El exdirector de la Policía Nacional durante el último gobierno del Frente Amplio Mario Layera entiende que el plebiscito para que se habiliten los allanamientos nocturnos, que se someterá a votación en las elecciones nacionales de octubre, no tendrá mayores impactos en materia de seguridad y, en contraposición, supone muchos riesgos. Para Layera, se trata de “golpear el clavo que sobresale”, pero la “tendencia al aumento de la violencia permanecerá”.
El exdirector de la Policía advierte que las acciones en la noche “multiplican por 100 el riesgo de vida, tanto de los policías como de los involucrados o de terceros que puedan integrarse a la escena”. También sostiene que el nuevo instrumento requiere “capacitación, entrenamiento y logística”, por lo que no tendrá un “golpe efectivo sobre la disminución de las bocas y sí escalaría el riesgo de la reacción que va a tener en quienes trafican drogas”.
Para Layera, el próximo gobierno deberá centrar sus esfuerzos en el narcotráfico, pero también en la violencia de género y en la situación del sistema penitenciario. A su vez, se deberán implementar medidas en el largo plazo para pensar en cómo hacer para que las “personas más vulnerables de nuestra sociedad no se caigan del sistema”. Para todo eso, dice, se necesita “presupuesto”, porque, “sin recursos, no va a haber resultados”.
En octubre se pone a votación la propuesta de plebiscito para habilitar los allanamientos nocturnos. Has sido muy crítico con esta medida, ¿cuál creés que es su principal falencia?
Esta propuesta obedece a una estrategia política de corte electoral, que fue manejada en 2019 también. Parece ser una reacción a los pocos resultados positivos obtenidos en esta gestión del gobierno, entonces se plantea este tema como principal, como diciendo que por no tener esta herramienta tuvieron obstáculos para trabajar. Están tratando una garantía de la Constitución como una herramienta. En ese caso, por más que me digan que es un tema que viene desde 1830, la Constitución ha sido modificada en varias oportunidades a lo largo del tiempo y, sin embargo, este artículo nunca fue tocado [el 11, que establece que “el hogar es un sagrado inviolable” y que “de noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe”]. No estoy de acuerdo con que esta garantía constitucional quede sin efecto y que después el próximo gobierno tenga que ir al debate de una ley para regular esta situación y definir en qué situaciones se va a implementar, porque no tiene ningún sentido que se implemente para lo que llaman la lucha frontal contra la boca de drogas. Profesionalmente es un disparate.
¿Por qué es un disparate?
El procedimiento de los allanamientos es muy complejo en horas diurnas. Los jueces generalmente no dan todo lo que solicita la Policía. Hay un filtro y en horas diurnas no se practican los allanamientos que a veces se solicitan sobre las bocas. Entonces, ir a que se contemple la hora nocturna para hacer esos allanamientos va a tener que tener todo un fundamento muy bien detallado frente a un juez para que te autorice esta situación. Después va a recaer sobre la Policía toda la responsabilidad de lo que suceda en esta acción nocturna. Nosotros decimos que en la acción nocturna se multiplica por 100 el riesgo de vida, tanto de los policías como de los involucrados o de terceros que puedan integrarse a la escena. En un allanamiento, el plan tiene que estudiar correctamente la zona que va a ser aislada, que no sólo es el lugar, la casa o el domicilio que se va a allanar. La capacitación, el entrenamiento y la logística, es decir, el equipamiento que tienen los policías que van a intervenir en este tipo de cosas, realmente es costoso y llevaría un tiempo preparar a los equipos. Por lo tanto, no va a tener un golpe efectivo sobre la disminución de las bocas y sí escalaría el riesgo de la reacción que va a tener en quienes trafican drogas. No está bien evaluado, obedece más que nada a una campaña electoral, a una idea de endurecer. Golpeás el clavo que sobresale, pero la tendencia al aumento de la violencia permanece. El estudio tiene que ser más profundo, se puede pensar en otro tipo de medidas para implementar, por ejemplo, un mayor despliegue nocturno en los lugares de venta, que impida la circulación libre y las situaciones de violencia que se dan en ese momento, que son las que más afectan a los vecinos. En ese sentido, creo que hay otras medidas para adoptar sin llegar a este procedimiento que también tiene condiciones de violencia, es decir, de uso de la fuerza.
Quienes están a favor dicen que la medida es garantista porque en realidad se va a necesitar una orden expresa de un juez, como sucede ahora.
