Estamos viviendo tiempos inciertos. Esta frase, que se repetía habitualmente para definir un estado del alma con el que debíamos lidiar, parece haber mostrado su verdadero sentido en la actualidad. Nunca como antes sentimos ese grado de fragilidad de la vida humana donde el futuro parece haberse vuelto un enigma ya no respecto de las próximas décadas sino de las próximas semanas.
Por eso no es exagerado plantear que la pandemia cambió nuestro modo de habitar el mundo. Sin tener seguridad acerca de las consecuencias de la realización de cualquier actividad cotidiana que reúne a más de dos personas, las medidas para contener su expansión nos terminaron por recluir en nuestros domicilios como método preventivo. En este contexto, una de las primeras señales que tomó el gobierno fue la suspensión de las clases por tiempo indeterminado. No es casual que una de las primeras medidas asociadas a la cuarentena haya sido la suspensión de las clases. Esta medida, que se tomó en muchos países del mundo, tiene efectos reales y simbólicos (la excepción respecto de este punto fueron los países nórdicos que no casualmente eligieron otras estrategias para enfrentar la pandemia). Reales, porque una parte importante de los esfuerzos de movilización de las familias tienen que ver con el traslado diario a la institución escolar, que se convierte en uno de los pilares que sostienen al sistema de cuidado de las nuevas generaciones. Simbólicos, porque parece que la rueda de la vida social está fuertemente sincronizada con el calendario y la vida escolar. Suspender las clases fue una señal que configuró una nueva etapa de la vida de nuestra sociedad bajo la presencia de la covid 19. Y las autoridades de la enseñanza para transmitir la gravedad de la situación no dejaron de repetir que no se trataba de vacaciones.
Inmediatamente después, docentes, instituciones educativas y autoridades, casi podríamos decir que en ese orden, comenzaron a desplegar alternativas para paliar los efectos que podría aparejar la suspensión de las clases. Es así que se comenzó a multiplicar el uso de los recursos tecnológicos para que la presencialidad de la acción educativa pudiera encontrar algún tipo de sustituto mediante las plataformas disponibles (CREA y PAM). Debemos reconocer que la infraestructura existente de Ceibal como política pública permitió liderar las respuestas, incluyendo también a las instituciones de educación privada.
Unas pocas semanas después, el miércoles 8 abril, el gobierno planteó el comienzo de un “plan” de salida de la cuarentena, que se haría en forma progresiva y abarcando diferentes sectores de la población. Para esto propuso como una de las medidas el reintegro a las clases comenzando en la escuelas rurales, medida que ha generado ya discusión desde los sindicatos de los maestros porque no resulta del todo claro que el momento actual ha significado un control de la situación sanitaria, lo que pondría en riesgo la situación de los maestros, alumnos y sus familias.
Llegados a este punto nos parece importante plantear algunas reflexiones. En primer lugar, de seguir por el camino que se viene transitando, no parece probable una política de confinamiento obligatorio (por supuesto que esto resulta tentativo porque aún nadie sabe cómo puede evolucionar el virus y existen indicios de que en países como Japón se estaría produciendo una segunda ola). Por esta razón es necesario poder pensar un plan a mediano plazo que permita ir progresivamente integrando a los diferentes grupos del confinamiento social, pero siendo muy precavidos respecto de las fechas; sin embargo, este plan debería poder definir un escenario menos incierto sobre los posibles efectos que las medidas podrían tener sobre los diferentes grupos de población involucrados, estableciendo cómo abarcaría a los diferentes tipos de escuelas (urbanas y rurales, con menor cantidad a mayor concentración de alumnos, etcétera), pero también de liceos y escuelas técnicas.
En segundo lugar, sería necesario poder reflexionar sobre los efectos que la ruptura de la cotidianidad está produciendo sobre las familias y las instituciones escolares. Consideramos que sería un error no reconocer el fuerte impacto que ha producido esta “detención de la vida social” y los esfuerzos de virtualización que se han desarrollado para sostenerla. El despliegue de un conjunto de respuestas desde las instituciones educativas, que se han apoyado principalmente sobre los hombros de los docentes, requiere pensar estrategias adecuadas para que si se plantea la necesidad de continuar con esta modalidad se pueda sostener. Es probable que las formas educativas que se desarrollaron produzcan en el mediano plazo una sobrecarga tanto del trabajo docente como del acompañamiento de las familias que dificulten su continuidad, erosionando cualquier versión posterior de complemento del trabajo en plataforma.
