Las propuestas vinculadas a la salud que integran los programas del Partido Nacional, el Frente Amplio y el Partido Colorado tienen más similitudes que diferencias. Los tres partidos incluyeron como “temas urgentes” la salud mental, reformas en distintos niveles de atención, sobre todo en el primario, y la inclusión de nuevas políticas de salud para todas las edades. Sin mucho detalle de cómo costearán cada propuesta, las listas de proyectos a aplicar ante un eventual triunfo son bastante extensas.
“Un salto al bienestar” es el apartado en el que más mencionó el tema de salud la fuerza blanca representada por Álvaro Delgado y Valeria Ripoll, aunque, igual que los otros dos partidos, presenta otras acciones sueltas en otros subtítulos, como el de primera infancia, donde también propone cambios en la atención de la salud para esta población.
El Partido Colorado, representado por Andrés Ojeda y Robert Silva, tiene dos apartados vinculados a la sanidad. Por un lado, la salud como tal y, por otro, lo que ha sido foco esencial en su campaña, salud mental y adicciones.
Por su parte, el Frente Amplio, coincide en varias propuestas que integró en el capítulo “Una sola salud”, aunque las bases programáticas tienen otros apartados muy específicos dedicados, por ejemplo, a la salud integral de las mujeres.
Continuidad a lo ya establecido
En el amplio cuarto capítulo de su programa, en el que además de la salud también hacen referencia a las políticas sociales y de género, derechos humanos y cuidados y otros, los nacionalistas proponen darles continuidad a diversas acciones implementadas en este período de gobierno, algunas iniciativas que incluso datan de gestiones anteriores. En esa continuidad, el partido promete una segunda etapa de la Historia Clínica Electrónica Nacional, con el fin de permitir la vigilancia epidemiológica activa por parte de prestadores y del Ministerio de Salud Pública (MSP).
En cuanto a la atención, propone potenciar el control de las enfermedades crónicas, atendiendo los desafíos que presenta el proceso de envejecimiento demográfico de Uruguay. También promoverá una estrategia de complementación de cobertura territorial de policlínicas, que esté regida por aranceles pagos entre prestadores para la mejora del acceso al primer nivel de atención.
En investigación hay propuestas que pretenden concluir etapas, por ejemplo, incluir a Uruguay en el circuito de ensayos clínicos, mediante la actualización normativa de investigación clínica y el funcionamiento de comités de ética, algo que el MSP ya tiene en agenda.
En algunos temas se plantean acciones desde cero. Vinculado a la discapacidad hay planteos desde cero que se sintetizan en la creación de una secretaría “con la finalidad de otorgarles la jerarquía y transversalidad que requieren las cuestiones relativas a las personas con discapacidad y colaborar en la ejecución de políticas”.
Varias de las competencias de la división ya comenzaron a trabajarse en este gobierno, incluso antes; por ejemplo, mejorar la información estadística disponible sobre las personas con discapacidad, la creación de una certificación única de discapacidad que permita el acceso a las distintas prestaciones del Estado y avanzar en la implementación del baremo único, instrumento de medición a nivel nacional de la discapacidad. Otra de las propuestas es evaluar la incorporación de la rehabilitación de personas con discapacidad a las metas del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS).
Respecto de la salud mental, figura incluir la atención psicoterapéutica orientada a la rehabilitación de consumidores problemáticos de alcohol en el Plan de Implementación de Prestaciones de Salud Mental del SNIS –actualmente la atención se brinda a consumidores de cocaína y de pasta base de cocaína–. La creación de espacios de tratamiento específicos para adolescentes con uso problemático de sustancias en todos los prestadores de salud del país y fortalecer la creación de servicios alternativos a la internación asilar gestionados por el Ministerio de Desarrollo Social, con el objetivo de brindar respuesta habitacional a personas con trastornos mentales severos y persistentes en situación de desamparo social, son algunas de las otras iniciativas.
