La Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU), mediante un comunicado interno, que fue divulgado por el periodista Gabriel Pereyra, brindó información a sus afiliados sobre el plebiscito de la seguridad social, planteando cuáles serían las consecuencias sobre la Caja de Jubilaciones Pensiones de Empleados Bancarios (CJPB) en caso de aprobarse el Sí.
Al respecto, el presidente del Consejo del Sector Financiero Privado de AEBU, Juan Fernández, dijo este sábado a la diaria que “el documento es de circulación interna, y se ha emitido para dar respuesta a afiliados al sindicato, ante dudas y consultas sobre la vigencia de las soluciones arribadas a la CJPB, a fines del año pasado, según fuera el resultado del plebiscito”.
En ese sentido, agregó que “el documento sintetiza sólo las implicancias que tendría la aprobación del Sí en la CJPB. No se excede de ese objetivo y tiene el cuidado de relatar la actitud de AEBU en el proceso de discusión de la papeleta dentro” del PIT-CNT.
“Las dudas también se explican porque AEBU ha dejado libertad de acción, como no podría ser de otra manera, a sus afiliados. También ha recolectado firmas y participado en jornadas barriales, a través de los compañeros que sí han decidido acompañar la propuesta”, señaló.
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Según Fernández, en el comunicado AEBU “llevó su posición contraria al contenido de la propuesta de plebiscito al PIT-CNT, el cual tomó resolución de impulsarlo. A partir de ese momento, hemos asumido la disciplina que establece el estatuto del PIT-CNT, sin realizar acciones ni declaraciones en contra de la iniciativa”.
En el comunicado AEBU indica que “por la responsabilidad que nos compete en la cogestión de la Caja Bancaria, debemos ser claros en decirle a nuestros afiliados que la aprobación del plebiscito implicaría que la Caja Bancaria requiera una nueva ley. Una nueva ley que atienda los desequilibrios que generaría las nuevas condiciones que establece la reforma constitucional”.
Para AEBU, son tres los puntos principales y más urgentes. El primero señala que “la reciente ley de Caja Bancaria, que implicó aportes equivalentes de todas las partes, centró el aporte de los trabajadores en el incremento de la edad jubilatoria, sin bajar las prestaciones. La aprobación constitucional de una edad jubilatoria mínima de 60 años provoca un desequilibrio financiero para la Caja Bancaria del año 2027”.
En segundo lugar, expresó que “la medida del aumento al salario mínimo nacional de las jubilaciones y pensiones, establecido en la papeleta específica que se considera por prestación. Ya sea por vía de resolución de los organismos, o por mecanismos judiciales. Hoy tenemos casi 65O prestaciones por debajo de ese monto que deberían ser incrementadas al salario mínimo nacional”.
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En ese sentido, agrega: “A pesar de que la mayoría de esos afiliados cobran jubilaciones y/o pensiones en otros organismos de seguridad social, la Caja debería aplicar el mínimo constitucional en forma inmediata, lo cual incide sobre los egresos que la Caja tiene que realizar”.
Otro de los puntos a los que apunta el comunicado es que “la ley de Caja Bancaria aprobada permitió aplicar medidas de menor impacto sobre las jubilaciones actuales, y sobre las condiciones de acceso a la jubilación, a partir de contar con acceso a un endeudamiento de la Caja con la garantía del Estado”.
“La Caja Bancaria está buscando financiamiento para financiar sus déficits transitorios, habiendo generado préstamos este año por U$S 130 millones para cubrir hasta mediados de 2025. En los próximos años deberá acceder a créditos de mercado por otros U$S 270 millones. El problema que plantea el plebiscito en materia financiera es la desaparición del sistema de AFAPs, ya que los principales fondos disponibles actualmente provienen de las colocaciones que realizan las AFAPs, y el BSE [Banco de Seguros del Estado], específicamente de su cartera de seguros previsionales y del BROU [Banco República]”.
Para la organización sindical, en la medida en que desaparecen las AFAPs, y el BSE ya no recibiría nuevas pólizas por este concepto, “se contraería o encarecería el crédito, lo que implica dificultades para la Caja, para llevar adelante esta transición. Con estos elementos, si se aprobara el plebiscito, debería realizarse un nuevo proyecto de ley, para darle sustentabilidad a la Caja Bancaria, no más allá del segundo año del próximo gobierno”.
“En el texto del comunicado interno, queda bien claro que no pudo AEBU hacer prevalecer su posición en la central. Se puede explicitar la libertad de acción y la participación en las actividades de recolección y difusión a través de los afiliados que adhieren a la propuesta”, concluyó Fernández.
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