El número de nacimientos en adolescentes de 15 a 19 años en Uruguay está en descenso desde 2013, de manera ininterrumpida. Sin embargo, los datos de 2019 revelan que, por primera vez desde 2014, hubo un aumento de nacimientos en niñas y adolescentes de menos de 15. El aumento, de 13,4%, preocupa después de un descenso que en esta franja también era sostenido. Ese año, 82 niñas y adolescentes de 14 años o menos tuvieron una hija o un hijo. Los casos habían sido 71 en 2018.
La información fue publicada este mes por Amnistía Internacional en el capítulo ampliado de Uruguay del informe anual sobre la situación de los derechos humanos en 149 países. Se basa en datos del Sistema Informático Perinatal y las Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud Pública (MSP). La organización hizo dos pedidos de acceso a la información pública para incluir también los datos de 2020, un año en el que la tendencia podría haberse acentuado debido a la pandemia, pero la cartera respondió que todavía no estaban procesados porque hubo un cambio en la metodología del registro. Ni siquiera se pudo acceder a los datos preliminares, que generalmente son publicados a comienzos de año.
El análisis de las cifras de 2019 muestra que la mayoría de los nacimientos en niñas y adolescentes menores de 15 años (56 de los 82) se registró en el interior del país. Otro elemento que aparece es que sólo una de cada seis (17%) aseguró que el embarazo fue deseado.
Por otra parte, el grupo de niñas y adolescentes de 14 años o menos es el que registra los niveles más bajos de consultas prenatales: 18,3% realizó menos de cinco consultas, el número mínimo que sugiere el MSP en embarazos no considerados de riesgo. Dentro de ese porcentaje, 2,4% no se realizó ningún control prenatal. Esto “puede estar reflejando detecciones tardías y/o ocultamientos de los embarazos, que no llegan oportunamente a controlarse en los servicios de salud”, puntualiza el informe.
Para la organización, el aumento de los embarazos infantiles “refuerza la idea de lo necesario que es dedicar esfuerzos a seguir de cerca su evolución”. “La realidad de las niñas que viven embarazos y maternidades forzadas en Uruguay aún no ha sido suficientemente visibilizada”, reclama, y advierte que, “en muchos casos, esconde situaciones de violencia estructural”.
En febrero de 2020, se presentó por primera vez un mapa de ruta que contempla la atención específica de niñas y adolescentes de menos de 15 años embarazadas. Profesionales consultadas por la diaria coincidieron en que es un documento que tiene que servir de guía en todos los centros de salud, así como en otros ámbitos institucionales como el educativo. También aseguraron que una de las herramientas fundamentales para la prevención es la educación sexual integral.
La “punta del iceberg”
La literatura que existe sobre el tema apunta a que la gran mayoría de los embarazos infantiles están vinculados con situaciones de vulneración de derechos y violencia sexual. “En general, es el resultado de la ausencia de poder de decisión y de circunstancias que están fuera del control de la niña. Y, en demasiados casos, es el resultado de la violencia y la coacción sexual”, señala Amnistía Internacional en una investigación publicada en 2018, que analiza específicamente el embarazo infantil en Uruguay.
En el trabajo publicado este mes, la organización sugiere que el aumento de embarazos infantiles en 2019 podría estar vinculado a un aumento de situaciones de violencia registradas hacia niñas, niños y adolescentes ese año. Pero es una hipótesis, porque un aumento de las denuncias, por ejemplo, no implica necesariamente que haya más casos.
En cualquier caso, el informe recuerda que 24% de las situaciones en las que intervino el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav) en 2019 fueron por abuso sexual. En 76% de los casos, involucran a niñas o adolescentes mujeres. En base a estos datos, Amnistía Internacional destaca además que 34% de las situaciones de abuso sexual ocurrió sólo una vez, mientras que los episodios recurrentes ascendieron a 66%, “registrándose una vivencia sistemática y extendida en el tiempo cuando fueron detectados por el sistema de protección”.
