Si bien el programa del Frente Amplio (FA) fue elaborado por 32 unidades temáticas, muchas de las cuales abordaron de manera indirecta el tema del trabajo, hubo una en particular, denominada “Trabajo, empleo y relaciones laborales”, que se centró en la materia.
De las 33 prioridades programáticas para un plan de gobierno 2025-2030, varias impactan de una u otra forma en aspectos como la generación de trabajo y la mejora de la calidad del empleo, y en las relaciones laborales.
Por ejemplo, en la primera prioridad, “Desarrollo productivo sostenible”, se propone impulsar “la transformación y diversificación de la matriz productiva, lo cual implica desplegar una Estrategia Nacional de Desarrollo a largo plazo”. El FA propone establecer “sectores económicos prioritarios” e “instrumentos que los impulsarán”, y promover “el desarrollo rural a través del fortalecimiento de la institucionalidad pública y público-privada”, e impulsar “el desarrollo de los servicios globales de exportación - servicios corporativos, TIC [tecnologías de la información y la comunicación], audiovisual, videojuegos, etcétera”.
En este primer punto también se señala que se va a impulsar “la implementación de proyectos de redes de producción con base en modelos asociativos y cooperativos de la economía social y solidaria, facilitados” por las TIC, así como “cambios en los regímenes de registro y tributación que reduzcan los costos de la formalización de las micro y pequeñas empresas”.
En referencia a la macroeconomía, se propone “articular el mantenimiento de los equilibrios y la estabilidad de precios, con la promoción de capacidades competitivas que aseguren un crecimiento sostenible, protegiendo el salario real y el empleo”.
Otra propuesta de esta primera prioridad refiere al comercio exterior, que obviamente impacta en la oferta de mano de obra y en el ingreso de divisas al país: se plantea como indispensable “una estrategia de diversificación productiva y de agregado de valor que requiere de condiciones estables en el mercado regional y superar barreras en el acceso a los mercados extrarregionales, ampliando la inserción económica de nuestro país, diversificando mercados, productos y servicios, profundizando los relacionamientos y acuerdos comerciales existentes y alcanzando nuevos mercados”.
En este sentido, el FA es crítico de los resultados de la política exterior del gobierno de Luis Lacalle Pou, que a pesar de insistir en la implementación de tratados de libre comercio bilaterales por fuera del Mercosur, no consiguió concretar avances que expandieran significativamente las exportaciones de bienes.
Seguidamente, la segunda de las 33 prioridades refiere a la promoción de las cadenas productivas basadas en recursos naturales. En ese punto el planteo del FA es continuar desarrollándolas y diversificándolas, “promoviendo la transformación y agregación de valor”, mencionando “las cadenas lechera y hortifrutícola en su capacidad de generar desarrollo territorial y empleo”, y las actividades ganadera, forestal, agrícola, así como “la producción pesquera nacional”. El documento especifica que se fomentarán las cadenas que “permitan mayor generación de fuentes de trabajo” y que se apoyará “las diferentes formas cooperativas”.
La tercera de las prioridades del FA también está vinculada con la generación de empleo de calidad: “Impulso a las actividades y cadenas destinadas a la producción de alimentos, biotecnología, farmacéutica, o de transformación manufacturera”, y la quinta propone “el desarrollo del turismo como uno de los sectores estratégicos a continuar fortaleciendo: fomentando las pequeñas y medianas empresas turísticas y el empleo calificado, con herramientas de apoyo técnico, fiscal y crediticio”.
Otro de los puntos, donde se plantea promover la investigación, la innovación y las capacidades para el desarrollo, se propone entre otras cosas que se establecerán programas de apoyo “a la creación, incubación y aceleración de nuevas empresas (startups), y se apoyará a través de programas específicos de innovación y apoyo a nuevos emprendimientos productivos”.
