La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) sigue avanzando en la reforma curricular que pretende aplicar en 2023, en el marco de la llamada Transformación Educativa. Según informó El País el miércoles, con los votos en contra de los dos representantes docentes, el Consejo Directivo Central (Codicen) del organismo aprobó una primera versión del Marco Curricular Nacional, documento base para la reforma. Según explicó a la diaria el consejero Juan Gabito, uno de los tres designados por el gobierno, se trata de un documento “inicial” a partir del que se comenzarán consultas, particularmente con las Asambleas Técnico Docentes (ATD), como mandata la ley.
Por su parte, Julián Mazzoni, quien junto con Daysi Iglesias votaron en contra, estuvo de acuerdo con que no es un documento definitivo, sino que está abierto a modificaciones. Según explicó a la diaria, la principal crítica de los consejeros docentes tiene que ver con que allí se establece que los planes y programas de los distintos subsistemas de la ANEP estarán orientados por un enfoque de competencias. Según el documento, al que accedió este medio, se plantea que ese enfoque es adecuado porque permite la “conexión de los aprendizajes entre sí y con la vida real, a partir del foco en los aprendizajes y desarrollo de los estudiantes”. Además, se define, las competencias son “un actuar frente a situaciones complejas, integrando variedad de recursos, en una relación profunda entre el saber, el hacer y enfatizando la apropiación del sujeto mediante la reflexión”.
Precisamente, el documento afirma que los estudiantes deben estar en el centro del diseño de planes y programas, que vendrá en una etapa futura a partir de los lineamientos del marco curricular. El marco también establece que se debe apuntar a la inclusión y la participación de los educandos en los procesos educativos y define que los planes de estudio deben ser flexibles para “dar respuesta a la diversidad de los estudiantes, los centros educativos y las regiones”. Otro de los principios, la pertinencia curricular, establece que esta ocurre cuando el aprendizaje “cobra sentido para los estudiantes”. Dicho principio se relaciona con el de la integración, que plantea que lo que se aprende en la educación obligatoria debe estar contextualizado y permitir a los jóvenes “actuar en la sociedad en que viven” y, al mismo tiempo, contribuir al desarrollo personal y colectivo.
En suma, el documento establece que toda formación se da en un determinado marco ético y que en el caso uruguayo se aspira a que este sea a partir del respeto a los derechos humanos, la democracia, el respeto por las minorías, “la construcción de la paz”, la “toma de responsabilidad por las acciones” propias y la búsqueda de equidad.
En contexto
Para fundamentar su rechazo al documento, Mazzoni se remontó a 1995, cuando el maestro Miguel Soler publicó un artículo en el que establecía que el Banco Mundial “se estaba metiendo de educador”, a través de distintas recomendaciones a los gobiernos. Según dijo, ello se vincula con la reforma de Germán Rama, que comenzó al año siguiente y que perdió fuerza después de que dejara su cargo en la ANEP, lo que llevó al Banco Interamericano de Desarrollo a publicar un artículo escrito por Carlos Filgueira y Enrique Martínez Larrechea para analizar las causas. Al respecto, Mazzoni recordó que en ese momento consideraron que la organización del sistema educativo en consejos desconcentrados y la autonomía de la ANEP fueron dificultades para la aplicación de la reforma y, además, proponían darle más importancia al rol del Ministerio de Educación y Cultura, algo que concretó el actual gobierno pero ya había comenzado con la Ley General de Educación de 2008, según valoró.
Sobre el enfoque de competencias, Mazzoni señaló que la propuesta parte desde una base errónea, que sostiene que el desempleo juvenil es responsabilidad de la educación. Para el consejero, ello “es un disparate”, ya que se trata de un fenómeno estructural que es responsabilidad de las políticas económicas. Por lo tanto, valoró que las competencias se pensaron para dar respuesta a demandas económicas, en el marco del sistema capitalista. Para el integrante del Codicen en representación de los docentes, debe promoverse “una educación liberadora” y debe hacerse “con amplia participación popular”. Al respecto, fue crítico con la forma en que la actual reforma está siendo diseñada, ya que “viene de los expertos” para “después consultar a las organizaciones representativas de los docentes” como las ATD.
Respecto a la fundamentación de la necesidad de una reforma curricular, el documento de trabajo aprobado por mayoría en el Codicen señala que se deben formar personas que puedan “operar en el mundo”, y “para sentirse bien” deben conocerlo e interpretarlo. En suma, sostiene que el currículo debe responder a “los cambios sociales y culturales” y “acompasar la definición de aprendizajes necesarios en una dinámica que se desarrolla a partir de procesos de cambio permanentes”. En ese sentido, se sostiene que los cambios propuestos apuntan a “mejorar los aprendizajes” para que estén “en relación con las necesidades existentes”, que “requieren personas con actitudes y aptitudes acordes a los tiempos que corren y dispuestos a enfrentar incertidumbres de futuro”.
Las normas
Por su parte, Gabito se refirió a lo que entiende es una falsa dicotomía entre competencias y contenidos. Según planteó, los especialistas afirman que “si los planes y programas anteriores estuvieran bien dictados”, los egresados tendrían las competencias necesarias, algo que no ocurre, y argumentó que “las competencias no existen sin contenidos”.
Además, el consejero dijo que con la aprobación de un marco curricular con ese enfoque, la ANEP está respondiendo a “un mandato legal”. Según explicó, el enfoque por competencias está definido en el plan de desarrollo educativo del organismo, que está aprobado y se envió al Parlamento en adjunto al proyecto de presupuesto. En suma, recordó que el artículo 130 de la ley de urgente consideración modificó la ley de educación e introduce el concepto de competencias. Dicho artículo define que la educación formal debe estar “organizada en diferentes niveles o modalidades” y que “constituye de manera unificada el sistema educativo que promueve el Estado con el objetivo de garantizar el desarrollo de competencias para la vida”.
Consultado sobre el cronograma definido por la ANEP, que establece que los nuevos planes deben aprobarse este año para aplicarse en el que viene, Gabito dijo que fueron plazos “muy ambiciosos” y que “puede que se retrase”.
Las diez competencias generales
El marco curricular establece diez competencias generales que deberán tener en cuenta planes y programas: en comunicación y en pensamiento creativo, crítico, científico y computacional. Además, se define una competencia metacognitiva, que implica la reflexión sobre los propios procesos de pensamiento y una competencia intrapersonal para la reflexión de la persona sobre sí misma. El documento también señala las competencias en iniciativa y orientación a la acción, en relacionamiento con los otros y en ciudadanía local, global y digital.