El Consejo de Ministros de España aprobó este martes un “Catálogo de medidas urgentes” que busca fortalecer la respuesta a las situaciones de violencia machista en distintos ámbitos como seguridad, salud, servicios sociales y el sistema judicial. El plan contiene 15 acciones para mejorar los mecanismos de prevención, reforzar la atención a las víctimas en riesgo –hayan hecho o no la denuncia– y mejorar en general la actuación de las instituciones públicas frente a estos casos. Surgió de un acuerdo entre los ministerios de Igualdad, Interior, Derechos Sociales y Agenda 2030, Justicia y Salud.
“La violencia machista la paramos unidas”, aseguró la ministra de Igualdad, Irene Montero, tras la aprobación. “Por ello, todas estas medidas necesitan de la implicación de forma directa de toda la sociedad, pudiendo actuar ante cualquier indicio de alguna amiga, compañera de trabajo o conocida. Nos queremos vivas”, sentenció en Twitter.
El paquete de acciones llega en un contexto de aumento de los femicidios en el país, que coincide con el fin del “estado de alarma” por la pandemia, declarado el 9 de mayo. Según los datos publicados en el portal estadístico del Ministerio de Igualdad, sólo en mayo y junio hubo 16 femicidios en España, frente a nueve casos ocurridos durante los otros cuatro meses del año.
Entre la quincena de medidas aprobadas, está incluida la elaboración de un instrumento “validado y estandarizado” para facilitar la detección temprana de la violencia de género en los servicios de atención primaria del Sistema Nacional de Salud, según establece el documento. Al mismo tiempo, el plan prevé instancias de formación específica en “la detección precoz, manejo de indicadores de sospecha, valoración del riesgo y desarrollo de destrezas para la entrevista de los equipos profesionales” de atención primaria y hospitalaria, así como de la red de centros de servicios sociales, el ámbito educativo y el laboral.
El plan prevé instancias de capacitación y sensibilización en violencia de género para cualquier equipo profesional que tenga contacto con víctimas, así como con sus hijas e hijos. En el caso de las funcionarias y funcionarios que integren la Policía y trabajen con estas situaciones, la formación será en formato de “curso reglado, certificado y obligatorio”. Por otra parte, la estrategia propone que se incluya en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género –la herramienta del Ministerio del Interior para seguimiento y evaluación de riesgo de las situaciones– la información que manejan los servicios sociales y especializados, a los que muchas veces acuden mujeres que no hicieron una denuncia.
En la misma línea, establece la mejora de la línea telefónica estatal de atención a víctimas de violencia de género (conocida como “Atenpro”), ampliando las posibilidades actuales de alta sin necesidad de realizar la denuncia en el servicio. Y crea por primera vez un plan que contemple los derechos de las niñas y niños “como víctimas directas de la violencia de género” que atraviesan sus madres, que estará dirigido al sector judicial, de familia, servicios sociales y servicios especializados en violencia.
Además, el catálogo plantea la creación de una “ventanilla única” en el ámbito de los servicios sociales que centralice la intervención y el asesoramiento a las víctimas y que garantice el acceso a sus derechos. Esto incluye el derecho a la reparación y el acompañamiento a familiares de mujeres asesinadas –“pensiones y prestaciones de orfandad, apoyo psicológico preferente, becas, duelos”– y “la canalización de las demandas de las víctimas y supervivientes de violencia de género a las ayudas económicas, de vivienda y en relación a sus derechos laborales”.
En materia de comunicación, las medidas propuestas tienen que ver con la elaboración y difusión de campañas de sensibilización, y la promoción de un “adecuado tratamiento” de la información sobre el tema en los medios.
El catálogo constituye la primera fase del llamado “Plan de Mejora y Modernización contra la Violencia de Género”, anunciado hace unos meses por la ministra Montero para atacar las fallas del sistema que derivan en los femicidios y hacer frente a todas las aristas de la problemática.