Más allá de que la resolución aún no está firmada y está en etapa de revisión final, el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) aprobó el martes un documento considerado la “hoja de ruta” de cara a la revisión de los cambios curriculares aprobados en el gobierno anterior, que fueron rechazados por sindicatos y Asambleas Técnico Docentes (ATD).
El documento que se trató en la sesión, al que accedió la diaria, sostiene que no parte del “afán de refundación” ni tampoco de “la idea de que no se va a tocar nada de la Transformación Curricular Integral (TCI)”. De hecho, define a la etapa que se va a iniciar en ANEP como una “revisión participativa” que supone “un punto intermedio entre esta dicotomía, pero en un contexto en el cual es fundamental definir plazos acordes para concretarlo”.
Como ya habían indicado algunas de las autoridades de la educación que asumieron con la vuelta del Frente Amplio al gobierno nacional, dicha postura se basa en la necesidad de no generar perjuicios a los estudiantes. En ese sentido, el documento sostiene que “le hace mal al sistema educativo el cambio permanente de orientaciones curriculares”. Por el contrario, se entiende que “es prudente y deseable instalar lógicas y culturas de revisión y ajuste curricular en base a evidencias construidas desde todas las voces implicadas en la educación”.
De acuerdo a la hoja de ruta, entre 2025 y 2026 se propone avanzar en modificaciones en aspectos del régimen académico, como las asistencias y los requisitos para el pasaje de grado y también en un “primer nivel” de revisión de programas de estudio. Según se agrega, la modificación de los aspectos curriculares será abordada en las ATD de los diferentes subsistemas y también está previsto convocar a un ámbito integrado por representantes de la academia y de las distintas asociaciones profesionales de profesores. En tanto, el documento plantea que hay otros aspectos vinculados a la gestión que afectan las condiciones de trabajo de los docentes, como las elecciones de horas, por lo que también se convocarán a espacios de negociación colectiva para abordarlos.
En particular, se plantea un cronograma que inicia en mayo y se extiende hasta setiembre, que cuenta con tres etapas. La primera, que va de mayo a junio, apunta a la “sistematización” de los documentos de la TCI, por la que las diferentes direcciones generales de los subsistemas de ANEP pueden comenzar a realizar relevamientos. En esta línea ya empezó a trabajar la Dirección General de Educación Técnico Profesional, que la semana pasada anunció la instalación de distintos “grupos de trabajo para el análisis y diseño de planes de estudio en diferentes niveles”. En esta etapa se instalarán distintos ámbitos con “actores técnico-docentes, sindicales, de la sociedad civil, entre otros, para aportar sus consideraciones sobre la temática”.
Luego de culminada esta etapa, se espera que se produzcan dos documentos que contengan análisis comparativos entre los programas y reglamentos de evaluación aprobados en el marco de la TCI y los que estaban vigentes anteriormente. “Hacia la finalización del bimestre se propone la elaboración de un documento síntesis con los acuerdos logrados, relativos a los cambios en los reglamentos y los planes de estudio para ser considerados por las ATD, a través de los mecanismos establecidos en cada sistema”, agrega el documento.
Ello da pie a la segunda etapa, que transcurrirá durante julio y consiste en una nueva convocatoria a las ATD, ahora para sintetizar los principales cambios introducidos por la transformación curricular en los contenidos y la forma de trabajo. De esa etapa se espera que salga “una propuesta superadora” de los cambios aprobados entre 2023 y 2024, tanto a nivel del Marco Curricular Nacional (MCN), los planes, programas y reglamentos de evaluación.
A partir de esos insumos, en la última etapa, que abarca agosto y setiembre, se presentará un informe final a las direcciones generales y el Codicen de la ANEP, que coordinará todo el proceso a través de la Dirección Ejecutiva de Políticas Educativas, a cargo de Antonio Romano. Precisamente, dicha dirección será la encargada de elaborar el informe final, que se basará en los acuerdos alcanzados e incluirá una propuesta de modificación de los programas y reglamentos.
Consejeros docentes no acompañaron el marco conceptual de la propuesta
En el Codicen de este martes se debatió sobre el contenido de la hoja de ruta, que finalmente fue aprobada en su totalidad solo con los votos de los consejeros políticos en el organismo. Por distintos motivos, los consejeros docentes Daysi Iglesias y Julián Mazzoni votaron negativamente los aspectos conceptuales de la propuesta, más allá de que ven con buenos ojos que se modifiquen los cambios curriculares realizados en el gobierno pasado y, de hecho, votaron a favor del cronograma previsto.
