Esta tarde, la rutina se vio alterada en el liceo 67 de Piedras Blancas, cuando impactos de bala rompieron algunos vidrios del centro educativo. Según confirmaron desde la filial montevideana de la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria (ADES), en las afueras del centro educativo se registró un tiroteo y valoraron que “por suerte” no hubo ningún estudiante ni trabajador lastimado, más allá de la tensión que generó la situación.
Emiliano Mandacen, secretario general de la Federación de Profesores de Enseñanza Secundaria, dijo a la diaria que se suspendieron las clases del turno vespertino en el liceo y que desde el sindicato se puso en conocimiento de la situación a los representantes docentes en el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Julián Mazzoni y Daysi Iglesias.
“Creemos que hay un problema de violencia que hay que abordar en profundidad en algunos territorios. Esto no se soluciona con elementos de represión; la represión por sí sola no soluciona la problemática que vivimos en muchos puntos de Montevideo”, indicó Mandacen.
El reclamo por soluciones de seguridad en los centros educativos no es nuevo en la zona. Semanas atrás, la escuela técnica de Piedras Blancas había hecho un paro para reclamar soluciones a las autoridades de UTU, luego de que durante varias semanas se registraran robos a estudiantes y trabajadores del centro educativo, algunos con violencia.
La semana pasada, los tres consejeros designados por el gobierno en el Codicen fueron consultados por la seguridad en los entornos de los centros educativos en el marco de un encuentro “cara a cara” con la comunidad realizado en el colegio Nubarian del Prado montevideano para dar a conocer los lineamientos de la transformación educativa que lleva adelante la ANEP. En ese marco, los consejeros Juan Gabito y Dora Graziano respondieron que desde el organismo de la educación mantienen instancias con los organismos públicos encargados de darle seguridad a la población y que están demandando soluciones para distintas situaciones que se han presentado desde el inicio de clases. De todas formas, los consejeros señalaron que es un tema que escapa al sistema educativo, que sí tiene margen de incidencia en las causas sociales que generan los distintos episodios de violencia.
En ese sentido, el presidente del Codicen, Robert Silva, mencionó que la ANEP gasta 700 millones de pesos por año en la seguridad de sus centros educativos, lo que “no es suficiente”. Por su parte, los consejeros destacaron que el organismo cuenta con un asesor en el tema y que, en diálogo con el Ministerio del Interior, la ANEP está trabajando en la colocación de cámaras y cercados para contribuir a encontrar soluciones.