¿Qué está en juego en estas elecciones nacionales?: los actores sociales tienen la palabra

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Rodrigo Arim (Universidad de la República)

Cuando en marzo de 2020 la pandemia se instaló en Uruguay, la incertidumbre y el temor hicieron que las ciencias ocuparan un lugar de visibilidad poco habitual en el escenario social. Investigadoras e investigadores comenzaron a aportar distintos insumos relevantes para afrontar la situación y reducir, también, el espacio de lo desconocido ante una amenaza emergente. En Uruguay y en muchos países del mundo, personas provenientes del ámbito universitario y de las instituciones de investigación científica se transformaron en figuras públicas y los medios de comunicación buscaron en las universidades respuestas tentativas a un sinnúmero de preguntas que emergían.

Entretanto, los sistemas educativos públicos buscaban alternativas a la presencialidad cercenada, haciendo esfuerzos gigantescos para mantener conectados a los estudiantes y avanzando en su formación.

En medio de la tragedia, muchos actores de los sistemas educativos y científicos visualizaron un horizonte más promisorio, en el que la importancia de las capacidades científicas nacionales y del fortalecimiento de las instituciones educativas, ahora sí, se verían como relevantes. Uruguay no es una excepción, pero más allá del reconocimiento de la importancia de la investigación nacional por todo el espectro político, sigue siendo un desafío relevante para 2025 la priorización de la investigación y la creación de conocimiento general en el abanico de las políticas públicas.

También lo será el fortalecimiento de un verdadero sistema de educación pública. Más allá de las dificultades estructurales conocidas, la pandemia ha dejado herencias educativas complejas que no han recibido la atención imprescindible. Dos años de formación golpeados por la presencialidad intermitente y la imposibilidad de habitar una comunidad educativa de forma cotidiana dejan huellas indelebles. Las generaciones que hoy transitan en las instituciones de educación cargan con estas cicatrices, que además profundizan desigualdades. Uruguay no sólo debe preguntarse cómo lograr un funcionamiento armónico de un sistema público de educación, debe también preguntarse qué instrumentos se necesitan para mitigar estos efectos de largo plazo. Poco se ha reflexionado en esta dirección en términos de política.

En el contexto de dificultades varias, la educación, la ciencia y la creación cultural deberían ser motivo de una priorización clara y transparente, así como del diseño de un nuevo conjunto de políticas innovadoras, capaces de sostener el bienestar de la niñez, la juventud y las generaciones futuras.

Paula Baleato (Plataforma Infancias y Adolescencias)

En materia social, esta administración deja saldos negativos en varias áreas claves de la vida de las personas y comunidades.

La reformulación de diversos programas sociales ubicados en el Ministerio de Desarrollo Social que estaban desplegados en territorio y que, con muchas limitaciones, daban posibilidad de acceso a recursos y servicios a familias en situaciones muy delicadas ha sido altamente negativa. Estas transformaciones tuvieron como impacto un fuerte repliegue de la presencia del Estado en varios territorios, lo que, junto con el aumento de situaciones de violencia y las dificultades económicas y de acceso a empleo y vivienda de calidad de miles de familias (en particular, las que tienen niños, niñas y adolescentes), ha dejado una situación de alta complejidad.

El campo de las políticas de infancias y adolescencias enfrenta varias emergencias que es necesario encarar en una próxima administración: la concentración de la pobreza y la desigualdad, la situación de precarización de la vida de las familias con niños, niñas y adolescentes, el debilitamiento del sistema de cuidados, la imperiosa necesidad de reforma de la institucionalidad disponible en clave de integralidad, interseccionalidad, interinstitucional, caminando hacia un nuevo modelo de programas que cuenten con la participación directa de las comunidades y con la mirada de los territorios.

