El mismo día que el Parlamento aprobó de manera definitiva el proyecto de ley sobre financiamiento de los partidos políticos, el Frente Amplio (FA) presentó un nuevo proyecto que propone nuevas modificaciones a la Ley 17.045 sobre regulación de la publicidad electoral. La iniciativa está desde la semana pasada a estudio de la Comisión de Constitución de la Cámara de Representantes, y empezará a tratarse recién después de las elecciones internas.
En la exposición de motivos, el proyecto sostiene que ni la normativa vigente ni el proyecto recientemente aprobado prevé “la generación de documentación que facilite la auditabilidad de la información” que es entregada por los partidos. Aunque estos presentan estados contables y rendiciones de cuentas, no hay información “contra la cual contrastar lo declarado por los partidos políticos y los comités de campaña”.
A modo de solución, el proyecto plantea “poner a disposición de la autoridad de control información acerca de la parte más significativa del gasto electoral”, esto es, el gasto en publicidad electoral, lo cual “permitirá verificar la consistencia de la información presentada por los partidos políticos”.
Con este fin, se propone exigir que todas las pautas publicitarias realizadas en televisión, radio, prensa escrita, cartelería en la vía pública, e incluso medios digitales, “deberán identificar las personas físicas o jurídicas que la financian a través de una etiqueta” con sus datos. A su vez, los proveedores de servicios de publicidad tendrán la obligación de presentar ante la Corte Electoral una declaración con “todas las pautas de publicidad electoral” realizadas durante las campañas electorales.
El proyecto establece que el control de la ley estaría a cargo de la Corte Electoral y de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones. Por último, la iniciativa marca que la nueva regulación entraría a regir a partir del 30 de agosto de 2024, es decir, luego de las elecciones internas.
El diputado del FA Gustavo Olmos dijo a la diaria que el propósito del proyecto es “poder chequear lo que informan las empresas con lo que después declaran los partidos”. “La idea es establecer un mecanismo parecido al de las tarjetas de crédito, que informan a la DGI [Dirección General Impositiva] de todos los consumos que tienen las personas y de todas las ventas que hacen los comercios, para que después la DGI pueda sacar conclusiones”, señaló.
Consultado sobre la inclusión de los medios digitales en la regulación (el proyecto abarca tanto a los nacionales como a los extranjeros), Olmos indicó que “las campañas se hacen cada vez más por medios electrónicos”. Además, sostuvo que, en general, las plataformas internacionales cumplen con lo que exigen las legislaciones nacionales de cada país. “No hay demasiado problema con eso”, aseguró.
El problema es político y no técnico, según experto
En diálogo con la diaria, Rafael Piñeiro, politólogo especializado en financiamiento de partidos, señaló que el proyecto recientemente aprobado ya exige que los canales de televisión cobren el mismo precio por el espacio publicitario, y además que informen “quiénes le contrataron publicidad, qué publicidad y por cuánto tiempo”, por lo que, al menos en televisión, “ese aspecto queda más o menos cubierto”.
De todos modos, Piñeiro sostuvo que “el punto no está tanto en regular, sino en la capacidad que uno tiene de monitorear los gastos que se hacen en diferentes ítems de campaña”. En tal sentido, la nueva ley, que fue aprobada por unanimidad, faculta al Poder Ejecutivo a otorgarles a la Corte Electoral y al Tribunal de Cuentas los recursos necesarios para el efectivo cumplimiento de la ley, y dispone que estos dos organismos “podrán requerir el asesoramiento” tanto de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo como de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central.
Según Piñeiro, el principal obstáculo no es “la falta de capacidad técnica”, porque, si bien la Corte Electoral “no tiene una oficina” específica de monitoreo, esto “no quiere decir que las capacidades técnicas no se puedan construir o financiar”. “Esto sale muy poco en el presupuesto nacional”, afirmó. El principal obstáculo, sostuvo, es “la voluntad política que tiene la Corte Electoral en hacer efectivo el cumplimiento” de la norma.
A modo de ejemplo, Piñeiro señaló que la normativa vigente establece que los partidos deben identificar debidamente a sus donantes, ya sean personas físicas o jurídicas. No obstante, “esa regulación, que es una reglamentación sencilla de la ley, no se ha hecho desde 2009 hasta ahora”. “Los partidos terminan declarando lo que quieren; como no hay ningún tipo de control, no hay ninguna necesidad de declarar cosas que no quieren declarar”, subrayó.
En definitiva, para Piñeiro, la nueva ley de financiamiento de los partidos “es un avance”, dado que “es más consistente que la ley anterior”, pero advirtió que, “en un contexto de bajos niveles de control, cualquier cambio normativo no tiene el más mínimo sentido”.