Con el objetivo de generar reflexión e intercambio sobre el rol que juegan los centros educativos en la promoción de derechos de niños y adolescentes, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura y el Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) organizaron un congreso que se extendió durante dos días y puso el foco en la convivencia. Como contracara de ese concepto, el viernes y el sábado también se habló sobre la violencia dirigida hacia ese tramo etario de la población, que muchas veces está naturalizada en la sociedad uruguaya.
Ese fue el tema en el que se centró la intervención de Nilia Viscardi, del departamento de Pedagogía Política y Sociedad de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (Universidad de la República). La académica entiende al sistema educativo como “un dispositivo cultural que permite una salida a las dinámicas de control y moralización”, que, al mismo tiempo, “abre camino para trabajar la democratización de las instituciones”. Viscardi consideró importante el trabajo en cultura para “desandar las prácticas que tienen que ver con el exceso de poder y las relaciones de violencia, que muchas veces surgen en los contextos culturales, que debemos transformar porque son los que tenemos a mano para hacer retroceder las prácticas de violencia”.
La investigadora señaló que al hablar de violencia en las instituciones educativas, buena parte de los adultos la vincula al desconocimiento de la autoridad y del cargo del docente, lo que implica un reclamo a los adolescentes. Según agregó, ese planteo “fracasa frente a las actuales dinámicas”, que deben pasar por el reconocimiento del otro. “Esto es lo que los niños y adolescentes reclaman sistemáticamente. Hay un vínculo vacío de sentido cuando un docente se relaciona conmigo en virtud de su lugar de poder en la institución y no me trata como sujeto. ¿Qué sentido tiene dar voz a los estudiantes si no se escucha lo que dicen y si finalmente los criterios son tomados en función del poder y de la autoridad? Al vaciarse de sentido, resultan en un exceso de poder y una violencia. La construcción de reconocimiento mutuo es fundamental en los vínculos”, reflexionó.
En suma, señaló que las propuestas elaboradas por los docentes para abordar situaciones de violencia mayormente sugieren “lógicas que se centran en debatir sobre la convivencia y definir reglas y normas: fundamentalmente poner límites”. Al mismo tiempo, planteó que “colocan la centralidad del conflicto en los estudiantes, en el problema del orden en el aula y de los vínculos”.
A destiempo
Si bien Viscardi entendió que los derechos de niños y adolescentes en la sociedad uruguaya se actualizaron en los últimos años, principalmente a partir de la sanción de nuevas leyes y del reconocimiento de tratados y convenciones internacionales, consideró que “las prácticas culturales del sistema educativo se forjaron hace más de un siglo, cuando era natural el destrato y la violencia física e institucional”. “Tenemos dificultades para comprender la lentitud de los cambios culturales. En el ADN del sistema educativo aún están inscriptos el maltrato y la violencia sobre el niño y el adolescente; las nuevas leyes y convenciones son elementos recientes y tenemos que seguir trabajando para que estas dos culturas se armonicen en nuevas prácticas”, evaluó.
Por su parte, la académica indicó que cuando los estudiantes tienen una valoración negativa de un docente, principalmente se refieren a su apatía, y también hablan de lógicas institucionales “insalubres”, que ponen de manifiesto “el problema del sufrimiento escolar, que es una categoría muy poco atendida”. “Se habla de violencia en general, como violencia doméstica, entre pares, pero hay una categoría que se está generalizando y es el sufrimiento ocasionado dentro de las instituciones educativas; está vinculado a la relación con el saber, con el docente y a las prácticas de la institución. El bullying, como se conoce al destrato entre estudiantes, es un problema, pero también lo es el destrato de la institución, el docente que no vuelve a explicar, el exceso de poder, la norma impuesta sin sentido. No podemos reducir el problema del conflicto en el centro educativo al conflicto entre los adolescentes; no es que no exista, pero no es la única variable que debe elaborarse”, señaló.
