María(*) llegó a Uruguay desde Centroamérica en 2012, unos años antes de que la inmigración comenzara a verse como algo habitual en el país y se instalara en la agenda mediática y política como un tema a abordar. Ni bien arribó, comenzó a buscar trabajo en la educación, ya que pensó que sería más sencillo insertarse allí que en áreas como el teatro y la gestión cultural, las otras dos en las que también se formó. Sin embargo, ocurrió exactamente al revés, y recién un año después fue contratada en un colegio privado, donde trabaja hasta el día de hoy. Antes de ello pasó por varias entrevistas y muchas veces se encontró con la respuesta de que no podía ser contratada por su condición de extranjera. En algún caso le llegaron a decir que necesitaba un permiso de trabajo, algo que no existe en Uruguay, de acuerdo a lo que le informaron luego en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Según analiza a varios años de distancia, en aquel momento su desinformación, propia de una persona recién llegada al país, se juntó con la de los uruguayos que la atendieron.
De todas formas, si bien no había ningún impedimento para que fuera contratada por una institución privada de educación, sí existían obstáculos para trabajar en el ámbito público, que no se han levantado hasta la actualidad. La Constitución de la República plantea en su artículo 76 que si bien “todo ciudadano puede ser llamado a los empleos públicos”, en el caso de los ciudadanos legales “no podrán ser designados sino tres años después de habérseles otorgado la carta de ciudadanía”. Además, la carta magna establece como única excepción a los funcionarios públicos que se desempeñen como profesores en la enseñanza superior. Esa disposición es citada por el Estatuto del Funcionario Público, mientras que el Estatuto del Funcionario Docente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) establece que, entre otros, son requisitos para ocupar un cargo de esas características estar inscripto en el Registro Cívico Nacional y “haber prestado juramento de fidelidad a la Bandera Nacional”.
La abogada Valeria España, integrante de la organización Centro de Promoción y Defensa de Derechos Humanos (CDH), explicó a la diaria que el trámite de ciudadanía legal en Uruguay tiene una duración mínima de ocho años, y eso en el caso en que todos los pasos se cumplan sin demora, algo que no es habitual. Detalló que cuando una persona migrante llega al país, en primer lugar debe solicitar la residencia, trámite que en algunos casos se extiende durante uno o dos años; una vez que la obtiene, se deben contar cinco años de residencia para que la ciudadanía le sea otorgada –plazo que se reduce a tres años si cuenta con familia uruguaya–, pero debe esperar tres años más para poder usufructuarla y obtener la credencial cívica.
En el caso de María, tardó tres años en obtener la residencia en Uruguay. Su voz se quiebra un poco cuando recuerda sus varias idas a la oficina de migraciones y los tratos poco amables de algunos de quienes la atendieron. Según entiende, no se presta suficiente atención a aspectos vinculares y comunicacionales hacia los inmigrantes, que cuando llegan a un nuevo país ya de por sí se encuentran conmovidos y con distintas redes de apoyo. Por ejemplo, recuerda que en su caso estuvo varios meses afectada porque había entendido que para solicitar la residencia debía tener un salario de al menos 1.000 dólares, cuando en realidad el requisito hablaba de pesos uruguayos. Si bien señala que algunas cosas mejoraron desde 2012, recientemente tuvo que volver a renovar la residencia y narró que en tres escritorios le dijeron cosas distintas. Finalmente, a raíz de la presión de su compañero, un trámite que le habían dicho que demoraba 72 horas fue resuelto en el momento.
El sistema público
María ya era consciente de las restricciones para ocupar cargos de docencia en la ANEP, pero un tiempo atrás vio una convocatoria para la coordinación de talleres en liceos, en la que se aclaraba en las bases que la tarea para la que se llamaba no implicaba ocupar un cargo público. Por lo tanto, decidió postularse y el tribunal que evaluó las postulaciones la colocó en el noveno lugar entre 106 concursantes. Pese a que recibió algunas advertencias verbales desde el Consejo de Educación Secundaria (CES) sobre que habría dificultades para pagarle su salario, la docente asumió el cargo y comenzó a trabajar en un liceo público. Cuenta que ella había podido trabajar en el Centro Regional de Profesores de Atlántida, donde se enfrentó a una situación similar, que fue resuelta a partir de una resolución que habilitaba a quienes no tuvieran ciudadanía a trabajar en el Consejo de Formación en Educación (CFE), que es parte del sistema terciario.
