“Por el derecho a la educación inclusiva”, “por los derechos de los niños y adolescentes con discapacidad”, fueron algunas de las consignas de la concentración convocada por el colectivo activista por los derechos de niños, niñas y adolescentes autistas en edad escolar Pertenecemos. El colectivo exige una educación inclusiva y también la implementación de sanciones ante el no cumplimiento de las leyes 18.651, de Protección Integral a los Derechos de las Personas con Discapacidad, y la Ley General de Educación, 18.437.
Antes de que fueran las 14.00 y se realizara la concentración -que tuvo como papel principal a la murga de la Asociación Down del Uruguay cantando canciones en reclamo de sus derechos-, el equipo directivo de Pertenecemos compareció ante la Comisión de Educación y Cultura y ante la de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, para plantear las diversas problemáticas y posibles soluciones.
En diálogo con la diaria, Eliana Moreira, Cecilia Ourens y Mariana Curbelo, quienes asistieron a las comisiones por Pertenecemos, aseguraron que quedaron conformes con la escucha recibida por parte de los legisladores, que se llevaron los materiales en los que describen las problemáticas y soluciones para leer. Además, mencionaron que los diputados se pusieron a disposición para facilitarles una entrevista con la presidenta de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Virginia Cáceres.
Sin embargo, no obtuvieron un compromiso de una respuesta concreta y cercana en el tiempo. En tanto, Moreira explicó que son cuatro personas en la directiva, pero representan a “miles de familias” que atraviesan la misma problemática: la vulneración del derecho humano a la educación y a la seguridad social que sufren niños, niñas y adolescentes autistas y con otras discapacidades, pero puntualmente el trastorno de neurodesarrollo”.
Según especificó, los dos “grandes responsables” de tales puntos son la ANEP y el Sistema Nacional de Cuidados del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Aún así, aseguró que “esto no solamente pasa a nivel público”, ya que a nivel privado “es exactamente la misma problemática”.
Para explicar dichas problemáticas, Ourens partió de la poca cantidad de personas que fue a la concentración: “Eso tiene que ver con que las madres se quedan a cuidar a sus hijos que no pueden ir a la escuela, porque a nuestros niños con discapacidad les están haciendo reducción horaria, reducción de jornadas, de días”. Aseguró que, por esa razón, muchos niños y niñas con discapacidad pueden ir sólo una hora por día, tres veces a la semana, y que, incluso, muchas veces “les piden que vayan acompañados de los padres”. “Eso hace que no podamos ir a trabajar como todo el mundo”, agregó.
ANEP y Mides habían anunciado nueva figura de facilitadores en 300 escuelas este año, pero sólo llegará a 20 centros en forma piloto
Ourens esgrimió que una de las herramientas que permite que los niños y niñas con discapacidad puedan asistir a la escuela son las figuras del asistente personal, que brinda el Sistema de Cuidados. Sin embargo, aseguró que “hace dos años que no se están otorgando” y que “no hay una transparencia al respecto”. En esa línea, aseguró que, de acuerdo a un pedido al acceso de información que realizaron en 2023, las personas en lista de espera para acceder a un asistente personal eran 6.614. De hecho, manifestó que hay personas que están esperando desde 2020.
Justamente, este martes la ANEP junto al Mides realizaron el lanzamiento del programa Facilitador de Autonomía en Ámbitos Educativos, que el año pasado, en otro lanzamiento del mismo programa, se había indicado que los facilitadores ya estarían en 300 escuelas a comienzos del año lectivo. Al respecto, Ourens narró que a diferencia del asistente personal, la figura del facilitador acompaña a “tres niños a la vez” y, por tanto, se “pierde el trato uno a uno para los casos severos”.
A diferencia de lo dicho el año pasado, desde la ANEP desarrollaron que la primera fase de implementación del programa será un Plan Piloto que aterrizará este mes e irá hasta diciembre, en 20 escuelas de distintos departamentos del país, con una o más figuras. Y a partir de 2025 prevén que puedan ser 100 las escuelas que cuenten con facilitadores.
Con base en lo anunciado por el gobierno el año pasado, Ourens describió que “para 2023 se esperaban 40 facilitadores y no se pusieron. En 2024 iban a ser 300 y no se pusieron y los que se lanzaron ahora van a abarcar sólo a 66 niños, de los más de 6.000 que están en espera”. “Van a seguir un montón sin cobertura, sin el asistente personal, sin facilitador y sin poder ir a la escuela. Esa es la situación en la que estamos, niños con discapacidad no pueden ir a la escuela, niños con mucho potencial, que tienen muchas capacidades y muchas virtudes que volcar”, manifestó.
Mientras tanto, Curbelo aseguró que a tres meses y medio de finalizar el año lectivo, “nuestros niños dentro del espectro autista siguen yendo a un horario reducido como si estuviéramos a principio de año, haciendo una hora por día”, tanto en las escuelas como en los CAIF, dijo, que también tienen horario reducido.
Subrayó, además, que “se bloquea a los padres de los estados de Whatsapp para no informarlos de las actividades extracurriculares o curriculares dentro del aula”. Por último, puntualizó que aún están a la espera de los resultados del censo para saber exactamente cuántas personas hay en Uruguay dentro del espectro autista. “Sabemos que los números son alarmantes”, sentenció.
Posibles soluciones
Curbelo se detuvo en una historia que les tiene “muy angustiados”: “Noelia tiene un nene de ocho años que se llama Emiliano y va a una escuela especial”, donde “también hacen reducciones horarias, también exigen asistentes y, si no puede ir el asistente, va el padre o la madre; si no, son 50 minutos de clase”. Según continuó, hace poco Emiliano “fue maltratado físicamente por parte parte de la maestra, que lo agarró de los brazos, lo sentó y le dijo ‘cállese la boca’. Emiliano recién ahora está empezando a comunicarse verbalmente y en ese momento vio pasar a una asistente de otro salón, la reconoció, la llamó y le pidió ayuda”.
La integrante de la directiva contó el caso porque aseguró que “esto lo deben vivir muchos más niños y, como es difícil la comunicación, es difícil que nos enteremos”; “La vulneración a la parte más vulnerable de la sociedad, que es un niño con discapacidad, está siendo violada y vulnerada todos los días”, sentenció.
Ourens, por su parte, resumió algunas de las posibles soluciones a las problemáticas planteadas: “Que se regularicen o que se retomen las visitas [de asistentes sociales para evaluar si otorgar facilitadores], que se haga un plan de emergencia o que se destine el presupuesto nuevo a esta urgencia”. A mediano y largo plazo, puntualizó en la necesidad de “formación docente, generar sanciones, contralor, la información, la difusión de los derechos, porque la gente no conoce sus derechos y también por eso se ven violados, porque la gente lo permite sin saber que no está bien. Sólo el 19% de la gente denuncia este tipo de violencia, entonces se perpetúa, se genera un ciclo de abuso entre la escuela y la familia”.
Para cerrar, Moreira aseguró que “claramente hay un debe con las personas con discapacidad y también con sus familias, porque es una carga económica, psicológica y mental impresionante lo que conlleva esta situación. Y lo principal, por tanto, es la regularización de las leyes que ya existen”.