FA: “Nuevas políticas que promuevan el acceso equitativo e inclusivo a las oportunidades laborales”
La octava prioridad refiere específicamente a la generación de trabajo de calidad y la disminución de las inequidades laborales, que serán “prioridad de las políticas públicas”. “Ante las intensas y aceleradas transformaciones que están ocurriendo en el mundo de la producción y el trabajo, se promoverán amplios y potentes programas de calificación y reconversión laboral”, expresa el documento, y agrega que se van a profundizar “las políticas activas de empleo vigentes” y se diseñarán “nuevas políticas que promuevan el acceso equitativo e inclusivo a las oportunidades laborales, continuando y profundizando el apoyo a los pequeños emprendimientos generadores de puestos de trabajo, superando la precariedad e informalidad”.
El FA también promete impulsar políticas de empleo juvenil que “logren revertir las desigualdades que se dan en el mercado de trabajo, especialmente aquellas vinculadas a la primera experiencia laboral y las desigualdades de género”, así como avanzar en la regulación de la economía de plataformas digitales “revisando la ley de teletrabajo y evitando formas de contratación unipersonales que encubren relaciones de dependencia”. Más concretamente, se propone impulsar “empleos verdes”, es decir, trabajos asociados “a la restauración de ecosistemas y el reciclaje de residuos”; crear programas que garanticen “el derecho al trabajo de los grupos más vulnerables”, y estudiar la viabilidad de “planes de trabajo puentes entre zafras destinados a los trabajadores de temporadas”.
Finalmente, el punto cierra proponiendo el fortalecimiento de la negociación colectiva, el aumento del salario real y el incremento gradual del salario mínimo nacional y de los mínimos por categoría, “teniendo en cuenta las distintas escalas de las unidades económicas, particularmente las pequeñas y medianas empresas”. Añade que, atendiendo a los cambios en el mundo del trabajo, “se implementará la reducción de la jornada laboral, a partir de un marco legal adecuado para este objetivo”, algo que se instrumentará “en el marco de la negociación colectiva”. Concluyendo el punto, aparece la propuesta de implementar políticas que “promuevan la equidad de género en el mundo del trabajo con el propósito de lograr la autonomía económica de las mujeres”.
El FA también propone jerarquizar el rol de los programas sociales de empleo, haciéndolos permanentes, ya que existen colectivos que los necesitan y por lo tanto se revisarán las retribuciones, estabilidad y duración, “de manera de lograr el objetivo de superación de la exclusión social”.
También repercutirá en el acceso al trabajo la propuesta sobre “restablecer e implementar servicios ya existentes” del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, así como “avanzar en la creación de nuevos servicios”.
PN: mejorar la ley de promoción de empleo juvenil y facilitar la inserción laboral de personas privadas de libertad
El primer capítulo del programa de gobierno del Partido Nacional (PN) se denomina “Un salto de competitividad”, donde se explica cómo se planificará el abordaje de una serie de temas que impactan en la generación de mano de obra y en la mejora de las condiciones de trabajo.
El PN destaca la importancia de las relaciones laborales y afirma que “un escenario laboral estable y equitativo basado en la confianza y la cooperación permite lograr un entorno propicio para alcanzar un mayor nivel de actividad”. Sobre el tema subraya la “modernización legislativa” aplicada durante el último período de gobierno, particularmente a través de la ley de urgente consideración (LUC), que “protege el derecho de los trabajadores a la huelga, así como el derecho de quienes quieren trabajar”.
“Renovamos el compromiso de continuar promoviendo la negociación colectiva en todos los sectores de actividad y de buscar la modernización de las relaciones laborales”, expresa el PN, y promete sobre el tema “perfeccionar mecanismos de descuelgues con base en criterios objetivos, estableciéndose reglas claras y ágiles para su aplicación, otorgando seguridad jurídica a los actores sociales”.
El documento destaca que, en comparación con 2019, se crearon más de 70.000 nuevos empleos durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, “pautando un gran dinamismo que contrasta con la destrucción de empleo del período anterior, y, asimismo, el crecimiento del salario real, que se ubica más de 2% por encima del mismo año base”.