Después de más de un mes trabajando en el liceo, María fue notificada verbalmente de que debía dejar el cargo debido a que no tenía credencial cívica y, por lo tanto, no podía cobrar su salario. En ese momento ella había dejado otro trabajo para asumir la nueva responsabilidad en el liceo, por lo que su desconcierto fue grande. España recordó que en ese momento la docente recurrió al CDH para que la asesoraran pero no había ningún acto administrativo consumado, ya que todas las comunicaciones habían sido “informales” y “con muchísimas irregularidades”. Después de haber insistido para ver el expediente con su caso, la docente decidió reclamar por dos vías: la judicial y realizar una denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH).
Finalmente, la INDDHH entendió que la imposibilidad de la docente para asumir el cargo debió haber sido detectada por la ANEP antes de que fuera seleccionada y no a posteriori, además de que las advertencias a la profesora debieron haber sido hechas por escrito y no verbalmente. Además, el organismo entendió que la administración “se apartó” de la ley de migración, especialmente de su Artículo 12, que establece que las personas migrantes tienen derecho a que el Estado les proporcione información sobre sus derechos, deberes y garantías. Por lo tanto, la INDDHH recomendó que la docente recibiera una reparación por sus derechos vulnerados y que la ANEP revise los procesos y prácticas administrativas que produjeron el inconveniente, aunque no se pronuncia sobre la normativa que impide a las personas migrantes trabajar en el ámbito público.
Por otro lado, por la vía judicial se logró que se pagara a la profesional los días trabajados en el liceo, ya que la ANEP no había podido pagarle, además de una reparación por el tiempo que estuvo sin trabajar y por los daños generados. Más allá de la interpretación sobre si las advertencias verbales que recibió en su momento son o no un acto administrativo, María afirma que su principal queja es que desde la ANEP nunca consideraron que ella era una persona y que eso que le hacían le estaba generando un daño.
Impedidos
Consultada al respecto, la secretaria general del CES, Reyna Torres, recordó que ese organismo no fue el que hizo el llamado, sino que fue el Codicen de la ANEP. Según entendió, la disposición de que los designados a partir de ese llamado no pasarían a ser funcionarios públicos “es muy vidriosa”. “Cuando se hace una designación se hace como funcionarios públicos, no tenemos otra modalidad: la única es el escalafón H, que es el de los docentes, y un tallerista es un docente que va a cobrar un sueldo cuyo origen es público, aunque sea interino o suplente. Por lo tanto, tiene que cumplir con las características del funcionario público, el dinero que va a cobrar es del Estado”, explicó. Torres recordó que fue ella misma quien, como inspectora en aquel momento, le advirtió a la docente que si asumía el cargo habría problemas para que cobrara su salario. De hecho, señaló que para pagar la reparación producto de la sentencia judicial la ANEP tuvo que pedir autorizaciones especiales a otros organismos para poder pagar, por ejemplo, contar con la venia del Tribunal de Cuentas. Torres dijo que “entiende” el enojo de la docente después de todo el proceso, pero señaló que se trató de un tema administrativo y descartó que se tratara de “un tema de exclusión”.
La secretaria general del CES señaló que la restricción constitucional no cambia desde 1830, al igual que en otros aspectos referidos la ciudadanía. Por lo tanto, evaluó que “hay un déficit” para ponerse en corriente “con los nuevos tiempos y los movimientos migratorios”, pero para ello sería necesaria una reforma constitucional, lo que excede a la ANEP y sus consejos desconcentrados. En ese sentido, entendió que la solución a estos desfasajes involucran “a varias instancias del Estado y requieren un movimiento político muy fuerte y en las más altas esferas de los poderes Legislativo y Ejecutivo, porque va a haber que mover el uso de los dineros públicos”. Torres analizó que esta tensión se generó desde el momento en el que el CES se escindió de la Universidad de la República, ya que hasta ese momento dicho organismo era parte de educación superior.
La jerarca dijo no tener dudas acerca de que los docentes migrantes hacen falta y “serían un aporte” en la educación pública, teniendo en cuenta que los “ingresos en la formación docente fluctúan” y que los números de egresos “tienen sus problemas”. Según dijo, el CES “conforma listas que terminan siendo alternativas para cubrir algunos grupos”. “Sería valioso y parte de una política nacional de una verdadera inclusión de los inmigrantes que están llegando y son varios miles, con muy buena formación en algunos casos”, consideró.