Lucy Garrido (Cotidiano Mujer)

Creo que al gobierno le fue más natural apoyar al mundo empresarial que tener en cuenta las necesidades de la gente. Durante la pandemia había que “sostener la economía” y apoyó reclamos del sector ganadero, lechero, hotelero, etcétera. No se le ocurrió que había otra economía funcionando en los hogares, basada casi exclusivamente en las tareas que realizaban las mujeres. En el Instituto de Economía se calculó que por este trabajo no remunerado, por las dificultades de acceso al mercado laboral y las transferencias no realizadas, la deuda con ellas es del 2% del producto interno bruto en 2020 y 1,5% en 2021. Más de 2.100 millones de dólares. Pero al gobierno no se le pasó por la cabeza si este “sector de la economía” (una inmensa mayoría) precisaba ser apoyado. Por el contrario, llevó al Sistema Nacional Integrado de Cuidados a su mínima expresión y sus prestaciones fueron desmanteladas o desfinanciadas.

Promovió la ley de corresponsabilidad en la crianza para instalar la idea de que las feministas mienten y las mujeres manipulan a sus hijos, pero no se le ocurrió implementar con el presupuesto correspondiente la Ley contra la Violencia basada en Género ni la Ley sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo. En cambio, gracias a la LUC, aumentó las penas por microtráfico y hay 60% más de mujeres en las cárceles. Se le ocurrió, sí, incrementar en cinco años la edad mínima para jubilarse, mientras, en realidad, las mujeres que están desocupadas difícilmente se incorporen al mercado de trabajo formal con más de 50 años.

¿Qué está en juego en estas elecciones? La igualdad. Sin ella, la “libertad responsable” es una ocurrencia más.

Emiliano Mandacen (Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria)

Respecto del balance del gobierno, es ineludible colocar como un gran paraguas esa consigna de que es un gran modelo de desigualdad, que profundizó los procesos de acumulación y concentración en nuestro país en forma bastante agresiva y bastante feroz. Y su expresión en la educación es una transformación educativa que implicó un gran retroceso en un elemento transversal, que es el acceso democrático al conocimiento. Eso se expresó en el ajuste presupuestal, en la persecución a los docentes y la vulneración de sus derechos, en la burocratización del trabajo docente, el deterioro de las condiciones de infraestructura, el aumento de la cantidad de estudiantes por grupo, junto con un cambio curricular que lo que hace es vulnerar el acceso a contenidos y el acceso democrático al conocimiento. Hay una política pensada con un cuerpo ideológico atrás que lo que busca es, de manera bastante fuerte y contundente, establecer una educación de corte de mercado para la gran mayoría de la población, el acceso universal al conocimiento a un sector reducido de la población. Y esto tiene una expresión bastante clara en algunos elementos que hemos vivido, porque lógicamente la distribución democrática del conocimiento implica repartir poder. Ese es el balance en este aspecto, con otro elemento estructural, que es la pérdida de presupuesto.

Con respecto a las elecciones, lo que uno puede plantear es un proceso democrático en el que, de alguna manera, todas y todos pueden expresarse libremente y elegir en forma democrática.

Alicia Maneiro (Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas)

En este gobierno el cooperativismo mantuvo programas que tenía, no perdimos absolutamente ningún programa de los que teníamos. Mantuvimos el fortalecimiento gremial y el desarrollo territorial, acuerdos que tenemos con el Instituto Nacional del Cooperativismo, mantuvimos el Sicoop (sistema integrado de cooperativas), que lo gestionamos también en conjunto con el Instituto Nacional del Cooperativismo, y el Procoop (programa de formación cooperativa), que son fondos que vienen desde el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), también lo mantuvimos. La diferencia, y tal vez lo importante a tener presente, es que en el caso del Procoop los fondos disminuyeron sustancialmente y pasamos al inicio del gobierno a tener que competir por fondos concursables, que en todos los casos calificamos, pero en realidad no es el mismo formato que teníamos antes. Nosotros apuntamos a mantener los programas, a fortalecer los que tenemos, recuperando fondos perdidos por los recortes que ejerció este gobierno. Y hay reivindicaciones que son históricas en el movimiento cooperativo, como es el voto en el Inefop y como es la participación del movimiento cooperativo en otros ámbitos de dirección y de negociación, como puede ser, por ejemplo, el Consejo Superior Tripartito.

