Este lunes el Observatorio del Derecho a la Educación (ODED), que nuclea a varios proyectos de investigación de la Universidad de la República (Udelar), presentó su primer informe anual sobre el derecho a la educación en Uruguay. Según aseguraron, aborda los principales temas del debate educativo durante 2022, así como también las políticas educativas que fueron propuestas desde 2020 hasta ahora, junto con su concreción y sus efectos “sobre la efectivización del derecho a la educación”.
En la sala Maggiolo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE), referentes de la facultad esbozaron las principales conclusiones del informe. Expuso el decano, Pablo Martinis, y los coordinadores del documento: Cristian López, Paola Dogliotti y Camila Falkin. Asimismo, presentaron reflexiones al respecto el consejero docente en el Consejo Directivo Central (Codicen), Julián Mazzoni, el director por el Frente Amplio en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, Pablo Caggiani, y la doctora en Ciencias Sociales Sandra Leopold.
Antes de introducir los principales lineamientos del informe, Martinis se encargó de remarcar la importancia del observatorio, al igual que López. Para el decano, la Udelar no sólo tiene el mandato de ser una institución formadora, sino también de producir conocimiento “para que la sociedad en su conjunto tenga una mejor comprensión y acercamiento a los problemas de interés general en la sociedad que vivimos”. Así, mediante el Oded, aseguró que se logra tener elementos para “el debate ciudadano informado” y que, por tanto, la existencia del observatorio y la presentación del informe son “un orgullo”.
Una de las características del informe es que se centra en el “derecho a la educación”. Al respecto, Martinis manifestó que “se quiere poner sobre la mesa la comprensión de la educación como un derecho”, ya que “no es un tema en el contexto regional, con discursos que niegan los derechos humanos, y porque el propio concepto de la educación viene estando disputado”. De esta forma, el informe reivindica un eje principal: “El carácter de la educación como un derecho inalienable de las personas y el Estado como garante del efectivo acceso a ello, en contra de la perspectiva que pretenda responsabilizar a los sujetos por cumplirlo o no”.
López, por su parte, resaltó que el ODED se trata de un “sistema de información y espacio de producción, difusión y sistematización de conocimiento desde el campo pedagógico”, y que tiene una mirada enfática en la “igualdad y justicia” en la educación.
Puntos principales
Para Dogliotti, uno de los ejes centrales del informe son los cambios que introdujo en la educación la ley de urgente consideración (LUC). De acuerdo a la coordinadora, y según se especifica en el informe, hay una impronta “fuertemente gerencialista”, en la que, entre otros puntos, se sustituyen los consejos desconcentrados de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) por direcciones generales unipersonales, a excepción del Codicen y el Consejo de Formación en Educación (CFE).
Asimismo, manifestó que “se disminuye el principio de participación”. En relación a eso, aseguró que se “otorga un lugar preponderante al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) en la orientación de la política pública nacional” y, al mismo tiempo, “se fortalecen las competencias del MEC en diversos campos que históricamente fundamentaron el sentido de la autonomía de los entes de enseñanza como organismos especializados”.
Según Dogliotti, estos últimos puntos son “claves” y pueden verse reflejados con las designaciones de las autoridades del Codicen y el procedimiento para otorgar el reconocimiento universitario de las carreras de formación docente.
Otro de los puntos resaltados en el informe y por Dogliotti es la “racionalidad cuantitativa y densamente estadística en las políticas sobre las trayectorias educativas”, como sucede con los Centros María Espínola. En ese marco, esgrimió que hay un desarrollo de políticas focalizadas que refuerzan la “estigmatización social y educativa”, contrariamente a “propiciar la concreción del efectivo derecho a la educación”.
Por otro lado, de acuerdo al observatorio, el actual gobierno de coalición modificó algunas de las políticas de “inclusión educativa” que se llevaron a cabo en los gobiernos frenteamplistas. En ese sentido, Dogliotti esbozó que se diseñaron propuestas focalizadas y las presentaron como políticas “innovadoras”, pero que han tenido lugar a partir de la base de propuestas que ya se implementaban.
La coordinadora cuestionó que la transformación educativa impulsada por la ANEP se llame “transformación” y no “reforma”, debido a que las actuales autoridades consideran que trajo “mucho de cambio” para la educación. Al respecto, señaló que muchos de estos cambios tienen la base en los gobiernos anteriores, que dieron “terreno fértil” para que se “agudizaran” en este gobierno.
La formación docente ha sido uno de los ejes más desarrollados por el ODED. Es que, según Dogliotti, “hay una infantilización de la formación docente”. En el informe concluyeron varios aspectos sobre los cambios curriculares en la Formación en Educación: como primer punto, aseguraron que las nuevas autoridades del CFE “han apuntado a jerarquizar los estamentos técnicos e individuales de docentes seleccionados y se han basado en un enfoque top-down”.
Por otro lado, afianzaron que “se ha buscado reducir al mínimo los procesos deliberativos y propositivos de los ámbitos colectivos”, contrariamente al período precedente. Asimismo, aseguraron que “la política y las estrategias de cambio del marco curricular desarrolladas están en consonancia con las modificaciones que introduce la LUC referidas a la nueva y original modalidad de otorgar carácter universitario a la formación docente”.
En resumen
Falkin se detuvo en los cambios que el informe analiza para la situación de los docentes en Uruguay: especificó que durante este gobierno ha habido una caída del salario real, una reducción de la cantidad de horas docente y, al mismo tiempo, un aumento de la cantidad de estudiantes por grupo en la mayor parte de la educación. Es en ese contexto que aseguró que las condiciones de los docentes se han visto afectadas y disminuidas.
Por otro lado, remarcó otro de los ejes que los coordinadores consideraron de “debate fuerte” en el último período: la laicidad. Recordó que en el último tiempo las autoridades de la educación cuestionaron a educadores y organizaciones sindicales, lo que generó “un clima de desconfianza y hostilidad” hacia el colectivo docente. Es que, según aseguró, se ha asimilado la laicidad con la “neutralidad”, lo que “desconoce el carácter político de la laicidad”.
A modo de síntesis de lo que presenta el informe, Falkin resaltó el “debilitamiento de la participación en los procesos de cambio educativo”. Remarcó que la participación se permitió a través de mecanismos individuales o consultivos, y no mediante “la inclusión directa de los actores en espacios de decisión y su intervención sistemática en el proceso”.
Por otro lado, en el informe dan cuenta de que la transformación educativa tiene un “enfoque tecnicista que privilegia el avance de dicha reforma a través de documentos producidos fundamentalmente desde los ámbitos técnicos de la ANEP” y “se relega el rol docente al de ejecutor de la política”.
Nuevamente, enfatizó en que los ejes transversales de los cambios actuales en la educación “profundizan procesos que vienen de gobiernos anteriores” y “son producto de una mirada gerencialista”. “Desde nuestra perspectiva, estas tensiones debilitan y empobrecen las respuestas políticas y pedagógicas que se pueden construir para producir el derecho a la educación”, finalizaron en el informe.