La diputada del Frente Amplio (FA) Cristina Lustemberg presentó un pedido de informes al Ministerio de Salud Pública (MSP) para conocer los datos de 2020 sobre embarazo infantil y adolescente, que todavía no fueron publicados. La solicitud fue remitida días después de que un informe de Amnistía Internacional Uruguay advirtiera sobre un aumento de embarazos en niñas y adolescentes de menos de 15 años en 2019.
“En mi calidad de diputada, pero especialmente por haber impulsado y desarrollado políticas públicas que atienden esta temática, solicité, a través de un pedido de informe al MSP, las cifras sobre embarazo adolescente y las diferentes medidas que implementará el gobierno”, anunció en las redes sociales Lustemberg, médica pediatra, exsubsecretaria de Salud Pública (2015-2017) y con una larga experiencia en el diseño de políticas públicas vinculadas a infancia y adolescencia.
La legisladora resalta en los fundamentos del pedido que en 2015 el MSP definió 15 objetivos sanitarios nacionales ‒una serie de problemas “críticos” que debían abordarse como prioritarios‒, que incluían en primer lugar la disminución del embarazo no deseado en adolescentes. Para alcanzar esa meta, el plan proponía acciones específicas, como asegurar el acceso a una canasta integral de métodos anticonceptivos y monitorear el correcto cumplimiento de la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE). También planteaba la consolidación e implementación de la estrategia nacional e intersectorial de prevención del embarazo no intencional en adolescentes, que por primera vez introdujo un mapa de ruta específico para la atención de niñas y adolescentes de menos de 15 años embarazadas.
“El embarazo en niñas y adolescentes es una expresión de desigualdad, de segmentación social y de vulneración de derechos humanos de los más graves. En los casos de menores de 15 años se vincula con la violencia y el abuso sexual, y en muchos de los casos de la franja etaria de 15 a 19 es una gran expresión de las relaciones desiguales de género”, aseguró Lustemberg en diálogo con la diaria. Recordó que, en 2015, Uruguay tenía niveles de fecundidad adolescente “muy altos” en relación con el promedio de la región. “La mayoría de estos embarazos no eran planeados y afectaban seriamente todo desempeño a futuro de las niñas y adolescentes, su autonomía y su capacidad de autosustentarse”, explicó. La estrategia intersectorial, tejida en conjunto entre una decena de ministerios e instituciones públicas, la Universidad de la República, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, Unicef y la Organización Panamericana de la Salud, surgió para hacerle frente a ese problema.
Según la diputada, tuvo resultados comprobables, porque se tradujo en un descenso sostenido de los embarazos infantiles y adolescentes desde 2013. Por eso, la noticia de que los nacimientos en niñas y adolescentes de 14 años o menos aumentaron 13,4% en 2019 es algo que “preocupa”, dijo Lustemberg. Contar con los datos de 2020 será fundamental para ver si se trató de un pico concreto o si la tendencia se mantuvo al alza. El impacto de la pandemia en distintas áreas de la vida de mujeres, niñas y adolescentes constituye un mal presagio en ese sentido.
“El pedido de informe está basado en la situación de pandemia, porque estamos en una situación muy grave de coyuntura sanitaria y hay muchos estudios que muestran que la pandemia ha acentuado la desigualdad de género en Uruguay”, señaló la representante frenteamplista. Mencionó, como ejemplo, el último informe del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav), que reveló que las situaciones de violencia contra niñas, niños y adolescentes aumentaron casi 3% en 2020 respecto del año anterior. De ese total de casos, 19% correspondieron a situaciones de abuso sexual.
Lustemberg también aludió a algunas dificultades que ya había en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y que podrían haberse acentuado durante la pandemia, lo cual pudo haber tenido un impacto en los embarazos de niñas y adolescentes. Otro efecto a evaluar será el de la desvinculación educativa. “En las condiciones de pandemia, hay una grave situación de niñas y adolescentes desvinculadas del sistema educativo”, dijo la diputada, y recordó que estudios anteriores de la socióloga uruguaya Carmen Varela “ya mostraban que tres de cada cuatro niñas que estaban embarazadas se habían desvinculado del sistema educativo un año antes del embarazo”.
