hay otro aspecto muy cuestionable.
¿Cuál es su opinión sobre las mediciones de empleo que se realizaron durante el anterior gobierno?
En cuanto al empleo, parece claro que se ha registrado un crecimiento durante este período de gobierno, lo cual es positivo. Recordemos que en los últimos meses del gobierno del Frente Amplio se había producido una destrucción de empleos después de un período inicial de fuerte creación de puestos de trabajo. Afortunadamente, el empleo ha vuelto a crecer, pero aún no tenemos una imagen clara de la magnitud de este crecimiento.
Esto se debe a cambios metodológicos en las mediciones, como la implementación de un panel rotativo que no permite hacer comparaciones directas con los datos previos. Los 100.000 nuevos empleos mencionados por el gobierno, aunque algunos pueden haber sido creados, están sujetos a discusión, ya que no son comparables con los datos de 2019.
El manejo de las estadísticas económicas del gobierno pasado fue muy desprolijo, por decir lo menos. Este tipo de discrepancias también pone en evidencia la importancia de manejar con rigor las estadísticas económicas, algo esencial incluso en términos democráticos, ya que las decisiones políticas y el debate público se basan en esa información. Un ejemplo claro de la falta de rigurosidad en este aspecto fue el caso reciente en el que el Ministerio de Economía y Finanzas cuestionó a dos organismos del propio gobierno, el Instituto Nacional de Estadística y el Consejo Fiscal Asesor.
Tengo la esperanza de que este gobierno sea más riguroso en el manejo de las estadísticas económicas, lo cual no sólo beneficiaría la transparencia, sino que también garantizaría un debate más informado y constructivo.
Teniendo en cuenta todas estas sombras y luces que mencionó, ¿cómo definiría la situación que recibe el Frente Amplio?
Evidentemente, el escenario es desafiante. Por un lado, el programa del Frente Amplio plantea objetivos muy compartibles en materia social, que implican aumentar el gasto en educación, salud, vivienda y cuidados, áreas que requieren un fortalecimiento sustancial. Al mismo tiempo, el país enfrenta una situación fiscal que no es cómoda y una economía con un crecimiento limitado.
Fernando Isabella (archivo, setiembre de 2019).
Foto: Ernesto Ryan
El principal desafío, como ha señalado el gobierno entrante, es acelerar el crecimiento económico. Esto es clave, ya que no sólo impulsa la generación de empleo y mejora los ingresos de las familias, sino que también fortalece los ingresos públicos. Un mayor crecimiento económico implica una mayor recaudación para el Estado, lo que resulta fundamental para abordar las prioridades sociales con las que el nuevo gobierno asume su gestión.
¿Qué medidas puede impulsar el gobierno para fomentar el crecimiento?
Esa es un poco la pregunta del millón tanto a nivel académico como político, y es una interrogante que no tiene respuestas fáciles. En el caso de Uruguay, parece claro que el crecimiento requiere una mayor inversión. Invertir significa destinar recursos a mejorar las capacidades productivas del país, ampliar la infraestructura, la maquinaria, las fábricas y las plantaciones.
Históricamente, la inversión en Uruguay ha sido baja. Si analizamos el crecimiento económico desde mediados del siglo XX, encontramos un desempeño promedio muy bajo. La falta de inversión ha sido un factor clave en este bajo crecimiento.
Por lo tanto, aumentar la inversión es esencial. Existen diversas estrategias para lograrlo, y una de las principales medidas propuestas por el nuevo gobierno apunta a ajustes en el régimen de promoción de inversiones. Este mecanismo, reglamentado en 2007 y posteriormente ajustado, ha sido crucial para el crecimiento en años recientes. Sin embargo, las condiciones actuales del país son diferentes y podrían requerir modificaciones, especialmente en la focalización de las exoneraciones fiscales hacia sectores estratégicos con alto potencial de desarrollo.
Otro aspecto fundamental es mejorar la inserción comercial de Uruguay. Durante años se asumió que esto significaba firmar acuerdos de libre comercio. Hoy, esa visión está muy discutida. Sin embargo, la administración anterior apostó fuertemente por esta estrategia sin obtener resultados concretos. Hoy es otro mundo. La posible firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea sería un paso clave en esta dirección.
Más allá de los grandes acuerdos, existen esfuerzos a nivel micropolítico que pueden tener impactos significativos. Organismos como Uruguay XXI, la cancillería, el INAC y el Ministerio de Turismo trabajan en la firma de acuerdos específicos que faciliten el acceso de productos uruguayos a mercados internacionales. Estas acciones, aunque más discretas, pueden ser muy efectivas en el corto plazo.
