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Tercera etapa de retorno de las clases presenciales, tras la declaración de emergencia sanitaria, escuela Japón de Montevideo (archivo, junio de 2020).

Foto: Daniel Rodríguez, adhocFOTOS

Distintos actores del sistema educativo comienzan a pensar en 2021

8 minutos de lectura
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Médicos, psicólogos y familiares pidieron pensar “con velocidad” cómo asegurar la presencialidad escolar previendo un escenario de mayor transmisión de coronavirus en el próximo año.

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Leído por Abril Mederos
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Alrededor de 70 personas siguieron en la noche del jueves el coloquio “Educación, salud y covid-19 en la escuela”, organizado por el colectivo de Familias Organizadas de la Escuela Pública. A diferencia del anterior conversatorio, este fue enteramente virtual. Durante dos horas pediatras, docentes, psicólogos y autoridades de la educación intercambiaron con madres y padres sobre las dudas que se generan con este cierre del año lectivo en el marco de una aceleración de los casos de covid-19, y sobre las perspectivas para el próximo marzo.

El coloquio comenzó con el anuncio de que el Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) resolvió conformar una comisión de trabajo para recibir propuestas para un plan integral que contemple que la situación de emergencia sanitaria continúe en 2021. Gabriela Verde, la consejera de Educación Inicial y Primaria en representación de los docentes, explicó que la comisión va a estar integrada por asesores del consejo, por la inspección técnica, por representantes del sindicato de maestros y de la Asamblea Técnico Docente, para elaborar un plan que tenga en cuenta las políticas educativas “pero en diálogo con los distintos actores”.

En el coloquio, Verde afirmó que es necesario que las familias puedan acceder a más información que la que a veces “queda en el recinto de la propia escuela”, y dijo que desde su lugar en el consejo, en esta última etapa del año “insistimos muchísimo en el diálogo entre educación y salud. La mirada debe ser el niño como objetivo de la educación pública como ser integral”, opinó.

“Igual o peor que este año”

Gabriel González, pediatra y neurólogo infantil e integrante del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), se refirió a los daños colaterales por la pérdida de presencialidad en las escuelas y lamentó que “con este cambio de la dinámica de transmisión del virus esto realmente puede quedar postergado”, porque en 2021 “nos va a pasar igual o peor que este año”. Manifestó que es importante que la gente “se vaya apropiando de la etapa en la que estamos” con información, y pidió pensar este tema porque “si no nos movemos con bastante velocidad el próximo año nos va a encontrar mal parados”.

Recordó que el grupo de atención primaria del GACH que recomendó aumentar la presencialidad porque era más perjudicial que los niños no fueran a la escuela fue cuestionado incluso por otros colegas, y opinó que los niños “fueron bastante víctimas de esta situación y han quedado postergados muchos de sus derechos”.

En un escenario de mayor transmisión viral para el arranque de las clases el próximo año, González estimó que en enseñanza secundaria y terciaria “habrá que utilizar lo que se pueda de no presencial y plataformas, una fortaleza que tiene Uruguay”, pero consideró que en primaria “el desafío va a ser la presencialidad escolar”. En ese sentido, adelantó que habrá que concretar una “mayor inversión en espacios” y reclamar “el apoyo de las autoridades”, algo sobre lo que volvió más adelante.

No pensar en la culpa

“Se nos han perdido muchos niños y adolescentes por el camino a lo largo de todos estos meses, que ojalá podamos recuperarlos en los distintos espacios”, dijo Alicia Muniz, psicóloga, docente grado 5 y coordinadora del programa Problemáticas Clínicas en las Infancias y Adolescencias de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República.

Recalcó que a su entender la atención psicológica “no podía desaparecer” en el momento de mayor confinamiento, a pesar de que “en los servicios de salud públicos y privados el primer movimiento fue retirarla”. “Sucedió y está volviendo a suceder” ante el actual aumento de casos, advirtió la especialista.

Muniz dijo que los efectos de esta situación “son acumulativos y con el tiempo empiezan a aparecer situaciones de miedo, incertidumbre, ansiedad”. Del relevamiento realizado entre 500 padres y madres (ver nota vinculada) se focalizó en los familiares que respondieron que los niños sienten culpa o temor por contagiar a sus abuelos o familiares, y se preguntó: “¿Cuánto tiempo podemos tolerar las restricciones, las postergaciones, las renuncias que hemos hecho? Tenemos que pensar en trabajar colectivamente, desculpabilizar a la gente que tiene necesidades y sobre todo a estos niños cuyo desarrollo y formación como sujeto psíquico y social tiene que ver con el encuentro con el otro”.

Consideró que en el ámbito escolar “no podemos hacer como si no hubiera pasado nada”, y que se debe trabajar “los afectos profundamente, y la afectación”, y relativizó la preocupación, en este contexto, porque los niños aprendan correctamente las cursivas o las tablas.