En esa línea, relacionó la reducción del conflicto escolar al bullying con el proceso de criminalización de adolescentes y jóvenes en Uruguay, donde existen la misma cantidad de adolescentes privados de libertad que en Francia, que tiene 60 millones de habitantes. “Con estas tendencias culturales a castigar, encarcelar y encerrar a los adolescentes en instituciones en las que se violan sus derechos humanos, no podemos pensar que las instituciones van a estar carentes y ausentes de estas prácticas y visiones”, concluyó. De todas formas, la investigadora discrepó con quienes sostienen que las instituciones educativas únicamente reproducen conflictos que se dan en otros espacios sociales, como la familia o el barrio. Según fundamentó, en la mayoría de los estudios de convivencia escolar hay acuerdo en que en el sistema de enseñanza tienen lugar violencias generadas desde las propias instituciones.
En contacto
Viscardi dijo que dentro del sistema educativo los adolescentes buscan relacionarse con adultos que puedan vincularse “desde el lugar del saber” y “que saben por qué están allí”. Por lo tanto, entendió que los educadores que dicen frases como “no sé por qué estoy acá” o “no sé cuál es el sentido de este trabajo” son los primeros en promover el conflicto en el sistema educativo, ya que le quitan importancia a la tarea docente.
Además, señaló que los jóvenes muchas veces plantean la posibilidad de representar sus conflictos por medio del arte, y también se ha trabajado su expresión mediante el juego y otras nuevas formas de participación. Para la académica, estas nuevas modalidades pueden vincularse con mecanismos de participación política más tradicionales, para generar un contexto más propicio para que los adolescentes puedan expresar sus “sentimientos, sufrimientos y deseos”.
Hacia adelante, la investigadora consideró importante “rever la cuestión de la autoridad docente” y reforzar el vínculo con la comunidad, sumado a que el profesor debe dejar de verse únicamente como el encargado de una materia y a que es necesario tener en cuenta que el trabajo en convivencia forma parte de su tarea. “Si no le gusta trabajar con el otro y con el adolescente, pero eligió ser docente porque creyó que le gustaba enseñar matemática, hay un problema vocacional. El trabajo pedagógico es un trabajo de vínculo con el otro, a través del saber”, dijo al respecto.
Viscardi también planteó que si bien, por un lado, los adultos pretenden que los alumnos se responsabilicen por sus acciones, por otra parte, muchos docentes “tienen un enorme temor a perder la centralidad de su poder y de su cargo”. “He ahí una tensión. A los adultos nos cuesta entender cuál es el vínculo entre empoderar a los adolescentes y perder poder, y cómo puede trabajarse la autoridad docente en ese sentido”, reflexionó.
Otro trato
En el seminario también se expusieron diversas experiencias de promoción de derechos de niños y adolescentes, dentro y fuera del sistema educativo. Por ejemplo, Lucía Vernazza, de UNICEF, habló de la campaña Trato bien, que buscó desnaturalizar la violencia hacia los niños en Uruguay. La campaña surgió a partir de una encuesta de UNICEF que mostró que 54% de los adultos admitió haber ejercido violencia contra un menor de edad, y 25% ejerció la violencia física. Según Vernazza, la encuesta también relevó que la violencia está dirigida en mayor medida hacia niños varones. A partir de estudios cualitativos, llegaron a la conclusión de que estas prácticas estaban muy naturalizadas en la crianza, ya que al aplicarla no había una intención de maltratar, sino de “darle lo mejor al niño”. Por eso, la campaña buscó brindar alternativas no violentas para poner límites en esa etapa de la vida, y además hacerlo desde una perspectiva “empática” y “no culpabilizante de los padres”.
Además, se presentaron experiencias como la de la campaña Un trato por el buen trato, impulsada por el programa Claves, el programa Escuelas Disfrutables del CEIP, y otras implementadas a nivel territorial por docentes de centros educativos públicos y referentes de la Unidades Coordinadoras Departamentales de Inclusión Educativa de la Administración Nacional de Educación Pública.