En lo que va de 2020 se registraron 410 denuncias de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, según informó este lunes el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual de la Niñez y la Adolescencia (Conapees). De esta forma, casi se duplica la cantidad de denuncias de 2019, cuando se llegó a 240, y además se encuentra por encima del registro de 2018, cuando hubo 386 denuncias.
El director de Conapees, Luis Purtscher, dijo en declaraciones a Radio Uruguay que el aumento de este año se adjudica a “una serie de situaciones generadas por la pandemia donde hubo una depreciación de la presencia de las instituciones del Estado y un corrimiento de aquellas instituciones vinculadas a la protección; este número da cuenta de eso”.
Según informó, la mitad de los casos corresponden a situaciones de las que el equipo ya venía haciendo un monitoreo ante las sospechas y la otra mitad son casos nuevos.
En el informe que se presentó se da cuenta por separado de los casos donde hay certeza de explotación -y por lo tanto hay una denuncia hecha en Fiscalía y las investigaciones correspondientes ya están en curso- y los casos donde existe la presunción de explotación, que según explicó Purtscher se señalan cuando “se identifican algunas variables que afectan la vida de los gurises, ya sea situaciones de extrema pobreza, calle, consumo o violencia familiar que son de alguna forma el antecedente a las situaciones de explotación sexual comercial”.
En esta línea también se expresó Pablo Abdala, presidente del Instituto Nacional del Niño y el Adolescente de Uruguay (INAU), órbita en la que está el Conapees. En diálogo con Radio Uruguay, dijo que “en los casos que son indicios donde se detectan elementos que podrían conducir a situaciones de estas características que el Conapees aborda, creo que también allí deberíamos judicializar más, porque no hay otro organismo del Estado en mejores condiciones y que tenga las herramientas que tiene la Fiscalía de Corte y el Poder Judicial para avanzar en el esclarecimiento de los hechos”.
Destacó que esta línea de trabajo cuenta con el respaldo de la Fiscalía y que su administración “avanza en esa dirección”. Asimismo, aclaró que abre un debate sobre si “eventualmente puede generar la revictimización de las adolescentes o si una declaración anticipada de una adolescente puede generar un prejuicio indebido, pero creo que están dadas las condiciones para no temer consecuencias de esas características”, opinó.
Purtscher también se refirió al perfil de los explotadores. Dijo que generalmente se mantiene la presencia de miembros del grupo de origen, y aclaró que es “es complicado” hablar de “familias” porque en muchos casos son “arreglos familiares los que existen”. Asimismo, dijo que el actor vinculado a la explotación generalmente la asocia a “estrategias de supervivencia o la conjunción con otro adulto que de alguna forma paga un alquiler, una cuenta de almacén para ese núcleo de convivencia, y se generan las situaciones vinculadas a los matrimonios pactados, parejas fictas, todas formas de explotación que nos cuesta mucho identificar y atender por la invisibilidad y naturalización que tienen en las comunidades”.
La palabra de la vicepresidenta
Beatriz Argimón, vicepresidenta de la República, también participó de la presentación de estos datos y, según consignó Radio Uruguay, dijo que en el país “existe un estado de derecho y las garantías de un debido proceso están presentes, pero la sociedad debe involucrarse y no hay excusas, no puede haberlas”. Señaló que los datos hacen “mirarnos como sociedad claramente” y ratificó su compromiso con el tema, “sabiendo que el trabajo pasa fundamentalmente por darle herramientas a los niños en la educación, y fortalecer este aspecto en su crecimiento, porque sin lugar a dudas es una herramienta fundamental para su defensa y los adultos debemos estar a la altura de las circunstancias”.