Otra propuesta es conformar en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) un órgano técnico de asesoramiento para situaciones de descuelgues y de atención a nuevas empresas para determinar el grupo de actividad que les corresponde.
También se plantea presentar ante el Consejo Superior Tripartito los resultados de la asistencia técnica solicitada a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con relación a la única observación pendiente efectuada por el organismo.
En materia de políticas de empleo, se propone ante los desafíos que suponen “la transición demográfica hacia una población más envejecida y el constante avance tecnológico” una política pública que incorpore esta problemática, evaluando y mejorando la ley de promoción del empleo para jóvenes y el programa Yo Estudio y Trabajo, que se extendió durante este período al sector privado. También se propone mejorar el funcionamiento del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) y asegurar la continuidad de la promoción de sistemas de protección social del trabajo en plataformas digitales, protegiendo derechos laborales y tomando en cuenta las nuevas realidades laborales que permite la tecnología.
Entre las distintas iniciativas nacionalistas, se destaca “facilitar la inserción laboral de personas privadas de libertad que hayan recuperado la misma”, y en ese sentido, se entiende que “resulta necesario la formación de un programa que tenga dos componentes principales: formación y estímulos fiscales para las empresas que las contraten”, continuando con las acciones del programa Espacio de Capacitación y Oportunidades Sociolaborales del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
Sobre la jornada de trabajo, el documento expresa que ante las nuevas modalidades de trabajo se debe permitir computar el tiempo de trabajo en plazos mayores a la jornada diaria, como establece la ley que regula el teletrabajo, priorizando la compensación de horas y la modernización de la distribución del día. Para esto, se propone “conformar un ámbito con todas las partes, con el apoyo de la Academia”, para elaborar “una propuesta que permita el ingreso a distintas formas de distribución del tiempo de trabajo, aportando seguridad jurídica a los convenios colectivos y atendiendo además a la perspectiva de género”.
Finalmente, se plantea actualizar las leyes de tercerizaciones, continuar en el fortalecimiento de la actividad de fiscalización “para asegurar la tutela efectiva de los derechos de los trabajadores”, continuar reduciendo los niveles de informalidad, y a nivel parlamentario promover la aprobación de dos proyectos de ley: el proyecto sobre el acoso laboral que reglamenta el Convenio Internacional del Trabajo 190 y el proyecto que tutela la protección a los trabajadores que ejecutan tareas de entrega de bienes o transporte urbano y oneroso de pasajeros a clientes, vinculados a través de plataformas digitales.
PC: combatir el desempleo juvenil y propiciar mecanismos de descuelgues
El programa de gobierno del Partido Colorado (PC) aborda en el capítulo “Empleo y negociación salarial” cuatro temáticas: nuevas realidades laborales y formas de trabajo, negociación colectiva, conflictos colectivos de trabajo y capacitación laboral. El PC aspira a “un Uruguay con un mercado de trabajo dinámico, inclusivo y sostenible, que se adapte a los cambios tecnológicos y sociales, fomentando el crecimiento del empleo y el salario”.
Sobre la negociación colectiva se considera que deben existir “relaciones laborales donde se respeten los derechos de todos los actores involucrados, y se cumpla con la Constitución, manteniendo el equilibrio en las relaciones para asegurar un entorno justo y seguro para todos”. Para las nuevas realidades laborales se propone adecuar la regulación laboral, “removiendo los obstáculos existentes y evitando las tentaciones regulatorias”. “Proponemos crear un marco normativo para regular el teletrabajo internacional y atender las necesidades de los nómades digitales, garantizando claridad jurídica en las condiciones laborales y facilitando relaciones laborales justas y equitativas en beneficio tanto de trabajadores como del país”, expresa el documento programático.
