Con miras a enfrentar la crisis que vive la industria de cueros en el país, el diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio, presentó un proyecto de ley que prohíbe de forma transitoria en su artículo primero “la venta al exterior de cuero salado o cromado, sin procesar totalmente o wet blue”. La disposición, establece la iniciativa legislativa, regirá hasta que “se recupere los niveles de exportación de cuero procesado vigentes al año 2008”, cuando “se procesaba el 65% del cuero enviado al exterior”. Ahora, esta proporción se ha invertido y es, a juicio del diputado, una de las causas de la crisis del sector.
La situación de la industria del cuero en Uruguay se agudizó este mes, cuando la curtiembre Zenda anunció que cerraría dos de sus tres plantas y despediría a 370 trabajadores. Por medio de una negociación tripartita, se propuso que los despidos pasen a ser seguros de paro, pero según argumenta Rubio en su exposición de motivos, el panorama en el sector dista de ser alentador. “La curtiembre Curtifrance tiene al 90% de su plantilla en seguro de paro, tomando la dinámica de salado de cuero para que este sea procesado en Brasil”; “la curtiembre JVS Cueros Uruguay hace dos años que cuenta con personal en seguro de paro, llegando a instancias de prórroga y también tiene la dinámica de seguro parcial”, e incluso desde hace varios meses sus trabajadores de la etapa de terminado “vienen trabajando 15 días por mes”; y la curtiembre Dofin “viene de un seguro de paro con prórroga y una situación económica y comercial de la empresa muy compleja”.
El diputado argumentó que mientras que en el resto del Mercosur los países cobran aranceles de entre 15% y 20% por el cuero sin procesar, en Uruguay este es apenas de 5%, algo similar a lo que ocurre con la exportación de cueros sin procesar, “insuficiente en comparación a las detracciones de nuestros países vecinos como Brasil y Argentina”. Por eso, una vez que se levante la prohibición de la exportación de cuero sin procesar o wet blue previsto en el primer artículo del proyecto, se determina que las exportaciones de estos tipos deberán pagar una detracción de 20%.
Además, el proyecto determina que un porcentaje de los cueros producidos “se quedarán en el país, para su posterior industrialización total”. Ese porcentaje “se acordará con las empresas y las organizaciones sindicales”.
Finalmente, se crea un fondo de compensación para trabajadores en seguro de paro de la industria del cuero, que se financiará con 15% de los subsidios otorgados a las empresas.