A mediano y largo plazo, es imprescindible mejorar la articulación entre los organismos públicos vinculados al crecimiento. La institucionalidad de gobierno se caracteriza por ministerios que tienen una mirada vertical: Ganadería, Industria, Turismo... Sin embargo, la economía moderna requiere una visión transversal que integre todos los eslabones de la producción, desde la materia prima hasta la logística y la innovación.
Y aquí entra un punto clave: el desarrollo de la educación, la investigación y la innovación. En el mundo actual, la competitividad de un país no depende sólo de su capacidad de producir bienes, sino de su capacidad de agregar valor mediante el conocimiento. Uruguay enfrenta un desafío importante en este aspecto, ya que la mayoría de sus empresas no invierten en innovación ni en el desarrollo de nuevos procesos productivos.
Para cambiar esta realidad, el Estado tiene un papel muy grande a jugar para articular los distintos elementos del sistema de innovación. No se trata sólo de aumentar el gasto en ciencia y tecnología, sino de garantizar que la investigación responda a las necesidades del sector empresarial y productivo. Es clave fomentar políticas públicas que incentiven a las empresas a incorporar conocimiento e innovación en sus procesos, generando así un círculo virtuoso de crecimiento sostenible y de alto valor agregado.
Usted mencionaba que el déficit fiscal tiene el mismo nivel que en 2019 pero con un aumento de la deuda. En este escenario, ¿qué margen tiene el gobierno para impulsar políticas que combatan la pobreza para reducir la desigualdad?
Esa es la prioridad fundamental. La lucha contra la pobreza, especialmente la infantil, ha sido un eje central en el programa del partido de gobierno. Por lo tanto, una de las grandes tareas del Ministerio de Economía y del gobierno en su conjunto es encontrar los espacios fiscales y los mecanismos de financiamiento necesarios para implementar políticas efectivas que reduzcan la pobreza en el corto, mediano y largo plazo. Si bien el escenario es desafiante, esta prioridad exige extremar los esfuerzos para encontrar los recursos de distintas maneras.
La reducción de la pobreza no sólo es una cuestión de justicia social, sino también un desafío clave para el desarrollo económico del país a largo plazo. Al final del día, la pobreza y la desigualdad generan un costo económico significativo. Muchos de los factores que limitan el crecimiento de la economía uruguaya están directamente relacionados con la exclusión de una parte importante de la población del acceso a niveles básicos de bienestar. Esto impide el desarrollo pleno de las capacidades de las personas, afecta la productividad y, en consecuencia, la competitividad del país. En ese sentido, reducir la pobreza no es sólo una meta social, sino también una estrategia de crecimiento económico.
En las últimas semanas, distintos dirigentes y el ministro Oddone han tenido algunas discrepancias a la hora de hablar con los medios sobre la situación económica del país. ¿Cómo observa esta situación?
Me parece razonable, en el sentido de que el gobierno tiene la responsabilidad de conducir el Estado, y en particular para un país pequeño como Uruguay, la percepción externa es clave. La manera en que inversores, agencias de calificación y otros actores internacionales evalúan la economía uruguaya influye directamente en su capacidad de atraer inversión y sostener su estabilidad financiera. En este contexto, que el gobierno transmita un mensaje excesivamente negativo podría generar efectos adversos a mediano y largo plazo. Por eso, es comprensible que maneje con cautela su discurso sobre la situación económica.
Desde una mirada objetiva, es cierto que Uruguay no está al borde de una crisis ni enfrenta una situación de calamidad. Sin embargo, también es real que el país atraviesa desafíos fiscales importantes, un crecimiento económico moderado en la última década y que el gobierno anterior no logró mejorar la situación fiscal. Aun así, la economía uruguaya sigue siendo sólida, con altos niveles de estabilidad macroeconómica y una desigualdad relativamente baja en comparación con la región.
¿Cree que el objetivo de Oddone ha sido preservar la imagen de Uruguay en el exterior?
Sí, totalmente. Es fundamental cuidar la imagen del país y evitar transmitir una percepción de crisis que no se ajusta a la realidad. La historia demuestra que la narrativa sobre una economía puede tener efectos concretos. En ese sentido, es clave encontrar un equilibrio entre reconocer los desafíos reales de la economía uruguaya y evitar generar una situación de alarma innecesaria.