Gabriela Mordecki (Instituto de Economía, Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Universidad de la República)

En un país emergente como Uruguay, siempre los retos que se enfrentan son múltiples, pero creo que el principal es volver a poner al país en una senda de crecimiento similar a la que experimentó entre 2005 y 2018, de 4,5% acumulativo anual, lo que permitiría seguir avanzando en las mejoras salariales para los trabajadores y de ayudas sociales para los más excluidos, apoyando al mismo tiempo el fortalecimiento de la educación pública y el sistema de salud. O sea, lograr que el crecimiento económico permita seguir avanzando en la senda de desarrollo y de mejora de los principales indicadores socioeconómicos de Uruguay.

Sin embargo, esto no debe llevarse adelante descuidando los equilibrios macroeconómicos. Si bien en estos años se logró una baja de la inflación, el déficit fiscal y el endeudamiento público se deterioraron con respecto al fin del gobierno anterior, por lo que cuidar estos equilibrios es fundamental. Pero para lograrlo, nuevamente es indispensable lograr tasas de crecimiento económico que apoyen los ingresos fiscales, para caminar hacia una situación de endeudamiento sustentable.

Karin Nansen (Redes-Amigos de la Tierra)

Sufrimos una ofensiva contra la justicia ambiental y social, la salud de los territorios y derechos fundamentales, porque el gobierno priorizó los intereses del agronegocio y las transnacionales y la lógica neoliberal, por ejemplo, autorizando agrotóxicos prohibidos a las forestales, flexibilizando las fumigaciones y permitiendo la reiteración de delitos ambientales. Un proyecto bandera del gobierno -Neptuno- es privatizador y en el proceso se niega la participación social, atentando contra la Constitución y legislación. Se atacó la integración regional en aras de una inserción internacional más dependiente y primarizadora de la economía. La gravedad de las crisis socioambientales exige revertir la injusticia y la lógica neoliberal que las originó, con políticas públicas diseñadas y ejecutadas con participación social, priorizando la salud de los territorios y el ejercicio de derechos. Necesitamos más integración regional, porque urge cambiar el modelo productivo y las crisis no tienen fronteras.

Elbia Pereira (PIT-CNT)

Lo que está en juego en estas elecciones son claramente dos modelos de país. Uno, el de un gobierno que apostó a políticas de derrame hacia los trabajadores, hacia las personas, y eso no sucedió. Lo dijo el actual presidente de la República en la campaña electoral en 2019: la cuestión era gobernar para los malla oro, con la convicción de que luego eso iba a derramar en el resto de la población. Bueno, eso no sucedió. No creció el país, o por lo menos eso no llegó a donde tenía que llegar, que era al conjunto de la población.

Es una cuestión bien distinta lo que se juega en estas elecciones entre uno y otro modelo. Este gobierno ha dejado de lado lo que es la participación, escuchar a la ciudadanía. Un gobierno distinto, un modelo distinto, en el que las prioridades sean otras, en el que verdaderamente se priorice a la gente, el bienestar de la población, es lo que está en juego en estas elecciones.

Diego O’Neill (Confederación de Cámaras Empresariales)

Destaco los siguientes avances en esta administración, en línea con propuestas que la Confederación de Cámaras Empresariales hiciera en su documento de propuestas para la campaña electoral de 2019: nueva institucionalidad fiscal; potenciar instrumentos de promoción de inversiones (Comap y Vivienda Promovida); importante inversión en vialidad; avanzar en la profundización del calado en el puerto de Montevideo a 14 metros; creación de empleo y aumento de la formalidad; reducción de la inflación; reforma de la seguridad social; reforma educativa.

Lo que se juega en estas elecciones es quién continuará mejor la agenda pendiente: reducción del déficit fiscal, que sigue siendo alto; reducción del gasto público y mejora de la eficiencia del gasto; reforma del Estado, desregulación, desburocratización; reducción de costos internos para mejorar la competitividad; modernizar la regulación laboral (negociación colectiva/descuelgues); inserción internacional; continuar transformando la educación; combatir la pobreza, especialmente en la infancia.