González también planteó que el sistema de salud se va a tener que preparar para atender problemas de desarrollo en niños afectados por esta situación. Aseguró que las alteraciones socioemocionales, trastornos de sueño o trastornos de hábitos “han sido muy importantes” en los niños este año, y en particular dijo que esto impacta mayormente “en los grupos más vulnerables y en los más pequeños, donde se está desarrollando su cerebro, sus conexiones; la importancia que tiene la escuela como motor de desarrollo es muy fuerte, y el impacto ha sido y va a ser importante. Hay que prepararse para atender los trastornos del desarrollo y la salud mental cuando empiece a destaparse esa olla”, apuntó.

“Emergencia social”

La situación generada alrededor de la presencialidad en la educación fue nuevamente descripta como una “emergencia social” en el coloquio. Mario Romero, pediatra, integrante de la filial de Florida de la Sociedad de Uruguaya de Pediatría e integrante del colectivo de familias opinó: “Que no se garantice el derecho a la educación en la infancia es una emergencia social, a nivel de cualquier otra que se puedan imaginar”. “Hay un conteo de casos de coronavirus, pero no de niños que no están yendo a la escuela, cuando son dos situaciones complejas”, señaló, y se preguntó “cuánto se va a invertir en esta emergencia social”, en particular para mitigar las desigualdades sociales generadas.

“La escena del crimen”

Más tarde, a raíz de la consulta de una madre sobre la situación actual, González reiteró lo que han explicado desde el GACH con relación a que la circulación del virus en las escuelas “refleja el grado de circulación comunitaria”, y dijo que el porcentaje de brotes que se dan en escuelas, en el mundo y también en nuestro país “siempre es bajo, hasta cuando está circulando el virus de forma muy alta”. Además, apuntó que los brotes en las escuelas en su mayoría comienzan a partir de focos extraescolares o intrafamiliares, por lo que “cerrar la escuela no cumple un rol fundamental para evitar la transmisión”, a lo que hay que sumar que los niños cuando no van a la escuela “tienen otros contactos quizás con población de riesgo”.

Reiteró que es importante el vínculo entre educación y salud, y comentó que en algunos países en los centros educativos había nurses que trabajaban en conjunto para tomar “las mejores decisiones”. En ese sentido, recordó que se define contacto a quien estuvo más de 15 minutos con alguien positivo, y opinó que en las escuelas “no justifica tomar medidas con contactos de contactos”. Por otro lado, si bien dijo que “cerrar toda la escuela es muy discutible”, opinó que muchas veces “hay que tomar esa decisión si se justifica o avisarles a todos los integrantes de una clase, si cumplen el criterio de contacto, que por una semana, hasta no descartar, no vayan a la escuela”.

Romero señaló que algunas medidas que se toman en las escuelas “de repente no tendrían demasiado fundamento” y generan daño. Puso como ejemplo cuando se encintó la zona de juegos en el patio de una escuela en Florida, y un niño “decía que era la escena del crimen”, por la cinta amarilla utilizada. “No había motivos fundamentados, sin embargo estaba en el protocolo”, mencionó.

Cerrar o no

Para Verde, el CEIP no puede “dejar gestionando a las escuelas como si cada una fuera una unidad por separado”, algo que está pasando por disposición del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), bajo el argumento de que es necesario dejar margen de autonomía a los centros educativos.

La consejera opinó que en las decisiones de cierre de las escuelas pesan los miedos, e informó que en un solo caso el CEIP tuvo responsabilidad por el cierre de una escuela durante dos días: fue el caso de la escuela 200, para estudiantes con discapacidades motrices. En ese caso, reconoció, “primó el miedo”. En el resto de los casos el cierre de escuelas fue decisión del Ministerio de Salud Pública. Pero para manejar estas decisiones, Verde señaló que es importante trabajar en la formación de los docentes en estos temas.

El distanciamiento físico

Otra madre consultó directamente a los médicos si, fortaleciendo otras medidas de prevención, no se podría disminuir la distancia física requerida en el protocolo aún más, después de que se bajara de un metro y medio a un metro, para permitir que los niños ganen más presencialidad. González recordó el caso israelí, donde se dieron brotes importantes en centros educativos a partir de la flexibilización del uso del tapabocas en días de verano, y planteó la disyuntiva de cómo gestionar los riesgos.

Recordó que desde el GACH plantearon una serie de medidas de prevención para los centros educativos, pero que estos expresaron su preocupación respecto de por qué la enseñanza privada había podido implementar mayor presencialidad que la pública. Las autoridades educativas, relató, les respondieron que “hasta que no cambiáramos la distancia no podían avanzar”. Opinó que uno “tiene que jugar con las diferentes medidas”, pero también planteó: “Si las privadas lo pudieron hacer, ¿por qué a en las públicas a los niños no los vamos a proteger de la misma forma?”.

Finalmente, contó, concluyeron que eso “también es una decisión política: yo no sé si no pueden poner más recursos, si no se pueden poner más maestros o hacer carpas. Si no hay otra forma, si no se van a poner otros recursos, en ese caso se podrían disminuir las distancias, pero mantener el cuidado”, señaló.

Sin embargo, recordó que las recomendaciones generales siguen estando justificadas. “Poner de entrada una distancia de 50 centímetros… no sé si no le estoy simplificando a las autoridades cosas que ellos pueden resolver”, se preguntó, y aseguró que el desafío “es tener más espacios, más lugares”, así sean fuera del centro educativo.

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