Las mujeres son las principales afectadas por la trata de personas, definida como la captación, el traslado y la recepción de personas dentro de un país o a través de fronteras para explotarlas. Así lo ratifica un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd) publicado esta semana, que asegura que siete de cada diez víctimas de este delito a nivel mundial son mujeres adultas y niñas. La situación puede verse agravada por la covid-19, alerta el organismo, ya que las redes de trata generalmente apuntan a poblaciones vulneradas ‒como personas migrantes, sin trabajo o de niveles socioeconómicos bajos‒, por lo que “es probable que la recesión inducida por la pandemia haya puesto a más personas en riesgo”.
La investigación revela que en América Latina y el Caribe la brecha de género muchas veces es incluso mayor a la media global, especialmente en Centroamérica y el Caribe. Allí, 79% de las víctimas detectadas en 2018 son niñas y mujeres. Sólo las niñas representan 40% del total de las víctimas, “el mayor porcentaje de niñas víctimas de trata registrado en todo el mundo”, señala el informe.
La enorme mayoría de las personas que son captadas por redes de trata en Centroamérica y el Caribe es explotada sexualmente (81%), mientras que 13% es sometida a trabajo forzado y el restante 6% a otros tipos de explotación.
La jefa de investigación de la Onudd, Angela Me, explicó a la agencia de noticias Efe que lo que distingue a Centroamérica es especialmente la explotación sexual infantil, ya que en otras regiones del mundo en las que hay una gran tasa de trata de niñas y niños suele estar vinculada a los trabajos forzados. Para la experta, la explotación sexual de niñas puede tener que ver con otros fenómenos de la región, como los elevados niveles de femicidios y de otros episodios de violencia de género, lo que refleja “una cultura de la desigualdad en la que las mujeres y las niñas son menos respetadas que los hombres”.
En una línea parecida, el informe hace referencia a algunos estudios en Centroamérica “que sugieren que la violencia doméstica y otras formas de violencia contra mujeres, niñas y niños, así como la discriminación contra las minorías étnicas, aumentan potencialmente el riesgo de que las niñas se conviertan en víctimas de trata”.
Más abajo en el mapa, en Sudamérica, 69% de las víctimas de trata son mujeres. En este caso la trata con fines de explotación sexual también es la forma más denunciada en la región y además registró un aumento, al pasar de 58% en 2016 a 64% en 2018. La inmensa mayoría de las víctimas de trata con fines de explotación sexual ‒96%‒ son mujeres y niñas.
La segunda forma más denunciada es la trata con fines de trabajo forzoso. El informe aclara que Argentina y Chile fueron los únicos países de la región que reportaron más víctimas de este tipo.
Respecto del perfil de los victimarios, los datos del estudio muestran que, en Sudamérica, la mayoría de los investigados, arrestados, procesados o condenados por trata “continúan siendo varones” (alrededor de 64%). En Centroamérica, por otro lado, la proporción de mujeres involucradas en este delito es ligeramente superior a la de los varones (51% y 49%, respectivamente).
La trata puede ser interna o doméstica cuando las distintas etapas del proceso se desarrollan dentro un país y es internacional cuando involucra a más de un país. En América Latina, la mayoría de los casos se produce dentro de las fronteras de los países.
Cuando hay casos de trata internacional, “no hay un patrón claro de países de origen y destino”. El informe menciona, de todas maneras, algunas características. En Sudamérica, por ejemplo, los países donde se detecta la trata a veces son también destinos para los flujos de tráfico transfronterizo dentro de la región. Otro rasgo es que la mayoría de las víctimas que llegan a Centroamérica y el Caribe son de países de la región o de alguna parte de Sudamérica. Además, se ha identificado un flujo de víctimas captadas en Centroamérica y el Caribe que se traslada hacia Estados Unidos y México.
Criminalización
La Onudd asegura que la mayoría de los países de América Latina y el Caribe cuenta con una normativa que incluye un delito específico de trata de personas. “La mayoría de los países introdujeron un delito específico sobre la trata de personas entre 2004 y 2012”, especifica el texto. Hasta agosto de 2018, sólo un país de la región tenía una legislación “parcial”.
El número de condenas por cada 100.000 personas registradas en Sudamérica ha sido menor en comparación con los países centroamericanos, advierte el informe. Sin embargo, las tasas de condena cada 100.000 personas han aumentado en general durante los últimos 15 años. Lo mismo pasó en Centroamérica, que en 2018 casi alcanzaba el promedio global.
De acuerdo con la investigación, tanto en una región como en la otra el número de víctimas detectadas por cada 100.000 habitantes también aumentó desde la entrada en vigor del Protocolo de las Naciones Unidas contra la Trata de Personas, que generó a su vez el aumento de la tasa de condenas.
Uruguay aprobó recién en 2018 una ley de prevención y combate de la trata que aborda el problema de manera integral. Antes, el marco legal uruguayo contaba con la ley de violencia sexual de 2004 –que contempla la trata de niñas, niños y adolescentes– y la ley de migraciones de 2008, que tipificó por primera vez el delito de trata.