El senador y precandidato del Partido Nacional Jorge Gandini presentó este jueves en el Palacio Legislativo una propuesta para concretar un “pacto antinarco” e introducir cambios en la gestión de la privación de libertad. Gandini empezó la conferencia de prensa recordando que hace algunos meses propuso “la necesidad de que los militares cumplieran tareas de seguridad en apoyo a la Policía”, y luego “la generación de un pacto antinarco, es decir, ir por el camino de un acuerdo político más concreto y específico, para cerrar filas para enfrentar el narcotráfico”.
En ese contexto, el precandidato de Por la Patria apuntó que “varios fueron los precandidatos y dirigentes de todos los partidos que mencionaron la necesidad de hacer un acuerdo nacional vinculado a la seguridad”. Por lo tanto, Gandini propuso un ámbito de “diálogo e intercambio para generar un acuerdo” que permita llegar a las elecciones de octubre “con un acuerdo sobre una ley de urgente consideración [LUC] a ser presentada” en el inicio del próximo gobierno. Dijo que esta LUC debería contener “el pacto antinarco y una nueva gestión de la privación de libertad, que también está en la preocupación de todas las candidaturas”.
Antes de la conferencia, Gandini entregó un documento a la prensa en el que se consignan los “objetivos y medidas base” de la LUC que propone, que incluye “blindar las fronteras, el espacio aéreo y marítimo”, y una “Guardia Republicana reforzada, actuando en la primera línea con el respaldo de los militares, apoyando con vigilancia y patrullaje en las zonas y por el lapso que solicite el Ministerio del Interior [MI], para mantener la paz y disuadir mediante la presencia y el ejercicio de la autoridad pública”.
También plantea el “respaldo legal a militares que actúan en funciones de apoyo y una retribución económica semejante a la que reciben quienes se desempeñan en la custodia de cárceles y en patrullaje de zonas de fronteras”. También introduce “cambios legales para facilitar y acelerar el cierre de bocas, en apoyo a la gestión policial”, así como “represión antinarco en zonas de disputa”.
“Proponemos reprimir”
La prensa le consultó a Gandini sobre el planteo de la “represión antinarco” y respondió que propone “darle con todo al narcotráfico”, ya que no pretende “dialogar con el crimen organizado”. “Proponemos reprimir, no hay otro mecanismo. Podremos dialogar sobre otras cosas y podemos discutir a largo plazo si toda la región va a legalizar las drogas –porque si sólo Uruguay la legaliza, sería un problema mayor–, pero, mientras tanto, y antes de que nos llegue lo que ha llegado a otros países cercanos, debemos blindarnos frente a estos problemas”, sostuvo.
El senador subrayó que “lo interesante” es que puedan llegar a hacer el acuerdo “antes de saber quién va a ser el presidente”, por lo menos un acuerdo “marco”, y después el próximo gobierno “deberá afinar”. “A mí la gente me dice 'usted tiene razón, hay que sacar los militares a la calle'”, aseguró, y sostuvo que eso se lo dicen en “los barrios populares y trabajadores de la capital y zona metropolitana”.
“Nos están pidiendo respuestas porque han perdido la paz, tienen miedo. Es el efecto que ejerce el terrorismo: los narcos imponen el miedo para poder dominar y ser la autoridad en algunas zonas. La Policía entra a todos lados, es verdad, pero cuando se retira, se pierde nuevamente la calma”, aseguró.
La propuesta para las cárceles
Por último, en cuanto a las propuestas para el sistema carcelario, en el documento presentado por Gandini se propone un nuevo diseño institucional, “sin necesidad de crear otro ministerio”, sacando al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) del MI, “y dejar a este último abocado a la represión, prevención y tareas de seguridad”.
“Transformación del INR en un servicio descentralizado, dedicado a la privación de libertad y medidas alternativas a cargo de tres directores expertos en la materia de rehabilitación y reinserción, con venia del Senado”, consigna el documento.
A su vez, propone la creación de “un subsistema dentro del nuevo INR para privados de libertad de entre 18 y 22 años, primarios y por delitos cuyas penas sean menores a seis años”.