Enfoque en prevención y promoción
La propuesta colorada incluye varios planteos ambiciosos vinculados a la salud, entre ellos, la actualización del Plan Integral de Atención en Salud (PIAS), la creación de centros de salud materno-infantil y de una plataforma de datos que concentre diversos indicadores sanitarios, y la incorporación de “alta tecnología” al servicio del sistema.
Tal y como hizo durante toda la campaña, el Partido Colorado puso el foco en un apartado exclusivo sobre salud mental y adicciones, en su prevención y promoción. Algunas promesas son muy puntuales. Crear 25 centros de atención en salud mental en los 19 departamentos del país es una de ellas. En la órbita de esos centros, la propuesta agrega el desarrollo de telemedicina en salud mental “para aumentar significativamente la disponibilidad de consultas y reducir los períodos de espera de los usuarios que necesiten acceder a un especialista” y acentuar la atención en ciertos sectores de la población que “están expuestos a mayores riesgos y vulnerabilidades”, como funcionarios policiales, personas de edad avanzada y adolescentes.
La atención abarca la educación. Para incluir la primera en la segunda, el partido plantea incluir un módulo impartido desde educación primaria hasta educación media superior, que aborde “temas fundamentales” en áreas de salud mental y emocional, el bienestar y las habilidades de autocuidado, entre otras. Este módulo también incluirá formación orientada a combatir otros índices, como la violencia, el delito desde edades tempranas y el uso problemático de drogas.
Para la prevención de las adicciones también proponen la creación de nuevos centros, específicamente diez, para sumar “hasta 500 camas de internación”, así como la ampliación de servicios ya instalados, como los que brinda la Red Nacional de Drogas y planes focalizados para el tratamiento y la rehabilitación de personas privadas de libertad con uso problemático de drogas, debido a que “se estima que más del 80% de la población privada de libertad en nuestro país presenta consumo problemático de sustancias”.
Reactivar el sistema
La del Frente Amplio es una propuesta que integra conceptos más allá de la salud en sí, bajo el entendido de que “para garantizar el acceso a la salud, es necesario un adecuado cuidado del ambiente, con una perspectiva conceptual de la determinación social y laboral”, acompañada de políticas y acciones intersectoriales, sostenibles, “con énfasis en el acceso a vivienda y trabajo digno, educación y esparcimiento”.
Dentro de la amplitud de la propuesta, se definen 14 acciones prioritarias, algunas estrechamente dirigidas a la salud. La propuesta de la oposición da a entender que es necesario recuperar algunas características del sistema que funciona actualmente. En principio, asegurar la participación de usuarios y trabajadores en todos los niveles de gestión del SNIS mediante el “pleno funcionamiento” de la Junta Nacional de Salud (Junasa) y de otros organismos, como las juntas departamentales y locales de salud.
Por otra parte, para cumplir con los principios de la ley que crea el SNIS, es fundamental incluir a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) en la Junasa, “con voz y voto”, que asegure la competencia del prestador público en igualdad con el sector privado.
Por último, el partido plantea continuar con el proceso de transformación del sistema y los servicios bajo la habilitación de la segunda generación de reformas, especialmente en lo que refiere al ejercicio de la rectoría del MSP y la consolidación de redes integradas de servicios de salud que garanticen la complementación equitativa entre lo público y lo privado.
El partido también hace propuestas en materia de salud mental y adicciones. Sostiene que aplicará la Ley de Salud Mental (la cual fue aprobada en 2017 y aún continúa sin presupuesto) y que pondrá foco en desarrollar un sistema de prevención vinculado al consumo problemático de drogas y priorizará el acceso a la información y a la educación respecto del uso de drogas que permitan reducir los daños asociados.
Respecto de los tratamientos, “se aumentará la oferta pública y privada y en materia de prevención”. También se buscará “avanzar en la regulación de los mercados de alcohol, tabaco y cannabis “desde una perspectiva de salud”, con el objetivo de retrasar la edad de inicio de consumo y desestimular el uso de las sustancias.