La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) informó que la Dirección General de Educación Secundaria (DGES), a cargo de Jenifer Cherro, volvió a separar del cargo por seis meses con la retención total del sueldo a los seis profesores del liceo 1 de San José que restaban por concluir su sumario, que inició en 2021, a comienzos del año lectivo, por haberse tomado fotografías contra la reforma Vivir sin Miedo que impulsaba el nacionalista Jorge Larrañaga a través de un referéndum en la campaña electoral de 2019. El caso había sido laudado por las anteriores autoridades de Secundaria, pero fue retomado por las actuales.
A su vez, anunciaron que el exvicepresidente del sindicato, Marcel Slamovitz, también fue notificado este martes de que será separado del cargo y se le retendrá 50% de su sueldo.
A principios de febrero, Fenapes informó que habían concluido los ocho primeros sumarios abiertos a los 14 docentes que habían sido sancionados con la retención de la mitad de sus haberes y la separación del cargo. Tras el cierre del sumario, se confirmó que esos profesores van a percibir el salario que les fue retenido durante todo ese tiempo.
Además, Secundaria abrió un sumario contra el exconsejero Javier Landoni por la justificación irregular de horas a Fenapes y decidió que se iniciará una investigación sobre la exdirectora de Secundaria, Celsa Puente, en caso de que quieras salir de su jubilación y reincorporarse a la DGES. En el caso puntual de Landoni, El País informó que como actualmente es docente de UTU la decisión de Secundaria se notificó al organismo, incluyendo la disposición de retención de 50% del salario.
El presidente del sindicato, José Olivera, señaló que hay un “escarnio público” a los docentes que llama a la reflexión. “Rechazamos esta sanción enfáticamente porque en un Estado democrático y republicano sancionar a sus trabajadores por ejercer la libertad de expresión y opinión es un retroceso enorme en términos democráticos”, aseguró en una conferencia de prensa realizada en San José.
Comentó que “si bien es un acto de justicia” que los ochos docentes salieran airosos del sumario, “es claro que no repara todo lo que les tocó vivir”. “No nos podemos acostumbrar a vivir en una sociedad donde los derechos pueden ser ejercidos por unos pocos”, consideró Olivera.
Para el dirigente gremial, someterlos a esta sanción es “persecución política”. “Esto desnuda que efectivamente estamos ante un proceso de persecución político-sindical, que desnuda la falta de garantías en el accionar de la DGES”, expresó, y pidió que la División de Jurídica del subsistema educativo sea “auditada en su totalidad”.
“Dicen que se ajustan a derecho, cuando todos sabemos que en definitiva estamos ante resoluciones de carácter político”, aseguró. A tres de los profesores que fueron otra vez separados del cargo se les notificó que la División Jurídica de la DGES recomienda su destitución, pero todavía no se ha llegado a una resolución por parte de las autoridades.
Sobre la separación del cargo y la retención de 50% de los haberes a Slamovitz, Olivera lo rechazó “enfáticamente” y expresó su apoyo. En ese marco, dado que era reciente la decisión de la DGES, el presidente de Fenapes sostuvo que están evaluando “qué hacer” e insistió en que Secundaria “no ofrece garantías”. La sanción sería por las presuntas licencias irregulares. En su momento, Slamovitz se había alejado del cargo como vicepresidente después de que la DGES iniciara una investigación administrativa a raíz de que el docente fuera denunciado por Miriam Arnejo, exdirectora del liceo 1 de San José, en el que el dirigente sindical es profesor. Arnejo afirmó que entre 2016 y 2017 Slamovitz usufructuó horas sindicales en forma indebida, lo que fue considerado de recibo por la DGES.
En paralelo, el oficialismo en la Cámara de Diputados decidió crear una comisión investigadora del uso de las licencias sindicales de Fenapes, que continúa funcionando ahora sin la participación del Frente Amplio.
Un informe jurídico primario de la investigación dispuesta por la DGES había determinado que la ausencia del profesor se dio en el marco de “un acuerdo entre el Consejo de Educación Secundaria [CES] y Fenapes”. En su momento, el sindicato comunicó que el informe establece que el CES “permitió la recuperación de horas al docente Slamovitz, constituyendo un acuerdo colectivo, bilateral, entre CES y Fenapes”.
Las prácticas
Olivera indicó que se vuelven a aplicar “prácticas” que “creíamos en el pasado, que estaban inscriptas en la historia más negra de nuestro país”, en alusión a la dictadura cívico-militar. “Hoy estamos, lamentablemente, viendo reaparecer viejas figuras, prácticas, que nos retrotraen a esa época negra”, apuntó.
En ese sentido, convocó “a seguir abrazando las justas causas, rodeando a estos compañeros que hoy están sancionados, y a Marcel por la sanción, porque no nos podemos acostumbrar a quienes nos dan lecciones de república y democracia, construyan una sociedad donde haya persecución política”.
Por último, dijo que esto se trata de una decisión y práctica “sólo política”. “En este período, donde han tenido que vivir estas peripecias, vimos la expresión concreta de la solidaridad de todas aquellas y aquellos en una causa que es justa, porque, también es cierto, esa solidaridad fue el sostén y refugio de algo que sirvió a nuestros compañeros y compañeras. La unidad, fraternidad, solidaridad y la lucha debe seguir”, cerró.
Hace dos semanas, Fenapes había descartado el pedido de “conciliación” entre el sindicato y el gobierno que había propuesto la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Según Olivera, no existirá la posibilidad de “entablar” esa instancia porque tiene “efectos suspensivos” sobre el tratamiento de la queja que presentaron con el respaldo de la Internacional de la Educación, algo en lo que insistió este mismo martes.
“Como federación lo hemos descartado, en virtud del proceso de persecución político-sindical por parte de distintas instituciones del Estado uruguayo, que se ha profundizado”, dijo Olivera semanas atrás en conferencia de prensa. Para el sindicalista, esto obedece a una “política sistemática” que llevan a cabo el gobierno y distintas instituciones, tanto del ámbito educativo como parlamentario o del mismo Poder Ejecutivo.