“Hay que ver la situación actual de esas condiciones estructurales, por eso es importante tener las cifras de 2020; para diagnosticar cuál es el problema estructural que tiene Uruguay vinculado con esas cifras”, afirmó.
En este escenario, “por más que se han tomado algunas acciones, queremos tener conocimiento de qué pasó con el indicador de embarazo adolescente y si se está implementando o no la estrategia intersectorial”. Lustemberg aseguró que, al principio de la gestión, representantes del FA mantuvieron reuniones con las autoridades actuales del MSP para hablar, entre otras cosas, de la atención a la salud de la infancia y la adolescencia, pero que unos días después llegó el coronavirus a Uruguay y no hubo “retorno”.
El documento remitido al MSP solicita indicadores y valores del embarazo en niñas y adolescentes de entre diez y 19 años durante 2020 ‒discriminados por departamento y prestador de salud‒, datos correspondientes a la tasa específica de fecundidad adolescente y el número de nacimientos que se registraron en niñas de entre diez y 14 años, por un lado, y de 15 a 19, por otro. Al mismo tiempo, pide que se den a conocer cuántos procedimientos de IVE se realizaron en el correr del año pasado a niñas y adolescentes, igualmente dividido en las franjas de diez a 14 años y de 15 a 19 años.
“Queremos hacer el seguimiento para ver que los derechos de salud sexual y reproductiva y los derechos de la infancia y la adolescencia sigan siendo prioridad en el diseño de la política pública”, afirmó la legisladora. Consultada sobre la demora en la publicación de los datos, que generalmente se difunden en los primeros meses del año, dijo que si bien “se entiende que estamos en el marco de una pandemia”, es “llamativa”.
Seguir los pasos de la estrategia
Además de los datos del año pasado, Lustemberg solicita información de las medidas que impulsa el actual gobierno para fortalecer el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes, mejorar la atención integral de aquellas que cursan embarazos no intencionales y trabajar en su prevención, algunas de las metas que plantea la estrategia intersectorial.
Pide ahondar en las acciones implementadas para abordar otras cuestiones contempladas en la estrategia, como cuál es la atención específica que se brinda a las embarazadas adolescentes en los prestadores de salud o qué apoyo se da a adolescentes que deciden desarrollar proyectos de maternidad y paternidad temprana, para que esta condición no derive en situaciones de exclusión y vulnerabilidad.
“¿Qué acciones se han implementado para contribuir a la erradicación de la violencia de género hacia las y los adolescentes, desde la prevención, detección y asistencia oportuna en violencia doméstica y violencia sexual, y brindar asistencia oportuna hacia adolescentes madres y padres?”, plantea el pedido de informes. ¿Y para “fortalecer la coordinación territorial intersectorial e interinstitucional para abordar el embarazo en la adolescencia”?
La diputada hace hincapié además en la necesidad de asegurar el acceso a una canasta amplia de métodos anticonceptivos que incluya preservativos, dispositivos intrauterinos (DIU), anticonceptivos orales, pastillas del “día después” e implantes subdérmicos, entre otros. Y pregunta en particular qué acciones se han tomado para incluir, justamente, el implante subdérmico en el Plan Integral de Atención en Salud, como recomienda la mencionada estrategia.
Por último, en el documento se le pide al MSP el detalle de qué procesos de formación y capacitación de los equipos técnicos se instauraron en las distintas instituciones –públicas y privadas- para que incorporen “una mirada transversal de derechos, género y adolescencia en el trabajo en sexualidad, prevención del embarazo no intencional y parentalidades adolescentes”.
“Desde el ámbito legislativo sabemos que le vamos a dar seguimiento a todo lo que tiene que ver con el embarazo adolescente, las políticas de salud sexual y reproductiva y el acceso a los servicios”, aseguró Lustemberg, y agregó: “Es un tema que requiere una prioridad política de alto nivel, que tenga una mirada de derechos, que esté basada en investigación y que incorpore a los varones”.