“Lo complejo del tema de embarazo infantil es que representa la punta del iceberg de un problema mucho más profundo, que en la mayoría de los casos esconde violaciones de derechos humanos graves a las niñas, producto de situaciones de violencia sexual”, aseguró la socióloga y directora ejecutiva de Amnistía Internacional Uruguay, Lucía Pérez Chabaneau, a la diaria. Diferenció las situaciones de “violencia sexual intrafamiliar sistemática”, que “en general esconde la mayoría de los casos de embarazo infantil”, y los casos vinculados a la explotación sexual comercial y la trata, “que pueden o no estar vinculados también a situaciones familiares”.
Contar con los datos de 2020 será fundamental para analizar si el aumento de embarazos infantiles en 2019 fue un pico concreto que se dio ese año o si la tendencia se mantuvo al alza. Las especialistas se inclinan más por la última opción, si se tiene en cuenta el impacto que tuvo la pandemia en distintas áreas.
Un primer indicador puede ser el aumento de denuncias de distintos tipos de violencia basada en género y generaciones. Al respecto, Amnistía Internacional plantea tres datos concretos: la información del Sipiav –que quedó reforzada por el último informe, que reveló un crecimiento de situaciones de violencia en 2020–, los números de la Comisión Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual de la Niñez y la Adolescencia –que muestran que el año pasado hubo 410 denuncias de explotación sexual comercial infantil, 170 más que en 2019– y el aumento de llamadas al servicio de atención a violencia de género del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
“Hay que mirar con lupa en qué medida las situaciones de abuso sexual y de violencia sexual en el ámbito familiar y doméstico de convivencia, que se incrementaron durante 2020, impactaron en términos de embarazos tempranos”, introdujo Alejandra López, psicóloga, docente, doctora en Ciencias Sociales y coordinadora del Núcleo Interdisciplinario sobre Adolescencia, Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos de la Universidad de la República (Udelar), en conversación con la diaria.
Para López, quien es además directora del Instituto de Psicología de la Salud de la Facultad de Psicología (Udelar), podrían incidir otros factores vinculados a la crisis sanitaria. Uno es la desvinculación del sistema educativo. “No lo hemos estudiado todavía, pero sabemos que uno de los factores de riesgo del embarazo en adolescentes es la desvinculación educativa. Es decir, una adolescente que está por fuera del sistema educativo tiene mayores posibilidades de embarazarse que una adolescente que está incluida. Eso está probado a nivel nacional e internacional”, aseguró la profesional. “Sabemos que la pandemia generó una retracción y una afectación muy particular justamente en la enseñanza media, que es a donde acuden gurisas de entre 12 y 16 años, donde hubo mayor desvinculación y mayores dificultades de conectividad para los gurises en sectores de vulnerabilidad social, entonces hay que mirar esto porque seguramente tiene efectos”, advirtió.
Embarazo infantil: Niñas y adolescentes de 14 años o menos. Embarazo adolescente: Adolescentes de 15 a 19 años.
El otro factor tiene que ver con el acceso a los servicios de salud, que pudo verse obstaculizado en el contexto de emergencia sanitaria. “Vamos a tener que ver –y por eso los datos de 2020 son muy importantes– qué pasó con el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes, sabiendo que estos servicios, al igual que toda la atención ‘no covid’, se vieron retraídos durante la pandemia. Esto puede tener efectos en términos de acceso a información, a métodos anticonceptivos o a la interrupción voluntaria del embarazo”, apuntó la especialista. “No me sorprendería que hubiese un aumento de embarazos en niñas, lamentablemente, porque es probable que estos determinantes, que sabemos que son muy importantes, estén incidiendo”, consideró.
Embarazo infantil no es embarazo adolescente
Algunos abordajes incluyen el embarazo en niñas y adolescentes menores de 15 años dentro del paraguas del “embarazo adolescente”. Lo cierto es que, si bien comparten algunas características, el embarazo infantil tiene sus propias especificidades. Distinguirlas es necesario para analizar qué hay detrás de la problemática, pensar políticas públicas para la prevención y trabajar para erradicarla.
Las condiciones de desigualdad socioeconómica y el difícil acceso a servicios de salud, información y educación sexual integral son algunos de los elementos que, según López, comparten las niñas y las adolescentes embarazadas. Sin embargo, en el caso de las menores de 15 años, hay otros factores asociados como el matrimonio infantil, por ejemplo, que en muchos países del mundo “es uno de los determinantes más importantes del embarazo temprano”. Y que, pese a lo que se suele pensar, también existe en Uruguay: según un informe de Unicef publicado en 2019, 25% de las mujeres de entre 20 y 24 años se casaron antes de cumplir la mayoría de edad en nuestro país.
