El autor del proyecto es el diputado suplente de Maldonado Jorge Schusman, electo por el Partido Colorado (PC). En el proyecto de ley propone crear un registro de niños en edad escolar que presenten trastorno de déficit atencional e hiperactividad (TDAH) diagnosticado por neuropediatra, le encomienda al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) la preparación de maestros para “el manejo de la enseñanza de niños” con este trastorno, y prevé que se destinen los recursos necesarios para construir “centros educativos especialmente adaptados” para ellos, donde se utilizarían “los métodos conductistas”, según expresamente establece el articulado.
El proyecto señala que los niños que tienen TDAH “carecen de los procesos inhibitorios de estímulos no relevantes”, lo que lleva a que no puedan mantener la atención. “Esta es la causa del déficit de aprendizaje, lo que sumado a la inquietud e impulsividad, les provoca labilidad emocional y baja tolerancia a las frustraciones”, añade la exposición de motivos, que argumenta que estos niños “se encuentran en una situación de desigualdad con respecto al resto de los estudiantes”, por lo que necesitan “tener una enseñanza especial, basada en métodos conductistas, tanto en el manejo del aula, como en su capacitación organizacional”.
Schusman explicó a la diaria que estos niños “hoy están excluidos de la enseñanza”, porque “en un aula superpoblada esa hiperactividad molesta a los docentes y también a los otros alumnos, y además son reprendidos”. Schusman es pediatra, y mencionó que en su consulta los padres y las madres plantean estos problemas: “desde la enseñanza llega un momento en que les sugieren cambiar de escuela, con lo que eso significa para el niño, y desde la medicina los medicamos con metilfenidato, conocido como ritalina, que, si bien mejora el TDAH, tiene efectos secundarios, como trastornos en el sueño, disminución del apetito”, señaló. El legislador recordó que la Organización Mundial de la Salud observó a Uruguay por el aumento en el uso de la ritalina.
Consultado sobre los motivos para utilizar métodos conductistas, dijo que es lo que “se ha aplicado en otros países y ha dado resultado, porque evita la sobremedicación con un psicoestimulante”, y resumió que apunta a “más enseñanza y menos ritalina”.
“Preocupación y malestar”
El proyecto de ley choca contra el paradigma de la educación inclusiva que marcó la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, ratificada por ley en Uruguay en 2008, que apunta a la eliminación gradual de las escuelas especiales y que todos los niños, tengan o no discapacidad, concurran a escuelas comunes. Desde esta perspectiva se apela a los ajustes razonables y adaptaciones para que los niños con discapacidad puedan acceder, cursar y egresar de la educación, algo que quedó plasmado en Uruguay a través del “Protocolo de actuación para la inclusión de personas con discapacidad en los centros educativos”, aprobado por decreto en 2017.
Enterado del proyecto de ley presentado, el Grupo de Trabajo por la Educación Inclusiva (GTEI) envió una nota a la Comisión de Educación y Cultura de la cámara baja en la que manifiesta su “profunda preocupación y malestar” por el articulado. Además de recordar que va contra la convención, la nota señala que la educación inclusiva “parte del reconocimiento de la riqueza de la diversidad humana y es una herramienta para la equiparación de oportunidades y la construcción de una sociedad más justa”.
El grupo reconoce que esto implica “un cambio en la cultura en las prácticas educativas”, menciona el protocolo y concluye que “se viene transitando un camino de reconversión del subsistema de Educación Especial hacia un Centro de recursos. Este arduo camino por momentos ha resultado lento y hasta tedioso para muchas personas y familias, pero aún así ha sido sostenido en virtud de generar recursos en las propias aulas de educación común para todos los y las estudiantes, sin excepciones”.
En este sentido, señala que el proyecto para “volver a la creación de centros especiales o deconstruir cualquiera de los avances en esta materia constituiría un retroceso educativo en materia de derechos que nos ubicaría en un modelo de comienzos de la segunda mitad del siglo pasado”, algo que, dicen, “como sociedad y país, no nos podemos permitir”.
También desde el paradigma de la educación inclusiva se ubica la senadora Carmen Sanguinetti, del PC, al igual que Schusman, y presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del senado. En diálogo con la diaria, dijo que si bien está “en las antípodas” de la postura que refleja el proyecto, “no hay que desconocer que esto parte de la realidad de un médico pediatra que atiende muchas madres con niños con esta condición y lo que ve es que muchos no están integrados”.
La legisladora mencionó que “aquellos que tienen formación médica vienen con un paradigma más basado en la perspectiva médica y de rehabilitación”, y opinó que en el proceso de transformación “suceden cosas que responden a paradigmas anteriores, porque hoy en los centros educativos los docentes egresan sin una formación sólida en diseño universal de aprendizaje, y los directores no tienen herramientas para generar centros educativos inclusivos; estamos recién empezando”.
La senadora no conocía el proyecto antes de que lo presentara, pero esta semana habló con Schusman y le transmitió que no está “para nada alineada con esta perspectiva. Si bien rescato que su intención es buena, no me parece que sea el camino y evidencia que estamos en un cambio: queda mucho por hacer para entender que el foco no está en el niño sino en el entorno, en trabajar para remover las barreras para que todos los niños tengan trayectorias educativas de calidad”.
Schusman dijo que se intentó comunicar con el GTEI y aclaró que su propuesta es complementaria a la escuela común, no sustitutiva, así como muchos padres envían a sus hijos con TDAH a clases particulares o clases de apoyo en centros comunales. También reconoció que mantiene diferencias con Sanguinetti, y deseó que el texto “se mejore y salga un proyecto consensuado”.
En cambio, para la senadora el tema “no se resuelve desde lo legislativo” sino desde la gestión, fortaleciendo la formación básica de los docentes y con “un cambio cultural que lleve a que los padres cuando están buscando escuela pregunten si son inclusivos o no, que esto permee”. Sanguinetti ya ha tenido reuniones con autoridades de la ANEP y del Ministerio de Educación y Cultura, y el lunes citará al GTEI a la comisión del Senado.