En tercer lugar, durante este tiempo el eje del trabajo debería estar centrado en mantener el vínculo de trabajo y desarrollar actividades que estimulen al estudiante a continuar aprendiendo más que pensando en el cumplimiento del programa o calificando las tareas realizadas. Compartimos la perspectiva de Andy Hargreaves, que plantea que “lo más importante en los próximos dos meses es no sentir la obligación de cumplir con un currículum o un programa, sino mantener a los jóvenes enganchados con el aprendizaje y con la idea de aprender”. Esto no significa que los trabajos que lleven a cabo los estudiantes no se evalúen, pero de hacerlo no debería ser con el objetivo de calificar. Este nos parece un punto a destacar, porque si bien podemos plantear que Uruguay cuenta con buenas condiciones de conectividad y disponibilidad de computadoras para uso personal, tal como muchos docentes lo mencionan, no todos los estudiantes han podido contactarse con todos los docentes. Es difícil estimar la cantidad de estudiantes que aún no han accedido a las actividades propuestas por sus docentes o maestros, pero a partir de consultas con directores de educación media y primaria es posible suponer que hay un porcentaje de estudiantes –que puede llegar a la mitad de la clase– que por diferentes razones no han participado en ninguna actividad. Puede ser desde el acceso a internet, como por la situación compleja que pueda estar atravesando su familia por la posible pérdida de la fuente de trabajo o por la reducción significativa de sus ingresos; lo cierto es que no contemplar esta realidad puede aumentar la brecha de desigualdad entre los estudiantes de diferentes procedencias sociales, perjudicando a los de contextos más desfavorecidos.
El Comité de los Derechos del Niño manifiesta una preocupación similar cuando recomiendan “que el aprendizaje en línea no exacerbe las desigualdades existentes ni reemplace la interacción alumno-maestro”, puesto que plantea “desafíos para los niños que tienen acceso limitado o nulo a la tecnología o internet, o que no cuentan con el apoyo adecuado de los padres”.
En cuarto lugar, partiendo de la centralidad de los aprendizajes como la tarea a privilegiar en este período, obliga a plantearse la necesidad de considerar tiempos curriculares que no necesariamente tienen que ser anuales. La organización del tiempo escolar se rige por el calendario anual y la finalización del ciclo se sanciona con la promoción o la repetición del curso. Dado que el tiempo escolar, al igual que el tiempo social, se ha visto alterado, sería importante reconocer esta realidad y buscar otras formas diferentes de temporalización, que pueden ser extender más allá del año lectivo o suspender la posibilidad de repetición de los cursos. Otra posibilidad puede ser individualizar las estrategias de seguimiento de cada estudiante y desarrollar estrategias de acompañamiento para todos aquellos que lo necesiten.
En quinto lugar, frente a la flexibilización del tiempo escolar que la propia situación impuso existen diferentes instrumentos de la política curricular a los que es posible echar mano para empezar a pensar el resto del año escolar. Dado que no es posible saber cuál sería el momento de reintegro a las clases en los diferentes niveles del sistema educativo (en la Universidad de la República los cursos se mantendrían en forma virtual por lo menos hasta la finalización del primer semestre), lo peor que podríamos hacer sería volver a las clases sin tener en cuenta “lo que pasó” durante las últimas semanas. La alteración de las condiciones de vida y del tiempo escolar ha impactado en la experiencia de cada uno de nosotros. Este debería ser el punto de partida para proyectar qué hacer hacia el futuro, tratando de capitalizar lo realizado y los instrumentos de política educativa que pueden ser utilizados para atender esa realidad.
En este sentido, podríamos mencionar el Marco Curricular de Referencia Nacional, que continuó una política ya desarrollada por Primaria de definir perfiles de aprendizaje de los estudiantes por ciclos de tres años en lugar de hacerlo anualmente. Esta puede ser una oportunidad privilegiada para utilizar el instrumento y superar una perspectiva anual que, en este caso, se va a modificar sin lugar a dudas. Pensar en ciclos de tres años permite dar más tiempo a los estudiantes para que puedan lograr los aprendizajes esperados.
También se podría tomar las recomendaciones que surgen del análisis de los reglamentos de evaluación y pasaje de grado elaborado en 2019, en el que se plantea que la flexibilidad de las propuestas de segunda oportunidad en enseñanza media pueda extenderse a las propuestas de primera oportunidad. Nuestro sistema educativo tiene la particularidad de que es extremadamente “rígido” para el cursado regular y es más flexible después, para aquellos estudiantes a los que no les fue bien. Complementados estos dos instrumentos, podríamos encontrar caminos para transitar esta situación que es anómala, pero que también nos ayudaría a pensar las cosas que funcionan y las que no del ciclo de escolaridad regular. En próximos artículos profundizaremos en los diferentes aspectos apenas esbozados.
Antonio Romano es docente e investigador del Instituto de Educación de la Universidad de la República y ex director de Planificación Educativa de la Administración Nacional de Educación Pública.