Oportunidad
En una línea similar, el presidente del Codicen de la ANEP, Wilson Netto, entendió que se trata de “un tema legal y constitucional” y recordó que la posibilidad de contratación de docentes que no tengan ciudadanía se habilitó para las carreras terciarias de UTU, pero no para la educación media. “Es un problema importante, porque, por ejemplo, en la frontera estamos desarrollando capacidades con docentes brasileños, y si ellos pudieran transitar hacia la educación media en bachilleratos tecnológicos, por ejemplo, tendrías un número mucho mayor que la disponibilidad que tenés hoy”, analizó.
Si bien desde su punto de vista considera que la contratación de extranjeros en la educación pública “siempre es buena”, también habrá que ver “cuál es la respuesta de los colectivos docentes” cuando se plantee “abrir una canilla de ese tipo”. Dijo que Uruguay tiene debilidades de formación en algunas áreas del profesorado, como física o matemática. Según calculó, si llegaran al país 100 profesores de matemática y de física “sería algo fantástico, porque a esos 100 profesores no los vamos a generar ni en diez ni en 15 años”. Más allá de los aspectos técnicos, el jerarca entendió que debería haber una definición política y que es un tema “que no puede resolver sola la ANEP”.
Según entendió España, “para hablar en serio del derecho a migrar hay que pensar cómo están diseñados los andamiajes institucionales, que no están pensados bajo el paradigma del derecho a migrar, sino desde un paradigma semifeudal, donde vos sos del territorio donde naciste y eso es lo que te da los derechos para poder ser un ciudadano”. “Existen este tipo de situaciones en las que no hay ningún tipo de razonabilidad para que, habiendo vacantes en secundaria de muchas materias, estos profesionales no puedan desempeñarse”, valoró, y entendió que la normativa que rige para acceder a empleos públicos –no sólo en la educación– viola el principio de igualdad.
Prestar atención
Torres señaló que desde los organismos de la educación uruguaya también se han concentrado en agilizar y flexibilizar los procesos de reválidas para quienes vienen desde otros países, ya que es el primer paso para poder trabajar como docentes en Uruguay. Recordó que los procesos de reválidas tienen marcos normativos diferentes en la Udelar y en el CFE.
La nueva realidad migratoria en el país ha hecho que las instituciones y organismos educativos deban coordinar acciones para dar respuesta a muchas personas que llegan a Uruguay sin tener todos los papeles y documentos necesarios para inscribirse en la educación básica o superior, además de la reválida de tramos anteriores de estudio para continuar sus trayectorias. Rosita Angelo, directora de Educación del MEC, dijo a la diaria que desde dicho organismo se está trabajando el tema desde 2016, “cuando todavía los impactos migratorios no eran parte de la agenda pública”. Recordó que se coordinó con grupos académicos que estudiaban los temas migratorios en la Udelar, también con la Red de Apoyo al Migrante, que se coordina a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, y con organizaciones como Manos Veneguayas, Idas y Vueltas, o diversas asociaciones de migrantes en el país.
“Más allá de algunas dificultades que el país pueda tener para dar respuesta, también hay cosas que fluyen porque se pensaron con anticipación. Por ejemplo, primaria, y este año el CFE, UTU y secundaria están siguiendo la radicación de los migrantes en el territorio; el año pasado se hicieron encuentros con directores e integrantes de las comisiones departamentales [descentralizadas de ANEP] para sensibilizar a la gente. También se hicieron actividades de educación intercultural y estamos coordinando con un espacio del hospital Maciel para la atención a la salud de personas migrantes, porque acceder a salud y educación supone manejar costumbres, formas de alimentación, pautas de sociabilidad”, detalló Angelo. Según la jerarca, la consigna de todo el sistema educativo es que “todo niño migrante tiene que estar rápidamente en el sistema porque nos permite atenderlo mejor”, y eso ya está garantizado e incluso hubo casos en los que se les ha provisto de materiales, túnica y transporte. Según la jerarca, los desafíos a futuro que enfrenta Uruguay en relación a la temática tienen que ver con la generación de espacios de “trabajo interinstitucional para detectar situaciones en las que pueda haber vulneración de derechos”.
(*) Es un nombre ficticio.