Otro determinante específico, que ya se mencionó en esta nota, es la violencia en el ámbito doméstico y el abuso sexual infantil. En este punto, López aclaró que si bien la violencia es el trasfondo en la gran mayoría de los embarazos infantiles, es importante mirar los datos “con mucha meticulosidad” porque, incluso dentro de la franja etaria de menores de 15 años, hay matices. Lo explicó así: “Es útil ver la incidencia de embarazo por edades simples: cuántas gurisas tienen 14, cuántas 13, cuántas 12, etcétera, porque no es lo mismo, desde el punto de vista del desarrollo evolutivo, biológico, psicológico y social, tener diez años o tener 14. Todas son menores de 15 años, pero el embarazo de una gurisa de diez años es claramente producto de una situación de abuso, violencia y demás, y después tenés gurisas de 14 años que quedan embarazadas en el marco de relaciones sexuales consentidas, pero no protegidas, entre pares”.
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Uruguay habló de “autonomía progresiva”. “Entra a jugar una cosa muy importante que es la capacidad de tomar decisiones y de comprender cabalmente la situación en la que está la niña. No es lo mismo estar embarazada con diez años que con 16. Hay una distancia en ese momento evolutivo de la vida”, explicó Pérez Chabaneau. Y aseguró que el impacto en la salud física y emocional, así como en la trayectoria vital, varía según la edad de esa niña embarazada.
Un abordaje específico
Al estar incluido en la categoría “embarazo adolescente”, el embarazo en niñas y adolescentes de menos de 15 años muchas veces queda invisibilizado. Sin embargo, es un fenómeno distinto que requiere un abordaje específico.
Según López, hasta hace algunos años “los determinantes asociados al embarazo adolescente consideraban al grupo entre 15 y 19 años, que es donde hay una mayor prevalencia de embarazos dentro de la franja de adolescentes”. El embarazo infantil comenzó a ganar visibilidad en la agenda regional “hacia 2016 o 2017”.
El eco llegó a Uruguay, donde empezó a gestarse en 2016 una estrategia nacional e intersectorial de prevención del embarazo no intencional en adolescentes, que por primera vez incluía un mapa de ruta para la atención de menores de 15 años. Ese documento fue presentado bajo el título Mapa de ruta para la atención de niñas y adolescentes menores de 15 años en situación de embarazo en febrero de 2020, unos días antes de que llegara el coronavirus al país, y después de años de trabajo conjunto entre una decena de ministerios e instituciones públicas, la Udelar, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, Unicef y la Organización Panamericana de la Salud.
“Había un número de abortos anuales en menores de 15 y un número de nacidos vivos anuales en menores de 15 que eran la punta de un iceberg que empezaba a mostrar que teníamos un problema a atender”, recordó López, que fue una de las asesoras técnicas en la elaboración de la estrategia, en representación de la Udelar.
El mapa de ruta parte de la concepción de que el embarazo en niñas y adolescentes de 14 años o menos “está vinculado de algún modo a la violencia; tanto de manera inmediata, en los casos en que los embarazos son producto de una violación u otra relación abusiva; como de forma más estructural, múltiple y acumulada en el tiempo, cuando las niñas y adolescentes tienen trayectorias que implican diversas vulneraciones a sus derechos que las sitúan en un contexto de asimetrías de poder o en escenarios de escasas posibilidades de elección autónoma de sus proyectos de vida”.
La estrategia plantea orientaciones para la atención y el acompañamiento en distintos escenarios posibles: ante una sospecha de embarazo de la niña, si no se confirma ni el embarazo ni el abuso sexual, cuando no se confirma el embarazo y se detecta abuso sexual, cuando el embarazo es consecuencia de violencia sexual y cuando es el resultado de relaciones consentidas entre pares. Además, incluye recomendaciones para generar un espacio en el que se pueda discutir de manera informada sobre la decisión de continuar o interrumpir el embarazo. También establece orientaciones para el abordaje de estas situaciones desde la perspectiva psicoemocional.