También propone establecer un marco normativo de prevención que asegure un ambiente de trabajo libre de violencia y acoso, y bajo “el principio” de que “la negociación salarial se ajuste a la particularidad de cada empresa”, propiciar “mecanismos de descuelgues laborales con criterios objetivos y reglas claras”, garantizando la seguridad jurídica a las partes.
Sobre las categorías laborales y los grupos de los Consejos de Salarios, se plantea “hacer foco en las competencias” y “efectuar un cambio conceptual: lo importante no son las tareas específicas que hacen los trabajadores, sino las competencias requeridas para ello, agrupadas por nivel de complejidad”.
Como la ley de negociación colectiva establece que solamente las organizaciones de trabajadores están legitimadas para celebrar convenios, para el PC “se debería efectuar una modificación legal para clarificar este punto, estableciendo que el personal de la empresa está legitimado para ello si no existe sindicato”.
Sobre la jornada laboral y los períodos de descanso, se propone evaluar “la modificación del régimen actual estableciendo un límite máximo de trabajo”. Se trabajará, añade el documento, en la “modificación del tiempo flexible (período de horas durante el cual es obligatorio que el trabajador trabaje, y un margen al inicio y/o final en que el trabajador regula su horario)”.
Otras iniciativas son el desarrollo del denominado “banco de horas” (cuenta corriente de horas de trabajo, variando los períodos de referencia) y el impulso a la “semana comprimida” (se aumenta el número de horas diarias, disminuyendo los días trabajados por semana). En tanto, sobre la adecuación del régimen de licencia reglamentaria, la propuesta pasa por “evaluar y mejorar el marco normativo vigente para flexibilizar el fraccionamiento de la licencia reglamentaria, adaptándose a la realidad actual de varios sectores en nuestro país.
Finalmente, sobre la capacitación laboral, el PC plantea implementar “programas de actualización y capacitación continuos”, continuar articulando con el sector privado “en colaboración de oportunidades laborales y financiamiento, y con instituciones educativas públicas y privadas mediante la creación de cursos, programas y certificaciones que se alineen con las demandas laborales”.
CA: “Decisiones de las grandes empresas en negociación bipartita no deben ser vinculantes para las pequeñas”
“El Uruguay del trabajo y los valores”, el programa de Cabildo Abierto (CA), dedica el capítulo 19 a las propuestas sobre trabajo, donde se establece el mantenimiento y la profundización del programa Accesos, y se propone la creación de un Programa de Recalificación y Promoción del empleo privado, “coparticipado entre el sector público y el sector privado, siguiendo pautas similares al modelo dual de capacitación y entrenamiento”.
CA plantea también la reorganización y perfeccionamiento de los servicios públicos, “promoviendo la colaboración público-privada y la aplicación de reformas que permitan incrementar la eficacia y eficiencia en los ingresos y egresos al sector, así como los procesos de orientación laboral”. Además, CA impulsará una ley de promoción de empleo para reforzar la vigente, “a fin de estimular el empleo de jóvenes menores de 29 años, mayores de 45 años y personas con discapacidad”.
El partido liderado por Guido Manini Ríos propone una modificación de la ley de negociación colectiva para que sea “por rama del salario mínimo aplicable a las pequeñas y medianas empresas como piso”. “Las decisiones de las grandes empresas en negociación bipartita no deben ser vinculantes para las pequeñas y medianas empresas”, agrega el documento.
El programa de CA promete la creación de políticas y programas que “promuevan un entorno empresarial favorable, eliminen barreras y brinden apoyo en áreas clave” para las micro, pequeñas y medianas empresas, y propone para estas una reducción de costos. Además, propone generar “políticas para proteger y blindar” estas empresas “de prácticas comerciales injustas, competencia desleal y monopolios, así como facilitar la obtención de recursos técnicos y financieros para resolver disputas comerciales y legales”.
Finalmente, CA propone fortalecer las microempresas, en particular los monotributistas, promover la formación de cooperativas de trabajo, cooperativas sociales, y “su contratación tanto en la órbita privada como pública”.