Representantes de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual se reunieron este lunes con el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, para trasladar sus preocupaciones sobre la falta de acción por parte del gobierno en este tema. Marina Morelli, representante de la red, dijo a la prensa después de la reunión que “preocupa muchísimo que desde hace más de un año Uruguay tiene un estado de emergencia nacional en violencia basada en género y un Estado absolutamente omiso”.
El estado de emergencia fue declarado en la administración de Tabaré Vázquez y desde ese momento, para Morelli, tanto ese gobierno como este “se ha mantenido perplejo ante el horror y no ha generado ninguna acción acorde a la declaración de emergencia que existe, no hay plan de emergencia, no hay comité de emergencia, no hay llamados a expertos, no existen cambios operativos al más alto nivel en ninguno de los poderes del Estado; el Estado actúa como si la violencia basada en género no existiera”.
Según la activista, la solicitud de reunión con el Ministerio del Interior responde a la “trayectoria” que ha tenido la cartera con el tema y se le solicitó al ministro que tenga “una conducta proactiva y hacer el cambio dentro del Estado proponiendo a las demás carteras y a los poderes Legislativo y Judicial que se involucren con esta emergencia en la que se les va la vida a las mujeres”.
Morelli detalló que han acumulado “muchos reclamos en torno a que el personal policial se negaba a recepcionar denuncias, algo que había sido superado, por eso nos tomamos algún tiempo para solicitar esta entrevista con el ministro, quisimos corroborar muchas de esas denuncias que nos llegaban”. La representante de la red afirmó que se comprobaron esas denuncias: “Estamos teniendo algunos efectivos policiales que están actuando no sólo contra la norma sino contra los instrumentos internos, el procedimiento policial específico que se debe seguir en esta materia, y se niegan a recibir las denuncias o les dicen que se trasladen a otros lugares como unidades especializadas”.
Asimismo, denunció que “no se cumple con los tiempos de comunicación al sistema judicial, una práctica que puede colocar en mayor peligro a la víctima”. Según puntualizó, han accedido a expedientes “en los cuales ni siquiera constan las ampliaciones de denuncia o las denuncias de incumplimientos de medidas ya adoptadas, cuando el sistema policial exige a todos sus funcionarios que esas comunicaciones sean urgentes, inmediatas, asertivas, porque son auxiliares del sistema”.
Sobre este punto en particular, Morelli comentó que tuvieron “muy buena recepción por parte del ministro del Interior”, que se comprometió a “acercar a las dependencias, mediante instrucciones generales, una resolución firme de que deben sí o sí cumplir con la recepción de las denuncias y no incurrir en estos errores”.