Indudablemente sería garantista, por supuesto, según lo que sostienen. De cualquier manera, estamos hablando de valores que nos dimos en ese contrato social que es la Constitución. Realmente no creo que el concepto de sagrado inviolable en hora nocturna del hogar se haya modificado para nada en cuanto a los valores. No conozco un procedimiento policial, salvo que haya ocurrido en estos últimos cuatro años, que no haya detenido un cargamento de cientos o miles de kilos porque no se podía allanar un lugar. Si yo sé que hay armas, drogas, personas requeridas en un lugar en una noche, hay medidas para disponer que, en cuanto amanezca, se allane. Los criminales también tienen esposas, hijos, madres, que no tienen nada que ver con su situación. Los policías van a estar trabajando con una cantidad de testigos que no son los objetivos. Si resulta mal, evidentemente va a recaer en quien toma la decisión del ingreso, porque el juez en ese caso autoriza, pero quien hace el procedimiento, lo desarrolla y lo ejecuta es la Policía. En este caso están sometiendo a la Policía a mayor presión, y cuando se somete a la Policía a mayores presiones ocurren más errores y abusos. Realmente no va a mover la aguja de la situación en cuanto a seguridad. Son otras medidas las que se deben tomar, por la profundidad y la complejidad que tiene este tema, donde no sólo el narcotráfico está interviniendo en la violencia, sino que hay muchos otros elementos y otras situaciones, por ejemplo, la violencia doméstica y de género.
¿Cuáles pensás que tienen que ser las primeras medidas que debe tomar el próximo gobierno en materia de seguridad?
El próximo gobierno desde el día uno va a recibir una situación muy compleja, muy complicada, con muchos puntos críticos que van a tener que ser definidos rápidamente, posiblemente tengan que definirlos antes del 1° de marzo, para que luego el gobierno actúe rápidamente. Uno es el narcotráfico; hay que preguntarse dónde está impactando y cuáles serían los planes en ese sentido. Luego está todo el tema de la violencia, la violencia de género, principalmente, donde están los nudos y donde el impacto es mayor para tomar como prioridad esa urgencia. Otro tema es la cárcel, desde ahí se origina todo un impacto que se refleja en los barrios, en la ciudad o en determinados lugares donde se concentra el delito. Es muy importante la gestión en cárceles, es muy importante cómo se logran mejores tasas de no reincidencia y se rehabilita, que es el fin que tiene. Entonces, hay carriles que van a ser de corto plazo, pero después ya con un camino definido a largo plazo es necesario pensar qué voy a dejar para que un futuro gobierno alcance mayores resultados que yo en los temas. Eso no tiene nada que ver con lo policial ni con la represión, sino con las personas más vulnerables de nuestra sociedad; dónde están los niños, dónde están los adolescentes, dónde están las mujeres que son jefas de hogar; dónde se debe enfocar a largo plazo para que no se caigan del sistema o para volverlos a integrar. Ese esfuerzo ya es mayor y eso es un tema a largo plazo.
Foto: Natalia Ayala
La seguridad es uno de los temas centrales de la campaña y que mayor preocupación generan en la población. El candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, propuso crear un grupo antimafia, integrado por varios organismos, para combatir el crimen organizado y el narcotráfico. ¿Qué pensás de la medida?
Ha sido sistemática en este gobierno la decisión de crear grupos sobre grupos dentro de la Policía, que, en definitiva, es sólo marketing, el resultado es el mismo. La estructura, en definitiva, ya existía, simplemente que, por un tema de decisiones políticas, se le saca el nombre a una cosa y se le pone otro nombre, pero para la Policía sigue funcionando de la misma manera. Primero, no estamos en Italia para llamarle antimafia, y, segundo, la Policía tiene las unidades creadas para enfrentar el narcotráfico. Es un tema de gestión, funcionamiento y resultados. Por ejemplo, se han dejado de lado cosas como la inteligencia, y no veo que se utilice la inteligencia estratégica y la táctica en todos los niveles.
También el candidato colorado Andrés Ojeda ha hecho propuestas en el tema, por ejemplo, para el combate al narcotráfico se propone la implementación de un sistema de control público-privado en el puerto de Montevideo que, con apoyo militar, se convertirá “en el puerto más seguro de la región”. ¿Puede ser una buena medida?
No sé a qué se refiere con lo militar, no entiendo muy bien. Tenemos instituciones en los puertos, hay que fortalecerlas. Tenemos una Prefectura Nacional Naval, que es la Policía marítima, que tiene que ver con los controles en el sistema, que tiene que tener capacidades para intervenir. La Aduana también, y en otros casos está el aeropuerto, con la Policía aérea, y hay otras fuerzas que pertenecen al Ministerio de Defensa, pero que no las llamamos militares, que son policías de determinada jurisdicción, que existen, pero acá siempre ha habido un debate, por ejemplo, de cuánto presupuesto le destina el ministerio a la Prefectura Naval y qué nivel de operación tienen para completar planes integrales con otras unidades de la Policía.
Lo presupuestal te parece un tema central.
Por supuesto, hay que tomar decisiones que tal vez no son muy simpáticas. Sin recursos, no va a haber resultados. En la gestión, por liderazgo, conocimiento, experiencia y todo lo demás, se puede mejorar, pero los recursos son fundamentales, la tecnología que se utilice es fundamental, como ya vimos con la videovigilancia. En la gestión, en vez de obstaculizar la denuncia, hay que buscar la forma de que la gente denuncie de todas las maneras posibles para cerrar la parte oscura de lo que está sucediendo. Después tiene que haber una auditoría permanente con algunas otras medidas aparte del sistema de registro policial que hay. Debe haber un observatorio que esté mirando otros detalles y haciendo encuestas de victimización para tener una idea de cuál es la parte oscura y cuáles son los programas que están mal, que no permiten tener una realidad completa de lo que está pasando. También se tiene que ser transparente e informar constantemente a la población sobre cuáles son estas medidas que se están adoptando. Si yo quiero mayor seguridad y digo que necesito equis cantidad de policías desplegados, el plan tiene que estar muy bien detallado y especificar cuáles serían los resultados que se buscan y después se tiene que hacer una auditoría de esos resultados y los costos. Estamos atravesando una crisis que va en una tendencia que evoluciona hacia niveles de mayor violencia. Entonces toda la sociedad se debe involucrar en este problema. Es necesario no caer en medidas simples, que parecen poner todo sobre blanco y negro, y en realidad no van a tener un resultado.
