Este martes se cumplen cinco años de la noche del 2 de marzo de 2016, en que la defensora ambientalista hondureña Berta Cáceres fue asesinada a tiros en su casa por un grupo de sicarios. La activista indígena lideraba una intensa campaña para frenar la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca que llevaba adelante la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA) en la cuenca del río Gualcarque, considerado sagrado para el pueblo lenca, al que pertenecía Cáceres. Ya había denunciado amenazas de muerte vinculadas a su activismo y pidió una protección que nunca llegó.
La justicia por el crimen también tiene sus demoras. El juicio para condenar a los responsables comenzó el 20 de octubre de 2018, dos años y medio después del asesinato. La familia de Cáceres y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), que presidía la activista, quedaron excluidos del proceso.
El 2 de diciembre de 2019, 14 meses más tarde, fueron condenados siete hombres como responsables materiales. Edilson Duarte, Henry Hernández, Elvin Rápalo y Óscar Torres, los supuestos sicarios, fueron sentenciados a 50 años de prisión por el asesinato de Cáceres y la tentativa de homicidio contra el activista mexicano Gustavo Castro, que estaba en la casa de la ambientalista esa noche porque asistía a un seminario del Copinh y recibió un disparo en la oreja. Mientras, Douglas Bustillo (exmilitar y exjefe de seguridad de DESA), Sergio Rodríguez Orellana (gerente ambiental de esa misma empresa) y Mariano Díaz Chávez (mayor de las Fuerzas Armadas) fueron condenados a 30 años de cárcel como coautores del crimen.
Hasta el momento, nadie fue condenado como autor intelectual, pese a los reiterados pedidos de la familia de Cáceres por detener a quienes planearon, diseñaron y ordenaron el asesinato de la ambientalista. El único acusado en este sentido es Roberto David Castillo, el gerente general de DESA, que fue imputado en 2018 y está en prisión preventiva a la espera de ser juzgado. Desde entonces, los abogados de Castillo lograron que se suspendiera el juicio 11 veces.
El lunes, en la víspera del quinto aniversario del crimen, el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional de Tegucigalpa anunció que el juicio contra Castillo será finalmente del 6 al 30 de abril. Adelantó además que fueron admitidos 88 medios de pruebas presentados tanto por la parte acusatoria como por la defensa.
Un rato después, el Copinh lamentó en un comunicado que se hayan rechazado los “testimonios calificados” de Jacobo, José y Pedro Atala, integrantes de la junta directiva de DESA y con quienes Castillo mantenía un contacto frecuente para transmitirles las molestias que le ocasionaba Cáceres. Sólo fue admitido el testimonio de Daniel Atala, director financiero de la empresa. La organización denunció que tampoco se hayan aprobado los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los que la activista “daba a conocer las amenazas y ataques vividos por parte de empleados de DESA, incluido David Castillo”. Con estos materiales, “se pretendía dar a conocer el contexto de ataques y violencia de las que fue víctima nuestra compañera hasta culminar en su asesinato”, aseguró el Copinh.
Por otra parte, la organización recordó el pedido para que el juicio se realice con una perspectiva de género, ya que Cáceres “fue asesinada por ser una mujer que desafió el machismo con el que operan empresarios para imponer sus proyectos de muerte”, lo cual tiene que ser considerado como un agravante.
Bertha Zúñiga, una de las hijas de la líder lenca, dijo este martes al portal de noticias Nodal que el juicio a los autores materiales logró “avances importantes” en el proceso de búsqueda de justicia porque indicó que su madre “fue asesinada por su lucha en defensa del río Gualcarque y que se vieron implicadas decisiones de altos directivos de la empresa DESA”. También calificó de “muy importante” que se haya fijado una nueva fecha para el inicio del juicio contra Castillo. Sin embargo, insistió en que “existe información contundente” que marca la participación de otros autores intelectuales que “pagaron y ordenaron el crimen” y “al día de hoy no han sido enjuiciados ni capturados”. A su entender, “esto se debe a que no existe voluntad por parte del Estado de Honduras, que es cómplice de estos actores por ser parte de los grupos de poder más importantes del país”.