El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y Mevir firmaron esta semana un convenio de cooperación que busca dar apoyo a mujeres en situación de violencia de género que vivan en las más de 35.000 viviendas que tiene la organización en el interior del país. En el acuerdo, al que tuvo acceso la diaria, Mevir se compromete a brindar soluciones habitacionales a mujeres que estén en procesos de salida de las situaciones de violencia, y el Inmujeres a disponer de equipos técnicos en los territorios para el acompañamiento psicosocial.
Al mismo tiempo, las instituciones promoverán talleres de capacitación y formación en la temática para funcionarias y funcionarios de Mevir. La idea es también elaborar un protocolo de actuación para derivar las situaciones detectadas en el territorio a los servicios del Inmujeres.
“Esta es la culminación de un proceso que iniciamos amadrinados por la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, con el fin de dar respuesta a las mujeres que han solido estar olvidadas, que son las mujeres del interior profundo”, aseguró la directora del Inmujeres, Mónica Bottero, durante la firma del convenio, en la antesala de la Cámara de Diputados. La jerarca dijo que el acuerdo ratifica un compromiso del Estado con las mujeres en situaciones de vulnerabilidad, pero también apunta a cumplir con lo que establece la Ley 19.580 de violencia basada en género.
En el artículo 36, la ley establece para el Inmujeres la obligación de “contar con diferentes respuestas habitacionales para las mujeres en procesos de salida de situaciones de violencia basada en género, tanto para los momentos de crisis y de riesgo de vida, como durante el proceso de fortalecimiento sociolaboral para contribuir a su autonomía económica”. Estas respuestas tienen que abarcar “el alojamiento, protección y orientación a las mujeres y a sus hijos e hijas a su cargo, si los tuviere, y contar con accesibilidad edilicia para personas en situaciones de discapacidad”, establece la norma.
Bottero dijo a la diaria que no está determinado el número de viviendas que se destinarán para estos casos y que los detalles se verán más adelante, “dependiendo de la necesidad”. Como dato, agregó que entre 2019 y 2020 hubo alrededor de 92 casos de violencia de género en las zonas donde interviene Mevir. “Y esos son sólo los que se denunciaron”, acotó, en referencia a las dificultades que tienen muchas mujeres para denunciar estas situaciones e incluso para detectarlas. El convenio empezó a regir en el momento de la firma y se extenderá hasta el 28 de febrero de 2025, con la posibilidad de prorrogarse.
El presidente de Mevir, Juan Pablo Delgado, aseguró que el acuerdo refleja una de las premisas de la organización, que es “construir comunidad”. “Aparte de hacer viviendas y construcciones, Mevir construye comunidad desde el punto de vista de lo social, haciendo este tipo de trabajo, que es crear viviendas para víctimas de violencia doméstica, por supuesto, pero también buscar el sustento de contención y acompañamiento, trabajando con Inmujeres”, puntualizó.
Delgado celebró la creación de talleres de capacitación para que el personal de Mevir tenga “formación y una mayor sensibilidad” y resaltó la importancia que tendrá el protocolo de derivación de las situaciones. “Mevir ha detectado situaciones y las ha derivado, pero si tenemos un protocolo que articule y establezca bien cómo se hace, no estaremos dejando el procedimiento de atención tan a la voluntad de cada uno”, explicó.
Por otro lado, adelantó que Mevir está trabajando para incorporar en los contratos distintas cláusulas de protección a las mujeres en situación de violencia. Esa protección implicaría darles la prioridad de la permanencia en la vivienda y la titularidad en caso de que el bien sea compartido. Esto “no está en el acuerdo, pero sí en el espíritu del acuerdo”, señaló Delgado.
“Acá se juntan dos cosas buenas que hay en el Estado”, dijo por su parte el ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, quien también estampó su firma en el documento: “Los recursos que tienen Mevir y el Ministerio de Vivienda para dar soluciones concretas a las personas, y la capacidad que tiene el Mides de acompañar a las personas para insertarlas en comunidades”. “Eso es lo que nosotros continuamente estamos monitoreando cuando buscamos comunidades, núcleos, referentes barriales”, agregó Bartol; “gente con la que podamos conectar a aquellos que están sufriendo un proceso de soledad, violencia, discriminación o algún tipo de obstáculo para el desarrollo de su vida personal”.
“Una auténtica política descentralizada”
La vicepresidenta Argimón también celebró el convenio y dijo que tiene mucho que ver con en el “Compromiso por las mujeres” que firmaron políticas pertenecientes a los partidos de la coalición de gobierno durante la campaña electoral. “Tengo ese compromiso como forma de recordar cuáles son los lineamientos de trabajo que también nos dimos”, afirmó, y reconoció tener una “afinidad personal” con la problemática.
La presidenta del Senado recordó que una de las cuestiones que surgieron durante la campaña electoral fue “la soledad” que percibieron “en muchos temas de las mujeres en el interior del país, especialmente en el interior profundo”. “Si es difícil ser víctima de violencia en el ámbito urbano, ni que hablar en el interior del país profundo”, continuó Argimón, a lo que se suma “lo que implica asumir la situación de violencia y no tener los canales dispuestos en términos de cercanía que ayuden a salir de esa situación”.
En ese sentido, la vicepresidenta dijo que era necesario “descentralizar los servicios y no sólo en el papel, porque muchas veces la voluntad está, la política está, pero sin embargo en el territorio la respuesta no llega”. “Quienes estamos aquí asumimos esto como prioridad y lo que estamos haciendo hoy es una auténtica política descentralizada”, aseguró.
“Todas y todos sabemos la importancia de tener un hogar para poder salir de esa situación que marca a una mujer y a su familia, y la construcción realmente cambia cuando uno logra la estabilidad en un lugar en el que se sabe protegida y en el que ese proyecto familiar puede desarrollarse”, resumió la vicepresidenta. “Así que quiero agradecer en nombre de las compañeras parlamentarias”, agregó, “porque nos parece que estamos cumpliendo con una obligación que nos dimos cuando, después de percibir lo que pasaba, en la realidad debíamos transitar en hechos concretos”.