En diálogo con la diaria, Mazzoni explicó sus fundamentos para oponerse a la aprobación del documento, que también compartió en sala. En particular, consideró inadecuado que en la introducción del documento se hable de “exageraciones” cuando se alude a la necesidad de evitar dos extremos de cara a la discusión: “considerar que todo cambio pedagógico se origina en el cambio curricular” y “pretender imponer una visión única sobre la manera de trabajar en el aula”.
En ese sentido, el consejero rechazó que se plantee que los colectivos docentes que se opusieron a los cambios en curso entiendan que los cambios pedagógicos se originan en el cambio curricular y, por tanto, tienen una visión errónea de los cambios impuestos. Según Mazzoni, parecería que la Dirección Ejecutiva de Políticas Educativas sería la que permitirá a los docentes “ver las cosas con mayor mesura”.
El representante docente también llamó la atención sobre otra afirmación que realiza el texto aprobado, que sostiene que tanto el MCN aprobado en 2023 como el que se había aprobado en 2017, durante el anterior gobierno frenteamplista, tienen el objetivo de evitar trasladar a los estudiantes la falta de articulación entre “una perspectiva sistémica en clave ANEP” y los subsistemas del ente. Según Mazzoni, ello confirma la tesis sostenida por algunos actores del sistema educativo, como algunas de las ATD, que plantean que existe una continuidad entre los dos documentos de los distintos gobiernos.
El documento también cuestiona a la TCI porque, por falta de tiempo para la discusión, los docentes no lograron sentirse parte de los cambios y, por tanto, se debería apuntar a una “reapropiación”, generando los cambios que se entiendan necesarios, que incluso podrían desembocar en “nuevas propuestas curriculares”. De todas formas, se sostiene que “la tónica dominante del período debería ser potenciar las ofertas tendiendo a flexibilizar los procesos de navegabilidad y la centralidad del educando en la toma de decisiones sobre su proceso de formación”.
A partir de ese tipo de afirmaciones, Mazzoni considera que quien lo elaboró -en alusión a Romano- “está pensando más en continuidades que en rupturas” de la transformación curricular, ya que está planteando “convencer” a los docentes para solamente revisar la TCI y no desmontarla. “No es necesario volver a convocar a las ATD para saber que ese no es el planteo que realizan los organismos representativos de los docentes”, concluyó.
Daysi Iglesias consideró que es necesario tener claro el objetivo final al que se aspira a llegar con este proceso
En tanto, Iglesias explicó a la diaria que en una reunión previa en la que se intercambió sobre la hoja de ruta realizó distintos aportes y algunos de ellos fueron incorporados en la versión aprobada, pero desde su punto de vista el texto seguía manteniendo problemas tanto de forma como de contenido.
La consejera valoró que, a sugerencia de los consejeros docentes, la última versión haya incorporado a los sindicatos como un actor clave a consultar durante el proceso, tanto por la necesidad de someter a negociación colectiva algunos aspectos, como por el conocimiento didáctico y pedagógico que poseen sus integrantes. No obstante, al igual que Mazzoni, planteó su desacuerdo con las conceptualizaciones que se realizan en la introducción del documento, que “no son académicamente procedentes”, según valoró.
Sobre la referencia a la “exageración”, Iglesias sostuvo que “no es exagerado hablar de currículum por competencias, por contenidos y disciplinas o de currículum mixto”, ya que académicamente en todo el mundo se habla en esos términos. En ese sentido, planteó que el texto mantiene “imprecisiones” que todavía se deberían revisar y, de hecho, antes de su publicación final está previsto que se realicen algunas modificaciones.
Otro de los puntos que la consejera objetó fue la referencia a direcciones generales como organismos de gestión de los subsistemas de ANEP, cuando sería deseable que se hablara de consejos, ya que se aspira a que sean reinstalados. En suma, consideró que en otros tramos no existe suficiente claridad, por ejemplo, respecto a la fragmentación o continuidad de los organismos a cargo de los diferentes tramos que establece el currículo. Al respecto, reclamó claridad acerca de si se está planteando “disolver” las distintas tradiciones que tiene cada subsistema, que, además, responde a distintos ciclos de vida y necesidades de los estudiantes.
De forma más general, Iglesias entendió que en estos primeros meses de gestión de las nuevas autoridades de la educación ha faltado un horizonte más claro respecto a dónde se pretende llegar con los distintos procesos de política que se están impulsando, entre ellos el de la revisión de la TCI. De hecho, dijo que está de acuerdo con la necesidad de implantar cambios de forma gradual, pero debería explicitarse el punto de llegada al que se apunta.