Hace unas semanas Cabildo Abierto propuso declarar la emergencia en seguridad. ¿Te parece que es una medida “simple”?
Muchas de las cosas que se proponen ya existen y simplemente es un tema de gestión. Lo que se propone es adoptar un sistema de medidas prontas de seguridad, que se pueden adoptar en cualquier momento, porque la Constitución habilita al presidente a hacerlo con el respaldo del Parlamento. El problema de la adopción de este tipo de medidas, que son extremas, es valorar si la situación nuestra realmente implica que lleguemos a ese punto. Si no hay un resultado, ¿qué viene después? Hablamos de valores, de la vida, la libertad. Si tomamos medidas extremas, esos valores van a estar comprometidos. Si esos valores están comprometidos, va a estar comprometida la democracia. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos y estudiar más e investigar más.
Decías que estamos viviendo una crisis de mayor violencia, ¿cómo ves la situación del avance del narcotráfico y la seguridad?
Estamos inmersos en un continente, en una cultura, y tenemos los índices de violencia más altos. Unos años atrás teníamos índices muy buenos y, aunque seguimos manteniendo algunos, eso ha decrecido. En el caso de los vecinos o de la región, el tema está complicado. Principalmente las organizaciones criminales que actúan en la región, que están afuera, nos pueden impactar negativamente, y, por supuesto, no todo corresponde al narcotráfico. Hay otro tipo de delitos en la región de crimen organizado, como la trata de personas. En ese sentido, tenemos muchas amenazas y por eso hay que trabajar sobre todas, no sólo sobre el narcotráfico.
El fiscal de Corte, Juan Gómez, finalmente rechazó el reclamo para recuperar las conversaciones del presidente Luis Lacalle Pou y el exjefe de seguridad presidencial Alejandro Astesiano, que podían ser clave para aportar más información a las investigaciones de espionaje, entre ellas, la que te tuvo como objeto. ¿Cómo recibiste esta noticia y qué impacto pensás que tiene en la opinión pública?
Estas situaciones causan un grave perjuicio en la opinión pública. El tema queda en una indefinición que lo que daña es la confianza, y esa desconfianza afecta las instituciones y el orden democrático, indudablemente. Ese es el impacto mayor que se observa, y después el tema de que nos acostumbremos a esto. Puede ser que algunas conductas no sean delito o no se puedan probar, pero éticamente en la opinión pública resultan totalmente desaprobadas. Yo creo que se procedió mal desde el principio. Todas las acciones, en los diferentes niveles jurisdiccionales y de aplicación de la ley y las conductas personales en cuanto a la gestión pública, resultaron negativos. No es sólo mi caso, hubo otros casos más, hay una intención clara hacia mí y otras personas que participaron en la administración [anterior] en donde se pretende descalificar y se usan esos métodos para lograrlo, pero tiene que haber un consenso general de que estas cosas no pueden pasar porque provocan una gran desconfianza y un daño a la institucionalidad.
Has participado en charlas organizadas por el comando de Yamandú Orsi en materia de seguridad y en reuniones en comités de base. ¿Cuál es tu rol en la campaña del candidato?
Estoy participando y colaborando cuando se me requiere. En el último tiempo ya estoy un poco más integrado a grupos donde participan diferentes expertos o profesionales en estos temas, porque adherí desde el principio a la candidatura de Yamandú Orsi. Más que nada tengo agradecimiento a algunas personas que integran el Frente Amplio porque respaldaron mi gestión en su momento y me apoyaron. También tengo un agradecimiento a todo el equipo que trabajó conmigo y que, en cierta manera, ha sufrido consecuencias debido a eso en estos últimos años. Por eso también tengo que estar colaborando en lo que pueda, en aportar la información, la experiencia y los conocimientos que he adquirido a lo largo de 38 años en los diversos puestos que ocupé y hablar de las situaciones críticas, de los errores que se cometieron. Entonces todo eso lo vuelco ahí, pero hay otros que son los que toman las decisiones.
¿Te ves en algún cargo en el Ejecutivo del próximo gobierno?
No, no me veo, generalmente no hago una proyección de ese tipo, nunca la hice en mi vida, porque las cosas salen a veces de manera inesperada. No estoy buscando un cargo. Si se me ofreciera, tendría que tener una gran motivación para aceptarlo y entender que puedo tener la capacidad de obtener algo, de tener un resultado positivo; un cargo por un cargo no lo creo necesario para mí.