Trabajadores docentes, no docentes y estudiantes de la Universidad Tecnológica (UTEC), agrupados en el Espacio 2.3.14, presentarán un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 20.096, aprobada a fines del año pasado, que modificó la gobernanza de la institución con la eliminación -en la práctica- del cogobierno.
Según lo establecido en el texto, tanto el rector como dos de los consejeros de la UTEC serán designados por el Poder Ejecutivo. El tercer miembro del consejo, que debe ser director de un Instituto Tecnológico Regional, será “electo por sus pares”.
Sin embargo, desde el Espacio 2.3.14, entienden que la aprobación de la ley no se dio de acuerdo con lo establecido en la Constitución, puesto que “no cumplía con las mayorías necesarias”, según explicó a la diaria el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Tecnológica (Situtec), Marcelo Ubal.
El artículo 203 de la Constitución establece que para votar temas que atañen a la gobernanza de los entes de enseñanza se debe contar con mayorías absolutas de los componentes en ambas cámaras, es decir, 51 diputados y 16 senadores. No obstante, al momento de votar la ley, “se utilizó el criterio de la mayoría absoluta de los presentes, no de los componentes de cada cámara, entonces se aprobó con 48 votos en Diputados y con 15 en el Senado, [por lo que] no cumplió con el requisito legal”.
Si bien esto era sabido -los trabajadores de la UTEC lo denunciaron en diciembre-, el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) acusó recibo de la inconstitucionalidad de la aprobación y envió otro proyecto de ley en el que se anula la norma aprobada y “copia y pega la misma ley”, aseguró Ubal. Este último proyecto todavía no fue sometido a votación.
Ante esta situación, el Espacio 2.3.14 -que incluye al Situtec- presentará el 23 de febrero un segundo texto que, de aprobarse el nuevo proyecto, se traducirá en un segundo recurso de inconstitucionalidad. En el documento, al que accedió la diaria, se explica que en la carta magna está garantizado un “grado de autonomía respecto del Poder Ejecutivo” para instituciones como la UTEC, que se ve “ignorada y menoscabada” en la medida en que el proyecto “establece un Consejo Directivo Central dominado por directores designados por el Poder Ejecutivo (tres de cuatro), con todo lo que ello implica para la gestión del Consejo del Ente de Enseñanza que, notoriamente, deja de ser autónomo en su gestión y orientación respecto del Ejecutivo, contrariando así la Constitución” en los artículos 202 y 205.
Según Ubal, esto afecta “el prestigio del gobierno”, que puede llegar a tener un “costo político” al “profundizar más todavía el trato inadecuado que se está teniendo para con una institución pública y universitaria”.