En diciembre, una adolescente de 14 años ingresó a la emergencia del hospital de Treinta y Tres una semana después de haber abortado en el marco de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y a las 24 horas murió por una septicemia, es decir, por la presencia de bacterias en la sangre que ocurre a menudo con infecciones graves.
Un mes después, organizaciones feministas denunciaron la situación y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) inició una investigación administrativa que determinó la suspensión preventiva, con la retención de la mitad de sus haberes, a cuatro médicos vinculados a la atención de la adolescente.
La organización Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), una de las principales organizaciones denunciantes, se reunió con ASSE este miércoles para conocer el avance de la investigación. “Solicitamos a ASSE y al Ministerio de Salud Pública que se detecte dónde estuvo el problema”, explicó Lilián Abracinskas a Informe capital. “Sabemos que la adolescente recurrió a los servicios y que pasó todas las etapas en el marco que establece la ley”, dijo en relación al proceso de interrupción voluntaria del embarazo que llevó adelante la adolescente.
La militante feminista planteó “una serie de dudas sobre la intervención”. “En este caso había que indagar si era producto de una violación, también había que ver en las condiciones que iba a hacerse el aborto, si el domicilio en el que iba a hacérselo tenía las condiciones necesarias o si tendría que haberse hecho el aborto en un centro de salud”, señaló. Además, Abracinskas enfatizó en que la adolescente recurrió al hospital porque tenía fiebre y dolores, pero “el ginecólogo demoró 24 horas” en verla.
Para la representante de MYSU, “esto demuestra que no hay pleno acceso a un aborto seguro a pesar de que sea ley” y planteó que ASSE debe investigar “para ver [quiénes son] los responsables del caso” pero también para analizar “las fallas del sistema”.